Desde que Jair Bolsonaro preside Brasil, los ciudadanos cada vez pierden más derechos y están más desprotegidos. Lo documenta Amnistía Internacional en un reciente informe.
En total, enumeran 32 situaciones que llevaron a violaciones de derechos humanos desde la toma de posesión de Bolsonaro. El número se refiere a las campañas, acciones urgentes y reactivos producidos por el equipo de Amnistía Internacional Brasil desde el 1 de enero de 2019 hasta finales de septiembre de 2021. Además, muchas de ellas continúan sin solución y sin una justa reparación, porque el gobierno federal incumple su papel de garantizar y facilitar el acceso a los derechos humanos fundamentales, como la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la vivienda.
«Brasil vive un momento preocupante, agravado por la pandemia de COVID-19, pero no es solo eso. Indígenas, pueblos tradicionales, quilombolas, residentes de favelas y suburbios fueron dejados de lado por la omisión del presidente Jair Bolsonaro y sus ministros de gobernar para todos y todas. Brasil es mucho más que el grupo que rodea el Palacio de Planalto», explica Jurema Werneck, directora ejecutiva de AI Brasil.
La declarada relajación del control de armas en Brasil también se menciona en el análisis de Amnistía, que en 2019 ya indicaba que los discursos electorales del entonces candidato Jair Bolsonaro iban a convertirse en práctica recurrente del presidente electo. El tema de la seguridad pública es una de las preocupaciones de la organización, y hubo incontables retrocesos en la garantía de la protección de los brasileños y del derecho a la vida. Por el contrario, hay una creciente flexibilización del porte y acceso a armas de fuego, aun siendo Brasil uno de los países que más mata con armas de fuego del mundo.
Igualmente denuncian el autoritarismo, intimidación y agresiones verbales constantes que marcaron el estilo de la relación de Bolsonaro con la prensa. La restricción al amplio debate, la reducción del espacio cívico y las amenazas al estado de derecho en discursos de convocatoria en actos públicos también fueron señalados como graves pérdidas de derechos de brasileños y brasileñas. Y la promesa de persecución a las organizaciones no gubernamentales, aún en campaña electoral, se puso en práctica con la denuncia publicada en la prensa de que agentes de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) monitorearon la participación de las ONG y los movimientos sociales en la Conferencia sobre el Clima de las Naciones Unidas (COP25) de 2019 en Madrid.
Casi 600.000 vidas perdidas por causa de la Covid-19, más de 14 millones de desempleados, cerca de 19 millones de brasileños pasando hambre, indígenas, quilombolas y pueblos tradicionales siendo perseguidos y perdiendo sus tierras en manos de usurpadores, madereros y mineros…
La lista de datos y hechos de Brasil del gobierno de Bolsonaro revela que se llegará a los 1000 días de derechos atacados, es la conclusión de este informe de Amnistía.
