Los servicios jurídicos de CEDRO han presentado una demanda contra Google por el impago de, al menos, 1,1 millones de euros en concepto de derechos de autor, cantidad devengada por la agregación de contenidos que lleva a cabo la empresa tecnológica a través de su servicio Google Discover.
La demanda, presentada el 10 de noviembre 2020 ante los juzgados mercantiles de Madrid, reclama el abono de los derechos de propiedad intelectual derivados de la agregación, por parte de Google Discover, de fragmentos de noticias de diferentes ediciones digitales de periódicos y de otras publicaciones. Estos derechos están siendo pagados por servicios de agregación competidores como Upday o los desarrollados por empresas como Squid y Huawei.
El importe requerido en este procedimiento judicial es una estimación de la deuda de Google, puesto que para conocer la cantidad real adeudada por este agregador es necesario que esta empresa facilite los datos efectivos de uso de contenidos, lo que podría llevar a reclamar más de catorce millones de euros.
Antes de acudir a los juzgados, desde CEDRO, en nombre de los afectados, entre ellos, editores de periódicos y revistas, ya se había reclamado en reiteradas ocasiones a Google el pago de derechos de autor por la agregación de contenidos que efectúa Google Discover desde su lanzamiento a finales de 2016.
El artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual regula un límite a los derechos de autor en favor de las empresas que efectúan agregación de contenidos. Esta disposición establece que estas compañías no necesitan autorización de los titulares de derechos para desarrollar esta actividad, en el caso de que cumplan los requisitos establecidos en este artículo. Sin embargo, deben abonarles una compensación que se hará efectiva a través de la entidad de gestión correspondiente, en este caso, CEDRO.
La seguridad jurídica que brinda esta regulación a las empresas que desarrollan su negocio a través de la agregación de contenidos proporciona, a su vez, transparencia y equilibrio en el sistema y una compensación justa para los titulares de derechos.
Este proceso se une a otros similares instados por los titulares de derechos en países como Francia, Australia y Estados Unidos.
