La plataforma «#STOP Macroplanta Biogás Colmenar Viejo y Tres Cantos» ha denunciado ante la Comisión Europea, OLAF y el Tribunal de Cuentas la subvención de 3,28 millones de euros concedida al proyecto «Smart Farm Biogás», promovido por PreZero y Enagás en el límite entre ambos municipios.
Alegan que el expediente ocultó la actividad industrial de fabricación de gas, lo que permitió tramitar una evaluación de impacto simplificada y vulnerar el principio «no causar un perjuicio significativo» (DNSH).
Una subvención bajo sospecha
La ayuda procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior el 30 de diciembre de 2022 (expediente SB78051234).
La cuantía, de 3.281.729,49 €, se canaliza a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Para los denunciantes, la Comunidad de Madrid vulneró el artículo 19.j de las bases reguladoras (Orden 458/2022) al admitir la solicitud sin verificar todas las actividades declaradas.
El expediente que no menciona el gas
Según la documentación remitida a Bruselas, el proyecto describía únicamente el tratamiento de 75.000 toneladas anuales de biorresiduos y la inyección de 4,37 millones de metros cúbicos de biometano en la red.
Sin embargo, la propia Comisión Europea, en la fusión M.11331 que avala la ‘joint venture’ PreZero Biometano, reconoce la actividad NACE D.35.21 («fabricación de gas»). Esa actividad pertenece al Anexo I de la Ley 21/2013 y exige una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, mucho más exhaustiva que la simplificada aplicada (grupo 9.b del Anexo II).
Principales irregularidades señaladas
- Evasión de la evaluación ordinaria: al no declarar la fabricación de gas, el promotor se benefició de un procedimiento más breve y menos garantista.
- Posible incumplimiento del DNSH: no se analizaron a fondo emisiones, olores ni efectos sobre la biodiversidad.
- Déficits de transparencia: la Orden 4764/2022 que concede la ayuda no figura en el BOCM, ni se han colocado los logotipos de NextGenerationEU exigidos por el artículo 21 de las bases.
- Sobredimensionamiento: la capacidad supera con creces la generación local de residuos (110.000 habitantes) y obligaría a importar toneladas de otros municipios, aumentando tráfico pesado y CO₂.
- Proximidad a zonas sensibles: el emplazamiento quedaría a 1,3 km de un instituto, 1,5 km de viviendas y 300 m de una gasolinera, lo que, según los vecinos, «multiplica los riesgos».
Argumentos jurídicos y medioambientales
La denuncia invoca el Reglamento (UE) 2021/241, la Directiva 2011/92/UE y el Convenio de Aarhus sobre acceso a la información. «Si la UE exige una economía verde, no puede financiar instalaciones que maquillan su verdadero impacto», asegura la portavoz de la plataforma, Marie Claude Belda.
Para el ingeniero ambiental Pedro Ayala, «ocultar la actividad de fabricación de gas es un atajo para saltarse la evaluación ordinaria y colocar la planta en suelo rústico sin debate público».
El colectivo subraya que la Autorización Ambiental Integrada (AAI – 5.124 10-IPPC-00011.4/22) menciona explícitamente la producción anual de biometano, prueba de la transformación industrial. «Eso basta para activar el Anexo I y abrir un procedimiento ordinario con estudio de alternativas y consulta real», añaden.
Voces desde la plataforma
«Llevamos meses pidiendo el expediente completo y solo obtenemos versiones parciales o borradas», denuncia Belda.
La sensación de indefensión llevó a las asociaciones vecinales, AMPAs, Ecologistas en Acción y sindicatos a elaborar un kit de quejas telemáticas ante cuatro organismos europeos.
«Cada denuncia suma», reza el documento compartido en redes, que incluye plantillas paso a paso para OLAF o el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA).
Los impulsores recuerdan que la Comisión puede suspender los fondos si aprecia un incumplimiento grave del DNSH. «No pedimos un veto ideológico, sino que se aplique la ley: planta sobredimensionada, evaluación insuficiente, dinero público en riesgo», resume Ayala.
Reacción institucional
La Consejería madrileña defiende la legalidad del expediente y asegura que «cumple estrictamente los requisitos ambientales y de transparencia», aunque admite que la Orden 4764/2022 «aún no se ha publicado por razones técnicas».
PreZero, por su parte, sostiene que la planta «convertirá residuos en energía renovable y reducirá emisiones». Sin embargo, no aclara por qué no incluyó el código CNAE D.35.21 en la solicitud de ayudas ni si adaptará el proyecto a una evaluación ordinaria.
En el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, el equipo de gobierno insiste en que la competencia es regional, mientras que la oposición pide un pleno extraordinario y la suspensión de licencias hasta que Bruselas se pronuncie.
En Tres Cantos, el consistorio reclama «información veraz» sobre los camiones diarios que atravesarán su término municipal.
Próximas movilizaciones
Tras la marcha de tres mil personas del pasado 27 de abril, la plataforma convoca una nueva manifestación el sábado 31 de mayo a las 11:30 h, desde la Avenida de España hasta la plaza Antonio Gala de Tres Cantos.
Habrá «peque-bloque» familiar y recogida de firmas para exigir una moratoria en la tramitación. «Queremos que Europa escuche que la transición ecológica no puede hacerse a costa de nuestra salud», subrayan los organizadores.
