La Confederación General del Trabajo (CGT) ha hecho pública la preocupación que genera la falta de protección que se mantiene en centros de trabajo altamente masificados, como los de telemarketing, tras la lectura del Real Decreto que declara el estado de alarma en España por el Covid-19.
Según la CGT, en los centros de trabajo de este sector (Contact Center) se está produciendo una grave situación, ya que las empresas obligan a ir a trabajar a decenas de miles de personas para cumplir servicios no esenciales, que en el pasado nunca han sido decretados como servicios mínimos y que, en esta ocasión, son fundamentales para las multinacionales que los tienen subcontratados.
Grandes empresas como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Vodafone, Más Móvil, Orange, Bankinter, Sabadell, CaixaBank, Leroy Merlin, Mapfre, Mutua Madrileña, Naturgy, Iberdrola y Endesa, entre otras, ofrecen teletrabajo y permisos retribuidos a sus propios empleados y empleadas, pero muchos de ellos prohíben a sus subcontratas dejar de prestar servicio temporalmente por motivos sanitarios.
Agravando la situación, estas subcontratas, entre las que destacan grandes empresas proveedoras de telemarketing, que facturan centenares de millones de euros como Konecta, Atento, Mayorel, Digitex, Transcom, Unísono, GSS o Sitel, se han negado a tratar esta situación en los términos recogidos en la normativa sobre salud laboral como un riesgo grave o inminente.
En estos centros de trabajo, las personas trabajan a menor distancia que la recomendada por el Ministerio de Sanidad, y las aglomeraciones exponen a los trabajadores y trabajadoras a contagios masivos. Sin embargo, según las empresas, éstas son situaciones que no se pueden evitar y exigen a las personas que sigan acudiendo a su puesto de trabajo.
CGT, para monitorizar la situación, lleva días exigiendo a las empresas la máxima información sobre los riesgos que se están produciendo. En Madrid, lugar donde esta pandemia está más extendida y donde se concentran la mitad de las empresas del sector, hay casos diagnosticados de coronavirus en multitud de centros de trabajo y, en prácticamente todos, existen personas en cuarentena a las que desde hace días la sanidad pública no hace la prueba diagnóstica por la saturación de los servicios sanitarios.
CGT avisa de que los casos se multiplican exponencialmente y que «ya están llegando al resto de CCAA, pero la codicia de las empresas de telemarketing se hace patente cada día que pasa».
Las empresas se están negando, en todos estos casos, a reconocer el peligro de contagio inminente e inevitable, contando con la complicidad de sus servicios de prevención, que están haciendo dejación de funciones y se están negando a interrumpir la actividad y dejar que las personas abandonen de inmediato los centros de trabajo.
CGT informa de que están pidiendo unidad a las organizaciones sindicales a través de sus delegadas y delegados, para actuar en centros masificados, con riesgos constantes, en los que la actividad no está paralizada.
Sustenta esta petición en que el Gobierno, que conoce la situación, podría haber obligado a que las empresas de telemarketing justificaran el estricto cumplimiento de los artículos 14 y 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
También podría haber obligado a las empresas con este tipo de aglomeraciones de personas trabajadoras a justificar, ante la autoridad laboral, el carácter esencial de sus obras y servicios.
Y advierte de que el Gobierno, en caso de no actuar de forma inmediata, se situaría del lado de los intereses de las empresas del IBEX 35 y de sus subcontratas, en lugar de proteger a los más desfavorecidos, es este caso el personal subcontratado, feminizado y altamente precario.
CGT ha puesto el asunto en conocimiento del Ministerio de Trabajo y de la Inspección de trabajo, para que el Gobierno solucione de inmediato este problema, dada la falta de reacción de las empresas, porque «nos va la salud en ello a todas las personas de este país».
