CC.OO. informa de que en España la brecha salarial de género es de una media anual de 5726 euros menos para las mujeres trabajadoras respecto a los hombres, y de que las distintas directivas europeas aprobadas para atajarla «no han sido eficaces», bien por «la desidia de los Gobiernos» para aplicarlas o bien por falta de consenso.
Así se refleja en el informe ‘Cuentas claras para acabar con la crisis salarial’, presentado este jueves 18 de febrero 2021 por la secretaria de Mujeres e Igualdad de CC.OO., Elena Blasco Martín, y el secretario general del sindicato, Unai Sordo, informa Servimedia.
En concreto, el informe indica que en 2018 la ganancia media anual de las mujeres en España fue de 21 012 euros y la de los hombres 26 738 euros, una diferencia de 5726 euros favorable a los hombres, por lo que el sindicato resalta que el salario anual de las mujeres debería incrementarse un 27 por ciento para equipararse al de los hombres.
Asimismo, indica que la brecha salarial y el menor salario de las mujeres es el resultado de «su desigual inserción en el mercado laboral», marcada por una mayor parcialidad, temporalidad y segregación sectorial y ocupacional, lo que en el futuro también supondrá menores prestaciones y pensiones más bajas.
En este sentido, el informe recoge que el 75 por ciento de las personas que trabajan con jornada parcial son mujeres y que, en 2018, casi el 58 por ciento de los contratos temporales a tiempo parcial fueron suscritos por mujeres.
Por edades, la diferencia salarial se produce en todos los tramos, aunque con diferente intensidad, al tener especial incidencia en el tramo de 65 o más años, en el cual la diferencia es de 9530 euros, seguido del tramo de 55 a 59 años, donde la diferencia es de 8263 euros, con unas brechas del 49 y 35 por ciento, respectivamente.
En lo referente a la tasa de empleo, el documento indica que en el periodo 2017-2019 la tasa de empleo creció dos puntos porcentuales en la UE tanto para las mujeres como para los hombres, situándose en el 63 por ciento en el caso de las mujeres y en el 73 por ciento para los hombres en 2019.
Por países, España tiene una brecha en la tasa de empleo algo inferior a los casi once puntos de la media, siendo la tasa de empleo femenina del 58 por ciento y la masculina del 68 por ciento. Por su parte, Suecia es el país que presenta una tasa de empleo femenino (75 por ciento) más alta de la UE, siendo muy próxima a la de los hombres (79 por ciento); y, en el extremo opuesto, se sitúa Grecia, donde las tasas femenina (47 por ciento) y masculina (66 por ciento) son las más bajas de toda la UE.
Por ocupaciones, en la UE las que tienen un mayor nivel de feminización son las de ‘Personal de apoyo administrativo’, en donde el 66 por ciento de las personas empleadas son mujeres, seguido de ‘Trabajadores de servicios, vendedores de comercio y mercado’ (65 por ciento), ‘Profesiones elementales’ (56 por ciento), así como ‘Profesionales científicos e intelectuales’ (56 por ciento).
Por el contrario, las ocupaciones eminentemente masculinizadas son ‘Profesiones militares’ (90 por ciento), ‘Ocupaciones industriales y artesanales especializadas’ (88 por ciento), ‘Operadores de plantas, máquinas y trabajadores de montaje’ (81 por ciento) y ‘Agricultores y trabajadores especializados agropecuarios, forestales y pesqueros’ (79 por ciento), todos ellos sectores en los que la presencia de las mujeres es inferior al 25 por ciento. Por su parte, el empleo autónomo representa el catorce por ciento del empleo total en la UE y, en el caso de las mujeres, representa el once por ciento.
Así, el documento elaborado por Comisiones Obreras apunta que «los salarios medios de las mujeres son inferiores a los de los hombres por igual trabajo o trabajo de igual valor en España en todas las comunidades autónomas, en el empleo público y en el empleo privado, en todas las ocupaciones, en todos los sectores, en todos los tramos de edad, en todos los niveles de cualificación. En todo».
Por ello, denuncia en las conclusiones del informe que «tener empleo no garantiza evitar situaciones de pobreza» y exige al Gobierno «empleo de calidad, salarios dignos, políticas de igualdad y medidas que impulsen con garantías la implantación de planes de igualdad en las empresas desde la negociación colectiva».
«Para eliminar la brecha salarial, urge combatir las discriminaciones culturales, sociales y laborales que impiden la plena participación laboral de las mujeres» añade el informe, para acto seguido resaltar la necesidad urgente de desarrollar políticas de corresponsabilidad familiar.
Incumplimiento de directivas comunitarias
Por otro lado, el informe también apunta que las distintas directivas y acuerdos aprobados por la Comisión Europea y el Consejo «no han sido eficaces», debido, en algunos casos, a «la desidia de los Gobiernos a la hora de trasponer dichas directivas» y, en otros, a «la falta de consenso político que facilite llevarlos a cabo y aplicarlos en el tiempo estipulado para ello».
A este respecto, CC.OO. considera que dicha falta de consenso político «está en la base del incumplimiento del Consejo de Europa a la aprobación, en 2020, de dos directivas que tienen gran impacto sobre los salarios en general y sobre las mujeres en particular». Se trata, en primer lugar, de la directiva referida a la transparencia salarial, sobre la que señala que «debería haber sido una realidad en 2020 pero ha sido postergada en numerosas ocasiones del calendario legislativo europeo», permitiendo que se incumpla el artículo 141 del Tratado de la Unión Europea, que establece que los Estados miembros deben garantizar la igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para trabajos de igual valor.
En segundo lugar, este sindicato critica que tampoco ha visto la luz en 2020 la directiva relacionada con los salarios mínimos europeos y la negociación colectiva, que, según el sindicato, «requiere a los Estados que promuevan salarios mínimos adecuados y que fomenten la negociación colectiva y desarrollen planes de acción nacionales en aquellos países donde menos del setenta por ciento de las personas trabajadoras estén cubiertas y protegidas por un convenio colectivo».