La presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el ejecutivo autonómico va a proceder a «una revisión pormenorizada urgente de todos los libros de texto» y va a «solicitar la retirada de aquellos textos que contengan material sectario».

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, ha recordado a Isabel Díaz Ayuso que la supervisión de los libros de texto escolares no corresponde a los responsables políticos: «En nuestro ordenamiento jurídico no cabe supervisión de los libros de texto o de los materiales curricular ejercida por los responsables políticos. Es una tarea de la Inspección, que además se debe situar en el marco de las decisiones del claustro de profesores en virtud de su autonomía pedagógica como conjunto y de la libertad de cátedra individual».

Y advierte que con esta decisión de Díaz Ayuso «el Gobierno del PP va contra el Real Decreto 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricular correspondientes a las enseñanzas de Régimen General, aprobado por el Gobierno de Aznar, que eliminó la supervisión de ese material por el Ministerio de Educación y atribuyó esa competencia a la Inspección educativa».

Pendiente resbaladiza

La responsable sindical de Enseñanza indica que la actuación de las editoriales de libros de texto o del profesorado que elabora sus propios materiales no está sometida ni a censura ni a autorización previa: «Ayuso quiere retroceder décadas, cuando no siglos. Recurre a estas batallas culturales para tapar su negligente inacción y dejadez en los problemas que realmente afectan a la educación madrileña».

Además, critica que Ayuso, «además de pisar las competencias del profesorado e instrumentalizar a la Inspección con fines políticos, está caminando en una dirección muy peligrosa. La censura es una pendiente resbaladiza y suele ser uno de los primeros pasos que los gobiernos dan en su camino hacia el autoritarismo. La censura de libros en España va inevitablemente asociada a la historia de la Inquisición y del franquismo. Se trata de una política cultural que niega la diferencia y busca la imposición de un pensamiento único. Es lo contrario a la educación: es la muerte del pensamiento. Hay que pararles los pies como sea, porque ya hemos visto dónde desemboca la censura cultural, la historia lo deja claro».

Y concluye que «el Gobierno de Díaz Ayuso, que tanto presume de defender la libertad, pretende censurar los libros de textos y limitar la libertad de cátedra consagrada por la Constitución, además de instrumentalizar a la inspección educativa con fines políticos».

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