A 2 de enero de 2026, el rompecabezas sobre una posible «UCO patriótica» suma nuevas piezas: los WhatsApps conocidos en mayo de 2025, los movimientos judiciales del juez Santiago Pedraz y, en diciembre, dos informes de la UCO que detallan pagos millonarios en la trama de hidrocarburos.
El foco sigue en Juan Vicente Bonilla, hoy cargo de seguridad del SERMAS, y en la denuncia del capitán Juan Sánchez Yepes., según informaciones publicadas en la Cadena SER, El Plural e Infobae.
Qué se ha publicado y qué han aportado las nuevas pruebas
Los mensajes que encendieron todas las alarmas (mayo de 2025)
El Plural divulgó el 27 de mayo varios bloques de WhatsApps que atribuyen a Bonilla y a un confidente frases como: «Vamos a por los del PSOE» y llamadas a «desterrar al felón», que se combinaron con alusiones operativas a explotar el caso Koldo y a preparar reuniones para intercambiar «material sensible».
Aquellas conversaciones reforzaron la hipótesis de un uso político de información policial.
La publicación de los chats desató reacciones en cadena: el PSOE exigió el cese inmediato de Bonilla como gerente de Seguridad del SERMAS; asociaciones profesionales de la Guardia Civil salieron en defensa de la UCO frente a lo que interpretaron como una campaña de descrédito, y RTVE acreditó la existencia de conversaciones entre Bonilla y el empresario José Luis Caramés orientadas a recabar información comprometedora.
La denuncia de Yepes y el encaje judicial
En paralelo, la denuncia del capitán Juan Sánchez Yepes ante el Juzgado Central de Instrucción número cinco describía filtraciones, accesos indebidos y fabricación de pruebas dentro de la UCO vinculados a intereses políticos y empresariales.
Aunque muchas diligencias siguen bajo reserva, medios como Infobae han detallado los ejes del escrito y su foco en la trama de hidrocarburos.
Qué ha hecho la Audiencia Nacional desde entonces
Pedraz y las piezas del caso de hidrocarburos
En junio de 2025, resoluciones conocidas consolidaron la instrucción del fraude de hidrocarburos y, en lo inmediato, respaldaron actuaciones de la UCO frente a intentos de nulidad esgrimidos por defensas vinculadas a los investigados, entre ellos el entorno de Bonilla, según informaron The Objective y 20 Minutos
Después, en diciembre de 2025, llegaron a la causa dos informes de la UCO —difundidos por El País y la Cadena SER— que describen una red empresarial que habría destinado en torno a un millón de euros a influir en decisiones públicas, con menciones a José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Claudio Rivas.
Que existan estos informes no blanquea necesariamente los mensajes atribuidos a Bonilla; sí muestra que la UCO ha mantenido investigaciones de calado en paralelo a la polémica, informaba El País.
Cruce político y comunicativo
La tensión se trasladó a la arena política: RTVE recogió el 26–28 de mayo el cruce de acusaciones entre PSOE y PP por supuestas maniobras contra la UCO (o desde la UCO), con audios y desmentidos cruzados. El debate discurrió entre denuncias de «persecución» y exigencias de transparencia y auditorías de accesos.
La pieza madrileña: el fichaje en el SERMAS
El factor diferencial sigue siendo el puente autonómico. Desde octubre de 2023, Bonilla ocupa la gerencia de Seguridad del SERMAS —adscrito a la Consejería de Sanidad— con una remuneración pública superior a ochenta y cuatro mil euros al año.
La presión para cesarle aumentó tras los chats y tras la denuncia de Yepes, pero el Gobierno autonómico defendió la legalidad del nombramiento, informaba El Plural.
Lo que sabemos a 2 de enero de 2026
Hechos contrastados
- Existe una denuncia de Juan Sánchez Yepes en el JCI n.º 5 por filtraciones, pruebas dirigidas y cobros ilícitos en la UCO con derivadas políticas y económicas.
- Se publicaron WhatsApps atribuidos a Bonilla que revelan hostilidad explícita hacia el PSOE y una voluntad de actuar para dañar al Gobierno.
- Pedraz ha preservado el avance de la instrucción de hidrocarburos, desoyendo intentos de anular diligencias clave de la UCO.
- En diciembre de 2025, UCO remitió informes que describen pagos para influir en decisiones públicas en el sector de hidrocarburos; que son relevantes para el contexto empresarial de la denuncia, informaba El País.
- RTVE verificó conversaciones de Bonilla orientadas a recabar información contra miembros del Gobierno.
Zonas grises y dudas abiertas
- Autenticidad pericial integral de todos los mensajes difundidos (metadatos, cadena de custodia, integridad completa del chat). La verificación periodística no sustituye el peritaje judicial.
- Alcance de la red: cuántos agentes y exagentes participaron y con qué respaldo jerárquico.
- Vínculo orgánico con el PP y con la Comunidad de Madrid: si hubo órdenes o coordinación formal más allá de afinidades y nombramientos.
- Consecuencias disciplinarias y penales: si los mensajes atribuidos derivarán en imputaciones concretas.
Por qué importa para sociedad civil
Riesgos para la integridad institucional
- Neutralidad de las fuerzas de seguridad: si se confirma instrumentalización política, se compromete la confianza en la UCO en investigaciones de alto impacto.
- Competencia en sectores regulados: el caso de hidrocarburos evidencia la facilidad con que redes económicas buscan capturar decisiones públicas.
- Calidad democrática: chats con expresiones como «Vamos a por los del PSOE» erosionan la frontera entre seguridad pública y lucha partidista.
Qué pueden exigir las organizaciones sociales
- Auditorías externas de accesos a bases policiales desde 2019.
- Protocolos de integridad con trazabilidad pública (anonimizada) en unidades de élite.
- Cláusulas de ética pública en nombramientos de seguridad autonómica.
- Comparecencias parlamentarias periódicas sobre cooperación UCO–Comunidad de Madrid.
Declaraciones y posiciones públicas relevantes
- «Tras las pruebas reveladas, es insostenible que Bonilla siga en su puesto», pidió el PSOE a la Comunidad de Madrid en mayo de 2025, informaba El Plural
- Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil se alinearon en defensa de la UCO: «No vamos a permitir que se manche su imagen por batallas partidistas», informaba EL ESPAÑOL
- «RTVE ha tenido acceso a conversaciones» entre Bonilla y Caramés dirigidas a buscar información comprometedora del Gobierno, confirmó la cadena pública, informaba RTVE
Conclusiones provisionales
- El vector político está acreditado en fuentes abiertas. Las expresiones contenidas en los WhatsApps publicados por ElPlural y las verificaciones de RTVE evidencian hostilidad ideológica y propósito de daño político desde el entorno atribuido a Bonilla, hoy cargo público en Madrid. Falta la pericial completa, pero el contenido existe y ha sido difundido por medios de referencia como El Plural
- La instrucción de hidrocarburos avanza y robustece el contexto. Las decisiones de Pedraz que blindan diligencias de la UCO, y los informes de diciembre sobre pagos para influir en decisiones públicas, refuerzan que coexisten :
(i) una UCO operativa y
(ii) indicios de captura económica del Estado. No exculpa los chats; sí matiza el relato de «UCO desacreditada». - La pieza madrileña mantiene su relevancia. El nombramiento de Bonilla en el SERMAS sigue siendo la conexión más visible entre un mando de la UCO y el poder autonómico. La presión política para cesarle persiste, sin resolución pública conocida a día de hoy, informaba El Plural
- Persisten lagunas críticas. Sin la pericial de la mensajería y sin esclarecer quién dio órdenes ni qué acceso real se tuvo a bases policiales, hablar de «organización criminal» o «infiltración política estructural» en la UCO es, de momento, hipótesis. La investigación judicial —y no la mediática— deberá confirmarlo.
- Recomendación de integridad democrática. Urge activar auditorías independientes de accesos, un registro de conflictos de interés en puestos de seguridad autonómica y comparecencias públicas de Interior y la Comunidad de Madrid. La transparencia es el mejor antídoto frente a futuras tentaciones de armazar la seguridad del Estado.
