La operación salida de este verano podría ser la última que cuente con un servicio íntegramente público de vigilancia y prevención en carretera, advierte CCOO, que denuncia la grave situación que atraviesan infraestructuras críticas de la Dirección General de Tráfico (DGT), como los Centros de Gestión, la Unidad de Medios Aéreos o el cuerpo de Investigadores de Seguridad Vial.
Según el sindicato, estos servicios están siendo abandonados por el Ministerio del Interior, que ha optado por introducir empresas privadas en su operativa.
Privatización de servicios que afectan a la seguridad ciudadana
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO señala que el Ministerio del Interior está permitiendo la privatización de servicios estratégicos de la DGT. En concreto, CCOO denuncia la incorporación de empresas privadas en tareas que afectan directamente a la seguridad vial, como la gestión del tráfico o la vigilancia aérea.
Los Centros de Gestión de Tráfico (CGT), responsables de controlar más de 1700 cámaras, 2000 paneles informativos y 2400 estaciones de toma de datos, se enfrentan a una «merma progresiva» de personal. Esta reducción está siendo suplida, en lugar de con empleo público, mediante contrataciones privadas.
«A pesar de las advertencias de CCOO sobre el deterioro de este servicio, el Ministerio del Interior no ha cubierto los puestos necesarios para atender debidamente los Centros de Gestión», afirma Fernando García Castro, secretario general de FSC-CCOO en el Ministerio del Interior.
Helicópteros en tierra desde septiembre
Uno de los casos más alarmantes que denuncia CCOO es el de la Unidad de Medios Aéreos (UMA), encargada de las patrullas de helicópteros. Esta unidad podría cesar su actividad a partir del 1 de septiembre por falta de personal y la finalización de contratos esenciales para el mantenimiento de las aeronaves.
«La situación es tan delicada que, de no arreglarse, la Unidad completa tendrá que dejar de volar y echar el cierre», advierte García Castro. La plantilla de pilotos y mecánicos presenta un nivel de desocupación cercano al cincuenta por ciento, y los contratos de servicios técnicos y de ingeniería aeronáutica están a punto de expirar.
Según el sindicato, la respuesta del Ministerio del Interior ha sido licitar contratos millonarios para que empresas privadas asuman esta actividad, en lugar de reforzar la plantilla mediante una Oferta de Empleo Público.
«Se trata de empleados públicos con un alto grado de especialización en materias que suponen una gran responsabilidad con respecto a la seguridad vial de la ciudadanía. Esta unidad existe para cuidar de las carreteras, no para hacer negocio privado», denuncia García Castro.
Infraestructuras críticas en peligro
CCOO subraya que muchos de los servicios afectados forman parte del sistema nacional de infraestructuras críticas, como es el caso del Centro Nacional de Gestión de Tráfico, con sede en Madrid. Este centro pertenece al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) y cuenta con cerca del cincuenta por ciento de sus plazas vacantes.
La falta de personal ha llegado al punto de que algunos turnos nocturnos en centros de gestión de ciudades como Valencia, Valladolid o Málaga no pueden ser cubiertos por funcionarios. Estas tareas son derivadas al centro de Madrid, que las asume en condiciones precarias, con los riesgos evidentes que eso supone para la seguridad vial.
Una red de carreteras en deterioro
El sindicato recuerda además que el deterioro de las infraestructuras viales ha sido señalado recientemente por la Asociación Española de la Carretera, cuyo último informe concluye que más de la mitad de las vías del país requieren una intervención urgente. Las carreteras nacionales, indica el documento, se encuentran en su peor estado en los últimos cuarenta años.
Este contexto de deterioro estructural hace aún más preocupante, según CCOO, el abandono institucional de los servicios públicos encargados de la seguridad vial. «La seguridad en la carretera ni se privatiza ni es un negocio», afirma el sindicato, que exige al Ministerio del Interior y a la DGT que asuman sus responsabilidades y refuercen los servicios esenciales mediante empleo público y condiciones laborales dignas.
Llamamiento a la responsabilidad institucional
CCOO insta a frenar el proceso de privatización que afecta a servicios que, por su carácter estratégico y su impacto directo en la vida de las personas, deberían estar plenamente protegidos por el Estado.
Exige la adopción inmediata de medidas que garanticen el funcionamiento ininterrumpido de estas unidades críticas y la cobertura de las plazas vacantes a través de mecanismos públicos.
«Estamos ante un momento clave para decidir si los servicios públicos siguen siendo una herramienta al servicio de la ciudadanía o si se convierten en una fuente de negocio para intereses privados», concluye García Castro.
