La presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció que este curso 2022-2023 los centros educativos contarían con 1266 profesores y profesoras más que el curso pasado, pero las cifras contradicen tanto los datos de las asignaciones hechas el pasado julio, como la propia realidad en los centros educativos, así como el presupuesto aprobado por la Asamblea de Madrid, indica la secretaria general Enseñanza CCOO Madrid, Isabel Galvín.
Según los datos que maneja CCOO, las asignaciones provisionales de julio se enfrentaban a un déficit de 2481 docentes, y ahora que ya han tenido lugar las asignaciones extraordinarias, van a empezar el curso con la cifra final de 1900 docentes menos que el curso pasado.
A estos 1900 docentes menos habría que sumar los llamamientos para sustituciones, que estaban previstos para el día 7 de septiembre, pero todavía no se han iniciado. Las sustituciones de bajas, jubilaciones o permisos laborales no se están cubriendo, llegando a faltar una media de dos a tres docentes por centro, lo cual supondría la ausencia de mil docentes más que no estarán presentes en los primeros días de curso.
Es importante, por lo tanto, entender que el curso está empezando en Secundaria y Bachillerato con 2900 docentes menos que el curso pasado, al menos en estas primeras semanas.
Conviene recordar que el presupuesto que no se ha invertido en esa contratación de profesorado, estimado en unos 45 millones de euros, es la misma cantidad de fondos públicos que Díaz Ayuso ha regalado a la enseñanza privada en forma de «cheques».
Masificación de las aulas en Secundaria y Bachillerato
Los centros han tenido que preparar las clases siendo conscientes de este recorte, obligados a un reajuste que ha hecho el comienzo de curso muy difícil. Se han tenido que eliminar la mayoría de los desdobles, lo cual afectará tremendamente las tareas de refuerzo educativo, y el recorte de plantilla contribuirá aún más a la masificación de las aulas madrileñas.
En estas condiciones, la bajada de ratio que prometió Díaz Ayuso, y de la que ha vuelto a presumir hace unos días llegando a celebrar las supuestas ratios de dieciocho alumnos por aula, son absolutamente imposibles. Hay muchos institutos que superan la ratio marcada por la ley, donde los alumnos por aula llegan a los 33, en algunos casos a 37.
Los años de pandemia demostraron que la bajada de la ratio mejoró los resultados académicos y la convivencia, y es una de las pocas medidas de absoluto consenso entre la comunidad educativa: «la Consejería de Educación tiene que escuchar a los docentes y las familias, y caminar en la dirección de la bajada de ratios, que solo es posible con un aumento de la inversión en plantilla e infraestructuras», señala Isabel Galvín.
Funciones extra sin reducción horaria ni remuneración
La figura de coordinador de Bienestar de la Infancia es de especial importancia en institutos, donde en el último curso se abrieron en torno a seiscientos incidentes relacionados con ideación suicida, trastornos de la alimentación, depresión o el acoso.
«Es una irresponsabilidad absoluta que la Consejería no haya contratado a perfiles específicos, como es el Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC), que es lo que hemos venido demandando desde CCOO, y lo que piden las familias y los equipos docentes», dice Isabel Galvín, quien considera que no pueden asignar esta tarea a un profesorado que ya está sobrecargado, con una jornada lectiva de veintiuna horas «además de de asignarle esta función sin remuneración extra, sin reducción de horario, y sin ningún tipo de formación».
CCOO va a ayudar a los y las docentes a hacer reclamaciones cuando se les asigne esta figura y quieran reclamar porque están dejando la salud mental de los niños y niñas y de los y las jóvenes en manos del profesorado sin darles los recursos que necesitan para manejar un tema tan serio. Por eso, como se ha venido exigiendo, debe procederse a la contratación de 316 PTSC como «coordinadores de Bienestar» para los IES de la Comunidad de Madrid.
«Esto viene a sumarse a la falta de orientadores en los centros: también se han contratado menos que el curso pasado y no están caminando en la dirección necesaria, que es la generalización de la figura del segundo orientador», asegura Isabel Galvín.
Barracones, amianto, falta de climatización
En la Comunidad, a día de hoy, todavía hay quince institutos con obras sin completar. La gran mayoría de ellos están todavía siendo construidos por fases, y en muchos el alumnado se ve obligado a estudiar en barracones. El estado de obras en estos quince centros, y la falta de instalaciones (gimnasio o biblioteca), estaría afectando a alrededor de 5250 alumnos madrileños.
De los 925 centros con riesgo de tener amianto en la Comunidad Autónoma, ni siquiera están siendo desamiantados a tiempo los veintitrés que han sido anunciados. El presupuesto que le han dedicado este año es la ínfima cifra de 1,4 millones de euros, y supone un 0,02 por ciento del presupuesto educativo de la Comunidad. Hay 260 IES afectados por el amianto.
«Tampoco se ha dado un solo paso para cumplir las resoluciones de la Inspección de Trabajo en temas de climatización, resolución que deja muy claras las necesidades de una intervención estructural en los centros para garantizar el bienestar del alumnado ante las altas y las bajas temperaturas», asegura Galvín.
No hay Plan de Ahorro Energético en terreno educativo. Galvín dice que el año pasado las facturas de energía en los centros se dispararon. «Con calderas que no están preparadas para las necesidades actuales, que necesitan reparación o modernización, y con una factura que ha subido en un cuarenta por ciento en los casos más afortunados, pero en algunos centros ha llegado a triplicarse», explica.
El currículo, rehén de las batallas políticas de Díaz Ayuso
Otra de las dificultades que se han sumado a la falta de plantilla y recursos de cara al curso 2022-2023, es el retraso con el que se publicó el currículo en la Comunidad de Madrid: «Es evidente que el gobierno de Díaz Ayuso ha dedicado la mayoría de su política educativa en los últimos años a obstaculizar la implementación de la LOMLOE, y esa ha sido la razón por la cual el currículo se publicó en los últimos días de julio», asegura la secretaria general de Enseñanza Madrid.
La tardanza en su publicación dejó al profesorado sin tiempo para actualizar sus programaciones, con un contenido del currículo, además, que ha sido muy retocado por el gobierno de la Comunidad de Madrid, censurando los temas relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, la educación en diversidad, y la sostenibilidad.
Falta de plazas y ataque a los derechos laborales en la FP
Durante la primera fase de escolarización en Formación Profesional ya se hizo evidente que el gobierno regional no estaba dispuesto a crear las 30.000 plazas cuya necesidad se hizo evidente el curso pasado. El Gobierno de Ayuso de cara al curso 2022-2023 ha decidido crear solo 10.000 plazas públicas: el resultado es que este curso se ha vuelto a quedar sin plaza otros casi 35.000 jóvenes madrileños.
De nuevo, este déficit intencional de plazas públicas es una manera de forzar a todas estas familias a unos centros privados que no son su primera opción, y por lo tanto, una vulneración constante de su libertad de elección educativa, «esta estrategia, está íntimamente conectada con las becas privadas que tan solo este curso regalará 35 millones de fondos públicos en cheques para estudiar en la privada», afirma Galvín.
Asimismo, el curso en Formación Profesional se ha iniciado con la noticia de que, ante la falta de plantilla, se está ofreciendo jornadas laborales de 24-25 horas a algunos docentes, lo cual no solo es ilegal, sino que supondría un grave deterioro de la enseñanza pública.
«La solución es evidente: inversión en plantilla y creación de plazas públicas que den respuesta a la totalidad de la demanda educativa», concluye Galvín.
