CEAR critica que no se hable de refugiados en las elecciones municipales y autonómicas

Las autoridades autonómicas y municipales tienen un papel fundamental para garantizar el acceso de las personas refugiadas y migrantes a derechos como el empadronamiento, la sanidad o la vivienda, señala la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que asegura no haber escuchado alguna propuesta electoral para mejorar su protección o garantizar sus derechos.

Y hacen falta medidas, sostiene CEAR, y por eso hace apuntes de lo que se tendría que hablar, como que las personas migrantes y refugiadas afrontan meses y meses de incertidumbre y espera para conseguir una tarjeta sanitaria o un documento que le garantice su derecho a la atención sanitaria, en muchos casos por las dificultades para empadronarse, que ocasiona también que niñas y niños refugiados no puedan escolarizarse. 

Recuerdan que la creciente inestabilidad que se vive a nivel mundial por violencias, conflictos, persecuciones, el impacto del cambio climático y las vulneraciones de derechos humanos, entre otras razones, han causado un aumento de las solicitudes de protección internacional, también en España.

Indican que durante la emergencia humanitaria provocada por la invasión de Ucrania se pusieron en marcha muchas iniciativas interesantes desde entidades locales que pueden tomarse como ejemplo a seguir, como la apertura del sistema de «ventanilla única» que puso en marcha la Comunidad de Madrid, donde se podía recibir toda la información y la tramitación relativa al acceso de sus derechos sociales básicos como empadronamiento, asistencia sanitaria, escolarización, abono transporte, etc.

En total, CEAR ha identificado 29 medidas que mejorarían sustancialmente la protección y el acceso a derechos de las personas que buscan protección en España de cara a las Elecciones Autonómicas y Municipales, que se celebran el próximo 28 de mayo:

1. Facilitar y agilizar los trámites de acceso al empadronamiento en los supuestos en los que las personas aún no han logrado manifestar la voluntad de formalizar su solicitud de protección internacional o en aquellos casos en los que la misma haya sido denegada. También es fundamental la elaboración y aplicación de protocolos de actuación para el acceso al empadronamiento en casos especiales como los de
   aquellas personas que no puedan acreditar la vivienda en la que habitan o no tengan domicilio fijo.
2. Poner en marcha campañas y guías informativas en varios idiomas que faciliten el cumplimiento de la obligación legal de empadronar a todas las personas. Estas campañas y guías irán dirigidas a personal de la administración pública, a la ciudadanía en general y en particular a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
3. Impulsar la tarjeta de vecindad, que ha sido identificada como buena práctica en los municipios en los que está siendo implementada. Se trata de un documento que pueden solicitar los vecinos y vecinas en situación administrativa irregular con el objetivo de acreditar su arraigo en la ciudad. Este documento resulta de gran utilidad en el marco de procedimientos de internamiento y/o expulsión u otros.
4. Promover servicios de información, orientación y asesoramiento específicos para personas migrantes y refugiadas recién llegadas a los municipios y comunidades autónomas.
5. Poner en marcha programas formativos en materia de derechos humanos, migración, asilo e igualdad de trato y no discriminación dirigidos a profesionales de la administración pública incluidos aquellos que trabajan en atención al público en oficinas autonómicas y locales como el impulsado en Navarra. Estos servicios deben trabajar de forma transversal y específica los principales obstáculos que enfrentan las personas solicitantes de asilo y refugiadas en el acceso a los servicios o recursos.
   Se prestará especial atención a cuestiones como el acceso al empadronamiento, los documentos identificativos de las personas solicitantes de protección internacional, el impulso de medidas para la identificación y derivación de incidentes discriminatorios y el acceso a derechos y recursos básicos asociados al uso de servicios municipales y autonómicos.
6. Impulsar espacios de coordinación entre las administraciones públicas locales y autonómicas y las organizaciones sociales especializadas para trabajar la acogida de personas que han participado en el Programa de Acogida e Inclusión Estatal desde un enfoque de derechos que incluya la participación de las propias personas migrantes y refugiadas.
7. Facilitar la coordinación de Servicios Sociales con las organizaciones que trabajan en el ámbito de protección internacional para dar continuidad al itinerario seguido dentro del Sistema de Asilo garantizando rentas básicas gestionadas por las Comunidades Autónomas.
8. Facilitar a nivel autonómico y local plazas de acogida para el sistema de Protección Internacional prestando especial atención a situaciones de emergencia. Al mismo tiempo, es fundamental la puesta en marcha de programas de transición locales, como los existentes en Navarra y Málaga en los que las personas puedan tener las necesidades básicas cubiertas hasta que encuentren una solución estable y duradera. Para todo ello, es necesario identificar y determinar un porcentaje de plazas residenciales en recursos especializados, centros de día y centros ocupacionales para personas solicitantes de protección internacional, y personas migrantes en situación de vulnerabilidad, con necesidades específicas. También es necesario eliminar el requisito de tiempo mínimo de estancia en España para que las personas solicitantes de protección internacional puedan acceder a estos recursos en las mismas condiciones que el resto de personas en la misma situación.
9. Eliminar las dificultades de acceso al sistema público sanitario para las personas solicitantes de protección internacional, refugiadas y migrantes, independientemente de su situación administrativa. Entre otras cuestiones es fundamental garantizar el acceso y uso por parte del personal sanitario de los servicios de traducción e interpretación, la derivación a servicios especializados, el refuerzo de recursos de salud mental, facilitar el acceso a la salud a las personas solicitantes de asilo con discapacidad y migrantes y garantizar la continuidad en la atención médica durante los periodos de renovación de documentación, que pueden llegar a alargarse meses.
10. Impulsar la creación de una tarjeta sanitaria común para personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes simplificaría la gestión y eliminaría las trabas generadas por las múltiples modalidades de tarjetas sanitarias que las personas solicitantes de asilo, refugiadas o migrantes tienen actualmente en función de su situación administrativa y de cada Comunidad Autónoma.
11. Promover y facilitar el acceso a recursos de salud mental de personas migrantes, solicitantes y beneficiarias de protección internacional, considerando las barreras idiomáticas y un enfoque transcultural en la atención.
12. Elaborar políticas e implementar medidas que faciliten el acceso a la vivienda de las personas solicitantes de protección internacional, refugiadas y migrantes que estén fuera de los dispositivos de acogida. Entre otras medidas debe contemplarse la ampliación del parque de vivienda social, los seguros de impago del alquiler y la puesta en marcha de incentivos dirigidos a las personas propietarias de una vivienda que incluyan beneficios fiscales a particulares que alquilen a personas en situación de vulnerabilidad incluidas las solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y migrantes.
13. Eliminar barreras administrativas para el acceso al mercado de la vivienda y a vivienda social por parte de las personas solicitantes de protección internacional, refugiadas y migrantes e impulsar un sistema de provisión de viviendas ágil y de vivienda pública, similar al de otros países de nuestro entorno, como ‘llave’ para garantizar la verdadera inclusión. Las personas solicitantes de protección, refugiadas y migrantes quedan prácticamente excluidas del parque de vivienda pública por los requisitos propios del sistema de asignación, tales como el tiempo de empadronamiento, tiempo de residencia legal (mientras son solicitantes de protección internacional no son contemplados como «residencia legal» y por tanto no se cuenta como tiempo de estancia en país).
    Además, en la mayoría de los casos, existen muchas dificultades para presentar documentación de país de origen, como documentos de filiación de la unidad familiar o sentencias de divorcio. Se exige documentos que la mayoría de las personas refugiadas no disponen y cuya obtención supondría ponerse en contacto con las personas o entidades que les persiguen o que han de ser traducidos. Uno de los colectivos más afectados son las mujeres supervivientes de violencia de género que han huido por este motivo de sus países.
14. Impulsar a nivel autonómico una respuesta al mantenimiento de las viviendas a las personas que salen del Sistema. A través del Fondo Social Europeo se ha dado cobertura a través de ayudas de emergencia a familias en situación de vulnerabilidad derivadas por el COVID, no obstante, desde las Comunidades Autónomas hay competencia para poder destinar dichos fondos a situaciones de emergencia como las
    de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional que salen del Sistema.
15. Facilitar el acceso a la formación y promover acciones formativas dirigidas a personas en situación administrativa irregular. Se deben incluir en estas acciones tanto formación para el aprendizaje del idioma castellano y otras lenguas cooficiales como formación para el empleo. Contemplar, además, la intervención social en el marco de estas acciones.
16. Estudiar y promover planes de empleo que posibiliten la regularización de personas migrantes y denegadas de protección internacional que posibilite la integración y la regularización de personas migrantes y denegadas de protección internacional a través de las figuras del arraigo.
17. Promover servicios de información, asesoramiento y acompañamiento en procesos de homologación de títulos y acreditación profesional, así como estudiar las fórmulas existentes que permitan recuperar el currículo oculto de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
18. Promover cursos de formación que favorezcan la inclusión laboral en sectores de actividad menos precarizados, adaptando estos programas formativos a la situación de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas (niveles educativos, horario, conciliación familiar etc.) y facilitar al mismo tiempo la concesión de becas para formación. Es importante prestar especial atención a las personas que salen del Sistema de Protección y en aquellas que iniciaron formación con ayudas dentro del Sistema y finalizan itinerario sin haber terminado la formación.
19. Eliminar barreras administrativas que retrasan la escolarización de los niños y niñas solicitantes de protección internacional, refugiadas y migrantes y garantizar el acceso a las plazas de enseñanza pública. También es importante fomentar la participación de las autoridades autonómicas y locales en los planes de acceso a la educación de personas solicitantes de protección internacional, refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad social.
20. Adaptar aulas de enlace a nivel lingüístico para responder adecuadamente a la llegada de alumnos de origen diverso durante el curso escolar e incluir en el currículo escolar y en la formación del profesorado, contenidos relacionados con migraciones y asilo, refugio e interculturalidad como elemento clave en diferentes áreas de conocimiento. Esta adaptación, formación y contenidos podrán promoverse a través del contacto directo y coordinado entre los centros educativos y las organizaciones especializadas que trabajan con y acogen a estas personas.
21. Asegurar que los servicios de protección de menores dependientes de las comunidades autónomas faciliten el acceso al procedimiento de asilo de las niñas y niños no acompañados. Debe asegurarse la derivación a entidades especializadas en materia de asilo y la formación continua de todos los agentes involucrados en el sistema de protección de menores, garantizando así el interés superior de los niños y niñas.
22. Garantizar la coordinación de las entidades públicas de protección de niños y niñas de las Comunidades Autónomas con fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y las secciones de menores de las fiscalías provinciales estableciendo que toda la información disponible sobre la filiación de estos menores y los indicadores de riesgos que se hubieran detectado sea compartida entre los actores involucrados. Además, crear espacios de apoyo y orientación para los jóvenes migrantes que cumplen la mayoría de edad.
23. Mejorar la detección de las víctimas de trata de seres humanos mediante una mayor implicación de todos los agentes y autoridades públicas a nivel municipal y autonómico. Es necesario abordar cualquier acción en materia de trata de personas partiendo de un enfoque de derechos humanos, centrado en la víctima y que respete las especificidades de género.
24. Mejorar la atención a mujeres supervivientes de la violencia machista desde un enfoque de no re victimización con independencia de donde se ha producido el ejercicio de la violencia: país de origen, tránsito o destino. Para ello, es necesario una mejor coordinación entre administraciones estatales, autonómicas y locales para evitar que la persona tenga que contar repetidamente su historia y evitar las consecuencias negativas derivadas de ello.
25. Mejorar la atención a personas LGTBIQ+ migrantes y solicitantes o beneficiarias de Protección internacional o temporal desde un enfoque de no re victimización con independencia de que la discriminación y violencia vivida se haya producido en país de origen o en la sociedad de acogida o en el tránsito migratorio. Para ello, es necesario fomentar la implementación de programas específicos en las entidades especializadas, así como garantizar los procesos de transición de género.
26. Facilitar y garantizar el acceso de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas a la valoración, a los servicios y a las prestaciones establecidos para las personas dependientes.
27. Impulsar políticas de convivencia y lucha contra la discriminación a nivel autonómico y municipal, desde un enfoque comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía, que incluyan una estrategia de sensibilización y lucha ante actitudes y discursos xenófobos y racistas, noticias falsas y bulos en medios y plataformas online.
28. Poner en marcha las acciones necesarias para que las entidades bancarias cumplan la normativa vigente en materia de acceso y mantenimiento de cuentas de pago básicas dirigidas a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en situación de vulnerabilidad económica.
29. Fomentar la participación y el asociacionismo de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes en los procesos electorales, las políticas públicas y el movimiento asociativo (vecinal, sindical, etc.).