Los terrenos donde se levantaba la antigua cárcel de Carabanchel, símbolo de la represión durante la dictadura franquista, se transformarán en un espacio para la convivencia y el derecho a la vivienda.
El Gobierno de España ha aprobado la cesión de 27.000 metros cuadrados del Ministerio del Interior al SEPES, la entidad pública empresarial del suelo dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para la construcción de 508 viviendas asequibles y varios equipamientos públicos.
La ministra Isabel Rodríguez subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este acuerdo se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de «emplear todos los recursos del Estado para garantizar el derecho a la vivienda». Con esta actuación, el Gobierno da un paso decisivo en su estrategia de ampliación del parque público de vivienda, destinada a atender la creciente demanda en ciudades como Madrid.
De espacio de represión a barrio de convivencia
El Consejo de Ministros de este 14 de octubre 2025 aprobó la incorporación de ocho infraestructuras y terrenos penitenciarios a la Entidad Estatal de Vivienda, valorados en 78 millones de euros, dentro de un plan que permitirá edificar más de 1300 viviendas públicas en varias comunidades autónomas.
Sin embargo, el desarrollo más significativo —por su dimensión y su valor simbólico— es el de Carabanchel, donde el Gobierno pretende resignificar un espacio de memoria y convertirlo en un barrio de inclusión, convivencia y servicios.
Rodríguez destacó que estos suelos se ubican «en centros urbanos consolidados, donde es posible crear nuevos espacios de vida que integren la memoria histórica con el derecho a la vivienda».
El Ministerio trabajará junto a las administraciones locales y los vecinos para definir los detalles urbanísticos y agilizar la tramitación de los proyectos.
Carabanchel: 508 viviendas protegidas y nuevos equipamientos
El nuevo desarrollo en los terrenos de la antigua prisión incluirá 508 viviendas con precio asequible y protección indefinida, además de 39.000 metros cuadrados para la construcción de un hospital, 23.000 metros cuadrados de zonas verdes y 2000 para equipamientos sociales.
El proyecto se enmarca en el Plan de Vivienda 2026-2030 del Gobierno de España, que busca ampliar el acceso a la vivienda pública y frenar la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades. La actuación en Carabanchel dará continuidad al nuevo barrio de Campamento, donde se levantarán 10.700 viviendas protegidas, todas ellas con precios asequibles y protección indefinida.
Un compromiso político y social con la vivienda
Este 14 de octubre se celebró un encuentro de responsables del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y del PSOE de Madrid con doce asociaciones vecinales de los distritos de Carabanchel y Latina, en el marco de un proceso de escucha activa para recoger sus propuestas sobre el diseño del nuevo barrio.
En el encuentro, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, recordó que «la vivienda es el principal problema de los madrileños», sostuvo que «el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid del Partido Popular han decidido no hacer nada», y defendió que el Gobierno de España «seguirá apostando por la construcción de vivienda pública, la regulación de los pisos turísticos, la eliminación de las golden visa y la aplicación de una ley estatal que garantice que la vivienda sea un derecho y no el negocio de unos pocos».
En la reunión también participaron el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, concejales de los distritos de Carabanchel y Latina, y representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Las asociaciones vecinales celebraron que el Gobierno haya recuperado para uso público unos terrenos que «llevaban más de una década abandonados», y coincidieron en la necesidad de que las nuevas viviendas se destinen preferentemente a alquiler asequible, jóvenes y mayores.
Desde la FRAVM, se valoró especialmente la incorporación de zonas verdes y equipamientos comunitarios como el hospital y el espacio de memoria que reivindican diversas asociaciones de represaliados del franquismo que pasaron por las celdas de esa cárcel.
El secretario de Estado David Lucas subrayó que «el diálogo con los vecinos será permanente para garantizar que este proyecto responda a las necesidades reales del barrio». Por su parte, Reyes Maroto destacó que la actuación «reconcilia la historia con el futuro, al convertir un lugar de represión en un espacio para la vida y los derechos».
La vivienda como quinto pilar del Estado del bienestar
El Gobierno ha defendido que la consolidación de la vivienda como quinto pilar del Estado del bienestar, al nivel de la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia, pasa por elevar el parque público del actual 3,4 por ciento hasta estándares europeos, cercanos al ocho por ciento.
Con ese objetivo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha incorporado ya 2500 suelos al SEPES, procedentes de la SAREB y del propio Estado, además de 40.000 viviendas del parque público de las Administraciones Generales.
Esta estrategia refuerza la voluntad de utilizar el patrimonio público para atender necesidades sociales, en especial el acceso a la vivienda de jóvenes, familias con rentas bajas y mayores. Según el Ministerio, la colaboración con los ayuntamientos será clave para agilizar la conversión de los antiguos suelos estatales en proyectos habitacionales sostenibles.
Un proyecto con valor histórico y memoria democrática
El desarrollo de Carabanchel tiene, además, una dimensión histórica. En palabras de Isabel Rodríguez, «en estos lugares se produjeron situaciones de represión y de privación de libertades y derechos que es necesario recordar y resignificar».
Por ello, el proyecto urbanístico contempla la creación de un espacio de memoria democrática que recuerde a las víctimas y preserve la historia del lugar.
El objetivo, según fuentes del Ministerio, es «transformar el dolor en convivencia y futuro», integrando el recuerdo en un entorno urbano que simbolice la reparación colectiva y la recuperación del espacio público.
