En la Comunidad de Madrid residen 405.333 personas con discapacidad, 203.119 son mujeres y niñas especialmente vulnerables y que tienen un alto riesgo de sufrir violencia física, sexual y psicológica, indica Comisiones Obreras en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra este 3 de diciembre de 2023.
La discapacidad como circunstancia inherente a su persona implica en muchas ocasiones más dificultad para expresarse, menor capacidad para defenderse y, sobre todo, menor credibilidad en su relato, especialmente en mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la prevalencia de la violencia de género en cualquiera de sus formas es más elevada en las mujeres con discapacidad; el 20,7 por ciento ha sufrido violencia física o sexual de su pareja frente al 13,8 por ciento de las mujeres sin discapacidad, han sufrido violencia sexual fuera de la pareja en mayor proporción (10,3 por ciento) que las mujeres sin discapacidad (6,2 por ciento), siendo también mayor el porcentaje de las que la han sufrido en la infancia (6,3 por ciento de las mujeres con discapacidad frente a 3,3 por ciento del resto).
Más alarmantes aún son los datos de recientes estudios de entidades privadas del sector de la discapacidad, que concluyen que el 40,4 por ciento de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género en España y que la franja media de edad en la que las víctimas se ven más afectadas oscila entre los 45 y los 54 años, con un nivel formativo predominante de educación obligatoria y en una situación mayoritaria de desempleo.
En la Comunidad de Madrid, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se estima que unas 72.000 mujeres y niñas con discapacidad acreditada han vivido algún tipo de violencia de género en algún momento de su vida.
A la normalización de la violencia dirigida a las mujeres con discapacidad se suma la invisibilidad que padecen, en particular las que son víctimas de violencia de género, ya que se desconoce la verdadera dimensión del problema por el desinterés de la administración regional y la escasa disponibilidad de información oficial estadística y de datos desglosados.
El hecho de ser mujer, con discapacidad y víctima de violencia, no hace más que elevar el riesgo de caer en la pobreza, situación que se ve agravada por las deficiencias institucionales para combatir esta alarmante realidad.
También es preocupante su situación laboral. La tasa de actividad de las personas con discapacidad en 2020, último dato aportado por la Comunidad de Madrid, se situó en el 39,4 por ciento, frente al 79,4 por ciento de personas sin discapacidad.
Manuel Rodríguez, secretario Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid, califica esta situación es muy grave y sostiene que es urgente una respuesta institucional, que además de poner fin a la invisibilidad, diseñe medidas y actuaciones que contribuyan a la prevención y detección precoz de los casos de violencia de género y facilite el acceso de las mujeres a los recursos especializados que actualmente no son accesibles, ni específicos, para las necesidades de las mujeres con discapacidad.
Agrega que para favorecer su inclusión en el mercado de trabajo es prioritario cumplir y aumentar las cuotas de reserva, potenciar la equidad, la inclusividad y evitar la segregación educativa, reorientar la política de incentivos hacia el empleo ordinario, establecer medidas específicas para la discapacidad sobrevenida y consolidar el papel del diálogo y la concertación social, la negociación colectiva y los planes de igualdad.
