En septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes veinteañeros de una escuela rural del Estado de Guerrero, en México, tras una redada policial. Han pasado siete años y aún no hay visos de que la investigación concluya, se sepa dónde están, se castigue a los responsables, y sus familiares puedan dejar de buscarlos.
Todo comenzó el 26 de septiembre, cuando fueron agredidos por fuerzas policiales del Estado mientras hacían colectas de víveres y de donaciones monetarias que solucionarían los problemas económicos de su instituto. También intentaban conseguir que algún conductor de autobuses los llevara al día siguiente a alguna de las protestas convocadas para evitar que se aprobara un reglamento que consideraban improcedente.
Se sabe que, el alcalde de la localidad de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quería impedir que los estudiantes llevaran su protesta al lugar donde su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, rendía cuentas de su actividad al frente del DIF (Desarrollo Integral de la Familia). Encargó que les “callaran”… y se les fue de las manos. Callaron para siempre a siete personas, 25 más resultaron heridas, y 43 estudiantes no aparecían.
En estos actos participaron tanto policías municipales de Iguala, como personas vestidas de civil, quienes debieron pasar “inadvertidos” para las múltiples fuerzas de pacificación de la zona, compuesta por federales, la gendarmería y las fuerzas armadas, cuya presencia era notoria en ese Estado ante la vigencia del operativo «Guerrero Seguro». Los integrantes de ese operativo, supuestamente, luchan contra el crimen organizado.
Pasaron los días y no había señales de los jóvenes, pero sí se evidenciaba que no se sabía nada de determinados responsables gubernamentales que, se presumía, se habían marchado para evitar ser interrogados y, quizás, detenidos. Y salió a la luz el nombre de un grupo delictivo vinculado al narcotráfico (Guerreros Unidos).
El Gobierno cierra el caso y comienzan las protestas
A primeros de 2015, el Gobierno de Enrique Peña Nieto, anuncia oficialmente que han detenido a un integrante del grupo delictivo y que ha confesado haber participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes.
Posteriormente surge la versión oficial de que fueron detenidos y asesinados, y que sus cuerpos fueron incinerados en el basurero de la localidad de Cocula.
Los padres de los jóvenes y sus abogados no se creen la “película” y anuncian que recurrirían a instancias internacionales.
Lo hicieron y consiguieron el apoyo Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien designó a un grupo de expertos que prontamente comenzaron a realizar la verificación técnica de la investigación realizada por el gobierno mexicano, y desmontaron su versión. Ellos demostraron que en el referido basurero no hubo un incendio de la magnitud necesaria para quemar todos los cuerpos.
También la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se suma a la investigación y al seguimiento del caso, descubriendo los múltiples casos de torturas a supuestos autores de la desaparición y asesinatos de los jóvenes.
Por su parte, los familiares de los estudiantes se mostraron incansables en sus manifestaciones, en especial en la Ciudad de México, para pedir el esclarecimiento de los hechos, exigiendo saber qué hicieron con los cuerpos, y dónde los ocultaron, a fin de poder recuperar sus restos de enterrarlos dignamente.
En 2018, el recién nombrado presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto presidencial que ordenaba a las dependencias del Ejecutivo federal a colaborar ampliamente con la investigación, porque «es un asunto de Estado dar con la verdad», afirmó. También proclamó que «todo el Gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro caso».
El trabajo continúa
Así las cosas, siete años después, el caso sigue sin esclarecerse y se ignora dónde ocultaron los cuerpos.
Ciertamente, se han logrado avances relevantes en la investigación, como la identificación positiva de dos estudiantes; se están investigando actos de tortura y malos tratos cometidos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables; se ha tenido acceso a información de inteligencia que no había sido aportada en la primera fase de la investigación; y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles del Gobierno.
Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideran fundamental continuar priorizando la búsqueda de los estudiantes, así como avanzando con la investigación del caso y el esclarecimiento de los hechos de manera pronta y efectiva.
Por su parte, el Centro Prodh de derechos humanos de la Ciudad de México pone de manifiesto una serie de retrasos más que evidentes, como es el hecho de que, aunque el caso de los estudiantes muestra la opacidad con las que las fuerzas castrenses operan, hoy están más empoderadas que nunca y siguen reteniendo información importante.
Además, evidencian que la colaboración entre instancias, con participación de víctimas, colaboración de la sociedad civil y asistencia técnica internacional, no se ha aplicado en otros casos.
Insisten en que las desapariciones siguen y no son sólo una herencia del pasado, porque son más de 90.000 los desaparecidos en México, 20.000 en la actual administración de Obrador, porque en México se violan derechos humanos.
Concluyen, que la Fiscalía General de la República ha desatendido la crisis de desapariciones, ignorando sus obligaciones, sin ni siquiera tener listas actualmente las herramientas a las que desde 2017 le obliga a desarrollar la Ley General en Materia de Desapariciones, como la creación de un banco de datos forense.
