Se cambió la Constitución -artículo 135-, con premeditación y alevosía, con nocturnidad y felonía, sólo, y solamente, para asegurar el cobro de la deuda pública por los fondos buitres extranjeros. Tenemos que cambiar la Constitución para garantizar las pensiones públicas laboriosamente merecidas por nuestra juventud.
¡Anda, si las pensiones no son un derecho fundamental!
Esta idea es la que en las charlas y debates más le sorprende a la gente: que las pensiones públicas no están consideradas un derecho constitucional. Y la mayoría de la población mayores de 55 años considera que el actual Artículo 50 de la Constitución no da suficiente protección a las pensiones. El 80 por ciento de los encuestados, mayores de 55 años, no solo pensionistas, y el 82 por ciento entre las mujeres, responden que el Artículo 50 no es suficiente y es necesario blindarlas como derecho fundamental en la Constitución.
Por tres razones. La primera es porque el Artículo 50 está en el apartado de «principios rectores de la vida económica y social» de la Constitución, un apartado que hace referencia no a derechos constitucionales sino a aspiraciones, a expectativas de derecho, derechos que pueden cumplirse dependiendo de que los poderes públicos lo aseguren; pero pueden no cumplirse. Este es el primer problema: no están reconocidas como un derecho, sino como una orientación.
La segunda razón es porque el Artículo 50 no las reconoce como pensiones públicas, sino que habla de «pensiones adecuadas». La Constitución sí reconoce la existencia de la Salud Pública pero las pensiones no están reconocidas como derecho constitucional. Y en tercer lugar porque no reconoce el derecho a que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, solo dice que las pensiones deben actualizarse; por ejemplo, podrían actualizarse a la baja.
¡Entonces, habrá que blindarlas como derecho fundamental!
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) reivindica -y es lo que une a quinientas organizaciones- una reforma que incluya un artículo en el que se prohíba de forma explícita la privatización total o parcial del Sistema Público de Pensiones y la pérdida de poder adquisitivo. Y que al incluir este artículo reciban el tratamiento de un derecho fundamental.
¿Por qué prohibir la privatización? El problema no es que haya alguien que diga que tiene el objetivo de privatizarlas, que lo puede haber, sino que existe la amenaza real de privatización por las condiciones en que vivimos. Esto ocurre porque las pensiones son a escala mundial, y en nuestro país, una de las principales concentraciones de riqueza generada colectivamente y por eso es uno de los principales negocios de los grandes fondos de inversión y bancos del planeta.
No estamos en contra de las pensiones privadas en cualquiera de sus versiones, planes individuales o planes de empresa, lo que sí decimos es que esos planes privados no pueden desarrollarse como negocio a costa de degradar el Sistema Público de Pensiones.
Blindar las pensiones tiene un hondo sentido social
Y tiene profundas repercusiones para el conjunto de la sociedad; como obvio ha sido con la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’, la primera reforma social de la Constitución. La anterior tuvo un avaro interés económico por órdenes venidas de fuera de nuestro país.
El cambio del artículo 49 es una conquista de toda la sociedad protagonizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en una lucha a lo largo de 16 años. Es un avance para todo el país y ha abierto un camino; y da confianza a todas las organizaciones -las que pertenecen a la MERP y las que todavía no pertenecen- de que ¡sí se puede reformar la Constitución para blindar las pensiones! Es posible y podemos conseguirlo.
La siguiente gran reforma social tiene que ser el blindaje constitucional de las pensiones, porque las pensiones -por su misma naturaleza de solidaridad intergeneracional e interterritorial- nos unen a todos, a los 47 millones de pensionistas presentes y futuros.
2024 es un año para enfrentar lo que viene en 2025
¿Qué tenemos que esperar? 2025 es el año en que la Comisión Europea va a someter a revisión la reforma de las pensiones aplicando el mecanismo que se incluyó en la última reforma de las pensiones, impuesto por Bruselas como condición para que España recibiera un plazo de las ayudas europeas. Un chantaje que cualquier demócrata rechazaría.
Bruselas y el FMI vienen exigiendo que se alargue la edad de jubilación, aumentar los años para el cálculo de la pensión y otras medidas que degradarían las pensiones públicas. Esto es lo que podemos esperar y que no podemos aceptar.
Es necesario blindar constitucionalmente las pensiones para impedir un retroceso y que se nos imponga desde fuera una degradación de las pensiones públicas. Lo que nos preocupa no es lo que puede hacer el gobierno, sino lo que pretendan otros imponer al gobierno y a nuestro país.
¿Qué hacer?
Caminar con dos pies. Extender la campaña «Somos 47 millones» a todo el país. Y, por otra parte, abrir el debate por el blindaje constitucional en el Pacto de Toledo y en el Congreso. El primero fue en 2019.
De Canarias a Cataluña pasando por Madrid, de Almería a Bilbao pasando por Zaragoza y Valencia, y de Málaga a Oviedo pasando por Murcia, la campaña por el blindaje de las pensiones en la Constitución de la MERP se difunde en distintos campus universitarios, para unir a los pensionistas presentes y futuros en pos de un mismo objetivo.
Cientos de integrantes de la MERP han puesto, por toda España, mesas en los campus universitarios, para concienciar a los estudiantes -los pensionistas del futuro- que son sus pensiones, las de «más a largo plazo» sobre las que pesa una mayor incertidumbre, dado el avance de los proyectos que buscan empobrecerlas y, eventualmente, abrir paso para su privatización.
