La Comisión Europea ha llevado este 2 de julio de 2020 a Austria, Bélgica y los Países Bajos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando sanciones pecuniarias, por no incorporar plenamente en su Derecho nacional la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales.
Según indicó el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis «contamos con normas sólidas de la UE, pero deben aplicarse de manera sistemática y eficiente, y garantizaremos que todos, tanto en el sector público como en el privado, apliquen las normas con rigor; hemos iniciado numerosos procedimientos de infracción para garantizar la plena incorporación y aplicación de nuestras normas», informa Servimedia.
En concreto, tras una evaluación de las medidas notificadas por estos estados miembros, la Comisión ha concluido que la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales «no ha sido plenamente incorporada en el Derecho nacional».
Según señala la Comisión «la incorporación incompleta se refiere a aspectos fundamentales del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, tales como la legislación en materia de apuestas y juegos de azar (Austria), los mecanismos mediante los cuales intercambian documentación e información las unidades de información financiera (Bélgica) y la información que debe facilitarse sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas (Países Bajos)».
Todos los estados miembros tenían que aplicar las normas de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales para el 26 de junio de 2017, por lo que, una vez expirado este plazo, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra todos los estados miembros, puesto que ninguno de ellos habían notificado la incorporación completa de dicha Directiva.
Así, siguen abiertos procedimientos de infracción por incorporación incompleta contra ocho estados miembros, de los cuales tres han recibido dictámenes motivados; hay procedimientos pendientes ante el Tribunal de Justicia contra dos Estados miembros; y hoy la Comisión ha decidido llevar a otros tres estados miembros ante el Tribunal de Justicia.
