El bloqueo de centenares de carreteras y multitudes para reclamar un golpe de Estado delante de los cuarteles no nublaron el clima democrático y la buena repercusión internacional de la elección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil por tercera vez, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
Un solo gesto lo atestigua: Noruega anunció la reanudación de sus aportes al Fondo Amazonia, tras oficializarse el triunfo del exgobernante. Supone la disponibilidad 483 millones de dólares destinados a contener la deforestación y a financiar el desarrollo sustentable de la región.
El país nórdico suspendió sus donaciones en 2019, cuando el entonces ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, intentó imponer cambios en la gestión del Fondo, creado once años antes, cuando Lula era presidente (2003-2010).
El ministro del gobierno presidido desde ese año por el ultraderechista Jair Bolsonaro se volvió famoso por desmantelar las políticas y agencias ambientales de Brasil, durante su gestión de enero de 2019 a junio de 2021, cuando fue destituido, tras involucrarse en un escándalo de corrupción y exportación de madera ilegal.
Alemania, que contribuye con sumas menores, secundó a Noruega en la interrupción y ahora en la decisión de reactivar el Fondo bajo el futuro gobierno de Lula, que volverá al palacio presidencial de Planalto el 1 de enero.
Decenas de mandatarios se apresuraron a saludar, la misma noche electoral del domingo 30 de octubre 2022, el retorno de Lula a la presidencia, poniendo fin al aislamiento internacional del país, provocado por el gobierno de Bolsonaro, quien solo se acercó a sus pares ideológicos, como el expresidente Donald Trump (Estados Unido)s, y los aún presidentes Victor Orbán (Hungría) y Vladimir Putin (Rusia).
Brasil deberá recuperar aún muchas inversiones antes reticentes, también a causa de la falta de credibilidad de Bolsonaro, por sus políticas erráticas o netamente dañosas, como la desastrosa gestión de la pandemia de covid, que ocasionó más de 688.000 muertos en este país de 215 millones de personas.
Además del alivio y la esperanza en un Brasil reconciliado con la democracia, el país ya vive una atmósfera de distensión y diálogo en el mundo político, a pesar de los intentos de rebelión de los bolsonaristas.
Empezó el jueves 3 de noviembre el diálogo de transición gubernamental entre el equipo de Lula, conducido por el vicepresidente electo, el conservador Geraldo Alckmin, del centrista Partido Socialista Brasileño, y ministros del gobierno saliente.
Asimismo las negociaciones para la aprobación legislativa de medidas urgentes y necesarias a la próxima gestión.
Adaptaciones en el presupuesto son indispensables, por ejemplo, para que Lula cumpla sus promesas de ampliar la transferencia de renta a veintiún millones de familias pobres, aumentar el salario mínimo y recuperar programas como el de alimentación escolar y de distribución gratuita de algunos medicamentos.
El mismo Bolsonaro, que antes se refería a Lula y sus adeptos como «ladrones» y enemigos a destruir, se dispuso a facilitar el traspaso de mando. El miércoles 2 de noviembre llamó finalmente a sus partidarios a suspender el bloqueo de carreteras, tres días después de comenzar el torbellino en arterias importantes de este extenso país.
En consecuencia la Policía Rodoviária (Vial) Federal pudo informar la noche del día siguiente que solo veinticuatro puntos viales seguían parcialmente obstruidos en las regiones Centro-oeste y Norte.
Ya se habían desbaratado 936 bloqueos provocados en todo el país desde que se conoció la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta electoral del domingo 30.
En algunos casos, algunos camiones bloqueaban totalmente las carreteras. A los camioneros bolsonaristas se unieron activistas locales, en protestas contra supuestos fraudes electorales y llamadas a una intervención militar contra la investidura de un gobierno de izquierda.
Esos actos ilegales impidieron decenas de miles de viajes por autobuses o aviones, se perdieron muchos alimentos y otros productos perecederos, enfermos y medicamentos no llegaron a los hospitales.
Además el miércoles 2 de noviembre, feriado nacional, los extremistas de la derecha se dirigieron directamente a los cuarteles para demandar un golpe militar. Miles de bolsonaristas se congregaron en Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro, mientras otros pequeños grupos lo hicieron en por lo menos otras veinte capitales de estados.
Esas manifestaciones, pese a la gravedad de sus planteamientos, pasaron casi inadvertidas por la opinión pública, ante el nuevo ambiente de convivencia entre adversarios políticos.
Lula apunta a un gobierno de amplia coalición democrática, con diez partidos a los cuales se están sumando otros.
Lo indicó desde el inicio a tener en su fórmula el vicepresidente Alckmin, su adversario en las elecciones de 2006, exdirigente del también centrista Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que desde 1994 se confrontaba con su Partido de los Trabajadores, de izquierda.
El esfuerzo de amplios sectores unidos en la defensa de la democracia tiene como objetivo convertir en pasado a Bolsonaro lo antes posible. Y evitar así que siga como el Trump tropical, como se le ha apodado en el escenario mundial.
