Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes de finales de julio, la agenda institucional en Ceuta se mueve en dos planos que empiezan a solaparse: la respuesta económica y sanitaria a la crisis y la batalla judicial y parlamentaria entre el Gobierno y el Partido Popular por las comparecencias en el Senado. A esto se suma el anuncio, todavía por concretar, de un plan de recuperación económica para la ciudad autónoma.
Acciones institucionales
En Ceuta, los migrantes que permanecen en la ciudad —varios miles, según las últimas cifras oficiales— continúan concentrados en la playa del Trampolín pese a los intentos de las autoridades de desalojar la zona. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, mantiene su ronda de reuniones con vecinos y representantes de la sociedad civil mientras la red de acogida, pensada para una ciudad de poco más de ochenta mil habitantes, sigue por encima de su capacidad.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inicia mañana lunes unas jornadas de trabajo en Ceuta con el gobierno de la ciudad autónoma, asociaciones empresariales, agentes sociales y empresas. Según el programa de prensa distribuido por su departamento, el objetivo es «profundizar en el apoyo a Ceuta, no sólo desde la perspectiva humanitaria y de seguridad, sino también económica».
El encuentro se enmarca en un plan de recuperación todavía sin cuantía definitiva que baraja el Ejecutivo, con una primera estimación de quince millones de euros para reactivar el comercio mediante rebajas fiscales, reducciones de cotizaciones y ayudas directas, además de un plan específico para el turismo y apoyo a proyectos como el del uso de agua desalada en la ciudad.
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha convocado para el lunes una reunión telemática de la Comisión de Salud Pública con las comunidades autónomas para activar el mecanismo de solidaridad interterritorial de envío de vacunas a Ceuta, entre ellas la triple vírica y dosis contra la varicela, la poliomielitis, el tétanos y la difteria. En paralelo, una delegación encabezada por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se desplazará próximamente a la ciudad para valorar sobre el terreno el impacto en el Hospital Universitario y en Atención Primaria. La ministra García deberá comparecer el jueves en una sesión extraordinaria del Congreso para explicar la gestión sanitaria de la crisis.
En el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska afronta dos frentes:
Por un lado, el Tribunal Supremo denegó el sábado la medida cautelarísima que pedía el Partido Popular para forzar su comparecencia, junto con las de los titulares de Exteriores y Defensa, en el Senado antes de que acabe agosto; el recurso seguirá ahora la vía ordinaria.
Por otro, distintas fuentes sindicales han denunciado que los agentes desplegados en Ceuta reciben 77 euros diarios en concepto de dietas y alojamiento, una cifra que consideran insuficiente, mientras la Asociación Unificada de Guardias Civiles confirmó esta semana el primer caso de sarna entre los efectivos del cuerpo. El departamento mantiene el refuerzo permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ya suman 1659 agentes en la ciudad.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado también casos de sarna entre el personal desplegado y ha señalado que se trata de una infección «común en zonas de elevada humedad», asegurando que ya se han adoptado medidas de higienización y tratamiento.
Su departamento estudia además convertir en permanente la barrera flotante instalada tras la entrada masiva, pensada de momento como una solución temporal, de cara a los meses de otoño e invierno. Robles comparecerá la semana próxima en el Congreso, la primera de varios ministros convocados por este asunto.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con Félix Bolaños al frente, ha reforzado la capacidad operativa del Instituto de Medicina Legal en Ceuta y prepara más efectivos para los tribunales, la Fiscalía y el turno de oficio ante el elevado volumen de expedientes de expulsión y de solicitudes de asilo acumulados desde finales de julio.
El Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, tiene previsto aprobar el martes, en el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, un fondo de veinticinco millones de euros para la atención de los menores migrantes, parte del cual se destinaría a financiar el traslado a la península de unos quinientos menores no acompañados, una medida que el Partido Popular rechaza por ahora. Se trata, conviene subrayarlo, de una previsión todavía no ejecutada.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con Ángel Víctor Torres como coordinador designado de la respuesta del Gobierno central a la crisis, no ha comunicado nuevas actuaciones verificables en las últimas veinticuatro horas más allá de su papel de coordinación, que sí ha generado reacciones políticas (ver más abajo).
Oenegés
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) mantiene la posición fijada en su comunicado «Garantizar derechos en Ceuta», en el que pide al Gobierno que agilice su respuesta, garantice la identificación individualizada de cada persona y el acceso al procedimiento de asilo; y acelere los traslados a la península para descongestionar la ciudad autónoma. La organización insiste en que la devolución sistemática a Marruecos, país que no considera seguro, «socava» el derecho de asilo, y reclama evitar los discursos de odio en el debate público sobre la crisis. No se ha registrado un pronunciamiento nuevo de la organización en las últimas veinticuatro horas.
Debate político
La denegación por parte del Supremo de la cautelarísima del PP ha reabierto el pulso parlamentario por el mes de agosto. Los populares sostienen que la negativa de Marlaska, Albares y Robles a comparecer en el Senado equivale a una «maniobra obstruccionista», mientras que la Sala de Vacaciones ha considerado que no existe la «especial urgencia» necesaria para resolver sin escuchar antes al Gobierno, y ha remitido el asunto a la vía ordinaria.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido además a Pedro Sánchez que autorice al Rey a viajar a Ceuta, lo que ha llevado al PSOE a acusarle de «haber llevado al PP a la extrema derecha».
En paralelo, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha acusado a Feijóo de convertirse en el «alimentador mayor de bulos» del país. En clave autonómica, el consejero madrileño Mariano de Paco (PP) ha calificado de «parche» la designación de Ángel Víctor Torres como coordinador de la respuesta gubernamental a la crisis.
Prensa oficialista marroquí
No se ha localizado cobertura verificada sobre Ceuta en los medios marroquíes de seguimiento habitual de este Observatorio —MAP, Le360, H24info y Hespress— correspondiente a las jornadas del veintidós y el veintitrés de agosto.
El conjunto de la jornada confirma que la crisis de Ceuta ha entrado en una fase de gestión más administrativa que de emergencia inmediata, con la vista puesta ahora en el primer Consejo de Ministros tras el verano y en la resolución, por la vía ordinaria, del pulso entre el Gobierno y el PP sobre las comparecencias parlamentarias.
