Ante las noticias que apuntan a un empeoramiento de los datos sobre contagio por COVID-19 en España y la posibilidad de que se acuerden nuevas restricciones de movilidad o, incluso, un segundo confinamiento domiciliario, las asociaciones profesionales más representativas han formulado un llamamiento al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia para adoptar las medidas necesarias que permitan mantener la actividad:
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente, señalan que para conseguir este objetivo:
- 1º- La Justicia no puede parar. El derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos no debe quedar suspendido por la declaración del estado de alarma. Esto supone que, además de asegurar que se atienden los asuntos urgentes e inaplazables, ha de procurarse que, en la medida de lo posible, no se paralicen los demás.
- 2º- Lo anterior no es incompatible con que se garantice debidamente la seguridad y la salud de todos cuantos trabajan, prestan servicios o se relacionan diariamente con los juzgados y tribunales.
- 3º- Como consecuencia de los anteriores puntos, en el marco de las disposiciones legales actualmente vigentes debe garantizarse:
(a) que los juzgados y tribunales dispongan de medios adecuados para que las actuaciones judiciales se celebren, en lo posible, por medios telemáticos;
(b) que el personal de Justicia pueda trabajar desde sus domicilios para la tramitación de los asuntos;
(c) que, en aquellos casos en los que debido a las condiciones sanitarias no fuera posible desempeñar la actividad judicial en alguna sede u órgano judicial, existan espacios alternativos disponibles y personal de emergencia seleccionado para el caso;
(d) que en todas las sedes judiciales se disponga de los medios precisos para el adecuado cumplimiento de las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias.
Desde estas premisas, las asociaciones firmantes ofrecen colaboración para diseñar los planes de actuación que se consideren necesarios a fin de afrontar la situación de la manera menos perjudicial posible.
