El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales en Brasil, contra un poder estatal agresivo y las mentiras del derrotado Jair Bolsonaro, brinda una nueva oportunidad a la democracia y la preservación de la Amazonia brasileña, informa Mario Osava (IPS) desdeRío de Janeiro.
Solo Lula, con su liderazgo, «tendría condiciones de vencer la industria de la mentira» y de «enfrentar el uso y el abuso del aparato público jamás vistos en ese país», sostuvo el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, en la celebración del triunfo en São Paulo, la noche del domingo 30 de octubre de 2022.
La difusión sistemática y masiva de insinuaciones de que Lula cerraría las iglesias, si era elegido como presidente, y liberaría las drogas y el aborto, puso el candidato en la defensiva y lo forzó a continuos desmentidos los últimos días.
Pero tras la más reñida disputa electoral desde el fin de la dictadura militar en 1985, el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo 50,9 por ciento de los 118,55 millones de votos válidos en la segunda vuelta electoral. Alcanzó 60,34 millones de votos, contra 58,20 millones de Bolsonaro.
«No enfrentamos a un candidato, sino a la máquina del Estado brasileño puesta a servicio del oponente para evitar que ganáramos las elecciones», dijo Lula en su discurso de la victoria, luego de su confirmación por el Tribunal Superior Electoral, tres horas después de concluida la votación a las 17 horas locales (20 GMT).
«No enfrentamos a un candidato, sino a la máquina del Estado brasileño puesta a servicio del oponente para evitar que ganáramos las elecciones», dijo Lula en su discurso de la victoria, luego de su confirmación por el Tribunal Superior Electoral, tres horas después de concluida la votación a las 17 horas locales (20 GMT).
En un acto desesperado de compra de votos, el ultraderechista Bolsonaro concedió varios beneficios a la población desde agosto hasta diciembre, prohibidos por la legislación durante el año electoral, especialmente cuando un presidente se postula a la reelección, entre ellas aumentó en 50 por ciento del Auxilio Brasil para veintiún millones de familias pobres, alzado a 600 reales (115 dólares) al mes, además de una ayuda de emergencia a novecientos mil camioneros y a más de trescientos mil taxistas, por la suma mensual de mil reales (190 dólares). Además dobló los subsidios al gas de cocina y forzó los estados brasileños a reducir sus impuestos para abaratar la gasolina y el diésel.
Para eludir la ley electoral y también la de responsabilidad fiscal, que impide gastos sin previsión presupuestaria, el presidente y sus aliados aprobaron en el legislativo Congreso Nacional una enmienda constitucional que reconoce el estado de emergencia en el actual semestre. El pretexto fueron las dificultades provocadas por la guerra en Ucrania.
A todo eso se sumaron los empresarios y los pastores evangélicos a presionar sus empleados y fieles a votar por Bolsonaro. La Justicia del Trabajo recibió más de dos mil denuncias de acoso electoral practicado por patrones en octubre.
Por último, el gobierno movilizó su Policía Rodoviaria Federal, que controla las carreteras. Mas de seiscientas operaciones inspeccionaron principalmente los autobuses que transportaban electores en el Nordeste. El objetivo evidente era dificultar el acceso a locales de votación a la gran mayoría de electores pro Lula.
Aparentemente la estrategia fracasó o restó pocos votos. La abstención en esa segunda vuelta fue de 20,56 por ciento, ligeramente inferior a la primera vuelta, de 20,95 por ciento. En Brasil el voto es obligatorio.
Frente democrático para el triunfo
Contra esta guerra sucia, Lula articuló un frente amplio contra las continuas amenazas de Bolsonaro a la democracia, como intentos de desacreditar el sistema electoral basado en urnas electrónicas y de rebelarse contra el Supremo Tribunal Federal, que opera también como corte constitucional, y el Tribunal Superior Electoral.
«Esta es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó, por encima de los partidos políticos, de los intereses personales y de las ideologías, para el triunfo de la democracia», reconoció Lula en su discurso.
Participación activa en las decisiones del gobierno, en un país de «paz y unidad», y no «dividido en permanente estado de guerra», es la democracia a construir, acotó, mientras también prometió gobernar para los 215 millones de brasileños y no solo para sus votantes.
Anunció como primera prioridad eliminar el hambre. Brasil salió del mapa del hambre de Naciones Unidas en 2014, como resultado del esfuerzo del gobierno de Lula (2003-2010) y de su sucesora también del PT, Dilma Rousseff (2011-2016). Pero volvió al mapa en 2018 y un estudio apuntó la existencia de 33 millones de hambrientos en el país a comienzo de 2021.
Además de reducir la pobreza, reconstituir los mecanismos de participación abolidos por Bolsonaro, como las conferencias y consejos de la sociedad civil para proponer políticas públicas, Lula prometió rescatar la credibilidad internacional de Brasil y recuperar su protagonismo en la lucha contra la crisis climática.
Volver a reducir la deforestación, especialmente en la Amazonia, es un paso indispensable, después que Bolsonaro desmanteló el sistema de protección ambiental del país y agravó la destrucción forestal, al estimular actividades ilegales como la minería informal, incluso en tierras indígenas amazónicas.
Para asegurar los derechos de los indígenas, atropellados por el actual presidente, Lula prometió crear el Ministerio de los Pueblos Originarios.
Pero en los dos meses de transición hasta la toma de posesión de Lula en enero de 2023, las actuaciones de Bolsonaro y su entorno, incluido el militar, mostrarán cuan empedrado es ese objetivo en un Brasil que electoralmente se mostró polarizado en dos mitades.
