El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial informa de que los principales indicadores de la violencia machista experimentaron durante el segundo trimestre de 2022 un significativo aumento con respecto al mismo periodo del año anterior en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid.
El número de denuncias por violencia de género subió un siete por ciento al registrarse un total de 6958, una cifra también superior a la de denuncias presentadas en el primer trimestre de 2022, cuando sumaron 6504. El número de mujeres víctimas ascendió a 6878, un 7,4 por ciento más que en el mismo periodo de 2021.
El Informe anual sobre violencia de género hecho público hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial recoge también la evolución a la baja de las órdenes de protección acordadas por los juzgados madrileños durante el trimestre analizado, en total 663, lo que supone un 20,4 por ciento menos que hace un año, cuando fueron 833. También descendió un 3,1 por ciento el número de órdenes de protección incoadas (de 1520 a 1473).
Denuncias presentadas por terceros
Entre los meses de enero y marzo se registraron un total de 6958 denuncias por violencia de género en la Comunidad, un 7 por ciento más que hace un año, en el que fueron 6504. Un año más, en torno a siete de cada diez denuncias (72,7 por ciento) fueron presentadas por las víctimas bien directamente en el juzgado bien en comisaría; las denuncias presentadas por los familiares, 106 en total, volvieron a representar un porcentaje muy bajo (1,64 por ciento) con respecto al total de denuncias.
Durante el trimestre analizado, las denuncias presentadas por los servicios asistenciales y terceros fueron 185, lo que supone un 2,6 de las denuncias presentadas.
Las denuncias por intervención directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado (1274) fueron el 19,7 por ciento del total.
Las mujeres víctimas de violencia machista ascendieron a 6876 en la región, cifra que representa un aumento del 7,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2021, durante el que se contabilizaron 6407 El porcentaje de mujeres víctimas de nacionalidad española se mantiene constante, con leves variaciones, desde hace años. Entre abril y junio, las que tenían esta nacionalidad fueron el 57,1 por ciento del total de víctimas del trimestre.
Estos datos se traducen en un aumento de la tasa de mujeres víctimas por cada diez mil mujeres registrada en toda España, que ha pasado de 16,6 en el segundo trimestre de 2021 a 18,4 (1,8 puntos más).
Por encima de la media nacional se situaron Murcia (28,5), Baleares (27,6), Comunidad Valenciana (24,2), Canarias (21,5), Andalucía (21,3) y Madrid (19,6). Por debajo de la tasa nacional, Cantabria (17,4), Extremadura (16,4), Castilla-La Mancha (15,6), Navarra (14,9), Asturias (14,7), Aragón (14,6), Cataluña (14,4), La Rioja (14), País Vasco y Galicia (13) y Castilla y León (11,6).
Desciende el número de víctimas que no declaran contra su agresor
En el periodo analizado, 811 mujeres víctimas de violencia de género se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar, lo que equivale a algo más de una de cada diez (11,7 por ciento). Estas cifras se sitúan por debajo de las registradas hace un año, cuando fueron 1021 (un 25,8 por ciento menos) las víctimas que se negaron a prestar declaración contra su agresor. La tendencia a la baja se mantiene por segundo año consecutivo tras la reforma del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año pasado.
Del total de mujeres que se acogieron a la dispensa, 414 eran españolas y 397 eran de otras nacionalidades.
Órdenes de protección solicitadas y concedidas
Entre los meses de abril y junio, se incoaron por los órganos judiciales madrileños un total de 1638 órdenes de protección. De ellas, 1473 fueron solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer y 165, ante los juzgados de guardia.
Las órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados de guardia de la región sumaron un total de 727, lo que equivale a casi una de cada dos órdenes solicitadas (46,06 por ciento), un porcentaje algo inferior pero muy aproximado al registrado hace un año, cuando las órdenes de protección acordadas fueron el 54,8 por ciento del total de las incoadas.
Si se analizan por separado las órdenes de protección incoadas y acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados de guardia madrileños, se observa que los primeros acordaron 615 (el 43,4 por ciento de las 1414 que le fueron solicitadas), mientras que los juzgados de guardia acordaron 112 (el 67,8 por ciento de las 165 que le fueron solicitadas).
Dos de cada tres mujeres (el 58,5 por ciento) que solicitaron protección eran españolas y un 0,3 por ciento del total (tanto españolas como extranjeras) eran menores de edad. Estos porcentajes son muy similares a los del mismo trimestre del ejercicio anterior, si bien el que se refiere a las víctimas menores de edad ha experimentado un leve descenso.
Medidas judiciales penales y civiles derivadas de las órdenes de protección
Los juzgados madrileños acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, un total de 1468 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores), lo que supone un descenso del 29 por ciento respecto al mismo periodo de 2021. Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (611), que representaron el 41,6 por ciento del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (708), un 41,4 por ciento.
Aumenta un 453 por ciento la suspensión del régimen de visitas
Las medidas civiles dictadas por los órganos judiciales de Madrid, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal, sumaron un total de 627, lo que ha supuesto un aumento del 3,1 por ciento con respecto al ejercicio anterior.
Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (175), que representaron el 27,9 por ciento del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (168), el 26,7 por ciento del total.
Un trimestre más, el aumento más significativo se ha dado en la medida consistente en la suspensión del régimen de visitas: de las 26 medidas de este tipo acordadas en el segundo trimestre de 2021, se ha pasado a 144, lo que ha supuesto un aumento del 453 por ciento.
Este incremento es consecuencia de la aplicación por los jueces y juezas de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que modificó el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión del régimen de visitas «cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido» con la violencia de género.
La suspensión del régimen de visitas supuso el 22,9 por ciento de las medidas civiles adoptadas y la suspensión de la guarda y custodia (56), el 8,9 por ciento.
Los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid acordaron también diecisiete medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.
Alarma ante el aumento del número de víctimas
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, ha expresado su preocupación ante el aumento del número de víctimas. Las 44.543 mujeres víctimas del segundo trimestre de 2022, un periodo que ya no se ve afectado por las consecuencias de la pandemia, nos sitúan en cifras más altas que las que se registraron antes de la irrupción del COVID-19 (40.687 en el último trimestre de 2019 y 36.185 en el primer trimestre de 2020).
El aumento del número de víctimas conlleva un incremento de las denuncias, que también ha sido significativo al situarse en 6.958. Esta cifra es también superior a las registradas en los trimestres previos a la pandemia: en el último trimestre de 2019 se contabilizaron 42.232 denuncias y en el primero de 2020, 36.185.
Ángeles Carmona considera que la lectura de estos datos nos lleva a una doble conclusión: de un lado, constatan que la violencia de género se mantiene como un problema de primer orden en España y que ninguna de las instituciones implicadas en acabar con esta lacra debe bajar la guardia; por esta razón les insta a seguir trabajando, como lo han hecho hasta ahora, en la mejora constante de la red de protección de las mujeres y en la respuesta eficaz ante este tipo de delitos: «Las instituciones somos en muchos casos el último recurso que le queda a la víctima para salir de la situación de violencia. Es importante no cejar en el esfuerzo, seguir al lado de todas esas mujeres y de sus hijos e hijas».
Los datos recogidos en este informe prueban de forma clara que en España las distintas administraciones implicadas en la lucha contra la violencia machista trabajan en la dirección correcta, asegura Carmona. En el segundo trimestre de 2022, los órganos judiciales dictaron un 8,7 por ciento más órdenes de protección que en el mismo periodo de 2021, casi ocho de cada diez órdenes solicitadas.
Califica de «muy significativo» el aumento un trimestre más de la medida civil consistente en la suspensión del régimen de visitas como consecuencia de la aplicación por los órganos judiciales de la reforma legislativa llevada a cabo el pasado año. Se acordaron 1193 medidas de este tipo, un 43,2 por ciento más que en el primer trimestre de 2022 (durante el que la reforma ya estaba en vigor) y un 329 por ciento más que en el segundo trimestre de 2021, antes de la modificación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia.
