La atención a las personas con discapacidad en Cuba enfrenta desafíos en medio de la crisis multidimensional que afecta a la nación caribeña, mientras el gobierno pretende garantizar y potenciar la inclusión laboral de estos grupos con la propuesta de un nuevo Código de Trabajo, informa Dariel Pradas (IPS) desde La Habana.
«El anteproyecto del Código de Trabajo amplía el enfoque, el alcance y la manera de entender cómo será el abordaje ante la demanda de empleo y la atención a las necesidades de empleo de las personas con discapacidad», dijo, el 12 diciembre 2025, Mabel Ballesteros, presidenta de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora (Aclifim), durante una rueda de prensa en La Habana.
Fue la conclusión de un panel titulado «Cuba y la protección de los derechos de las personas con discapacidad», que reunió también a directivos de la Asociación Nacional del Ciego (Anci), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) y la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (Acpdi), organizaciones que en total agrupan una comunidad de una cuatrocientas mil personas.
La representante de la Aclifim, agrupación creada en 1976 y que cuenta con 94.000 asociados, de los cuales 14.000 usan silla de ruedas, enfatizó la necesidad de que las familias y las comunidades conocieran que las personas con discapacidad son «entes activos» que no pueden ser excluidos.
«Es una batalla que tenemos que seguir potenciando, porque la vida está muy dura. Hay mucha pérdida de valores en la sociedad», agregó la también abogada.
El proceso de consulta de la nueva ley de 525 artículos, ante los distintos colectivos laborales de Cuba, se extendió desde el 8 de septiembre hasta el 5 de diciembre. La norma a sustituir, la Ley 116, tiene 194 artículos, es de 2013 y se actualizó por última vez en 2020.
«El nuevo código de trabajo sin duda despierta muchísimas expectativas. En ese proceso de consulta, las personas con discapacidad hemos podido aportar y tenemos la relación directa con la Comisión (de redacción de la ley)», dijo en la conferencia Jorge Luis Cala, presidente de la Anci.
El anteproyecto prioriza en su artículo 33 a las personas en situación de discapacidad y egresados de la «educación especial», en la obtención de empleo, a partir del principio de capacidad demostrada y en correspondencia con las posibilidades existentes en cada municipio.
La educación especial en Cuba apoya el desarrollo educativo del estudiante con algún tipo de necesidad, hasta los dieciocho años, mediante una atención especializada y diferenciada, fuera del sistema docente «ordinario».
La nueva norma ofrece, además, beneficios fiscales a los empleadores que contraten a estas personas, estímulo que no existía en el código anterior.
Asimismo, estos deberán hacer los ajustes razonables a los puestos de trabajo, según «las posibilidades disponibles», para garantizar el acceso, movilidad y desarrollo de las personas en situación de discapacidad y puedan ejercer el trabajo en igualdad de condiciones y desempeñar los cargos en los que están preparados, indica la ley.
«Siempre hemos defendido que no es dar un empleo a la persona con discapacidad para que esté ahí y tenga un sustento económico, sino para que se sienta realizada y sea competente en el mercado laboral. Eso conlleva todo un proceso de capacitación de las personas (tanto del empleado como del empleador)», señaló Cala.
Con la norma, de ser aprobada en 2026 –cuando se presentará ante el parlamento local–, se implementarían principios clave de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, tratado internacional adoptado por este órgano el 13 de diciembre de 2006 y ratificado por Cuba.
Ajustes razonables e indispensables
El proyecto Tocando la Luz ha proyectado desde 2011 en salas de cine cubanas –y desde hace dos años, en televisión– más de 120 películas con audiodescripciones creadas por la propia iniciativa, para personas con discapacidad visual.
Para Jorge González Frómeta, su fundador y director, la aceptación es, «al principio», uno de los principales desafíos para las personas con discapacidad: «Mucha gente no los acepta y ese es su miedo», dijo a IPS.
No obstante, si bien debe seguir fomentándose la aceptación con mayor educación y cultura, el debate ya trascendió la lucha por el respeto, pues la constitución cubana prohíbe cualquier tipo de discriminación, incluida la de por razones de discapacidad.
En efecto, existen múltiples mecanismos legales para denunciar tales violaciones, pero aun así «se transgreden un millón de cuestiones elementales en la vida de las personas con discapacidad y no nos damos cuenta», explicó Ballesteros.
«Hemos capacitado mucho a nuestros asociados en la defensa de sus derechos, porque en ocasiones un apoyo (la persona que asiste a una persona con discapacidad) se convierte en un problema… nos está faltando todavía la formación más intensiva a esas personas de apoyo», y no podemos permitir que se violen más derechos, añadió.
La capacitación y la garantía de los llamados ajustes razonables para una mayor accesibilidad, suele ocupar el centro de muchos debates sobre inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.
La presidenta de la Aclifim dijo que sus más de 15.000 asociados insertados en el empleo ordinario no podrían alcanzar la autonomía económica si los empleadores no cumplen con los ajustes razonables que exige la ley.
Por su parte, la presidenta de la Acpdi, Maylín Oliva, destacó en la conferencia la creación de su Centro de Habilidades y Cuidados para personas con discapacidad intelectual mayores de dieciocho años, una institución formativa que prepara para la inclusión laboral, así como otras las asociaciones «hermanas» –así se catalogan entre ellas– tienen los suyos, adaptados a sus propias necesidades.
«Desde ahí haremos un mapeo comunitario, buscaremos ajustes razonables y sensibilizaremos a los empleadores ¿Por qué un centro laboral no puede incluir a una persona con discapacidad intelectual?», se cuestionó Oliva.
