Nuevas operaciones de seguridad por parte de Israel, expulsiones en Jerusalén Oriental, y los asentamientos de colonos, ponen en peligro la viabilidad de un Estado palestino, advierte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), informa la IPS desde Ginebra.
«En el campo de refugiados de Shu\’fat (noreste de Jerusalén), allanaron decenas de casas y tiendas, arrestaron al menos a veinticinco palestinos, confiscaron propiedades y se incautaron de diez vehículos privados», dijo Thameen al Jeetan, portavoz de la oficina del alto comisionado.
En otra operación a gran escala dirigida contra el barrio de Kafr Aqab (suburbio al norte de Jerusalén) y los límites del campo de refugiados de Qalandiya (poblado entre Jerusalén y Ramalá, al norte), las fuerzas de seguridad israelíes habrían demolido setenta estructuras palestinas.
«Esto parece ser parte de los preparativos para importantes proyectos de asentamiento en la zona», observó Al Jeetan.
En Cisjordania, de 5655 kilómetros cuadrados, habitan tres millones de palestinos y más de quinientos mil colonos israelíes en cerca de doscientos asentamientos; éstos últimos, a expensas de propiedades palestinas ocupadas a lo largo de seis décadas.
En paralelo a las operaciones de seguridad y destrucciones, se intensifica la presión sobre los residentes palestinos mediante procedimientos administrativos y judiciales destinados a su expulsión, indicó Al Jeetan en rueda de prensa en esta ciudad suiza.
Acnudh ha indicado que Israel emitió órdenes de desalojo desde el 23 de enero contra unas veinte familias palestinas en el Barrio Musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén y en otras dos zonas del viejo barrio de Silwan, al sureste de la ciudad.
La medida se produce tras una serie de avisos similares emitidos en los últimos dos meses, que afectan a cientos de palestinos que siguen en riesgo de desplazamiento forzoso en el área de Silwan.
En diciembre, las autoridades israelíes lanzaron licitaciones para la construcción de más de tres mil unidades de vivienda en la zona ubicada entre tres de los centros urbanos palestinos más importantes: Jerusalén Este, Ramalá y Belén.
Esta aceleración de la colonización forma parte de un contexto más amplio de violencia persistente, marcado por numerosas muertes palestinas y una falta de procesamientos efectivos.
Entre el 7 de octubre de 2023 -cuando se inició la guerra entre la milicia islamista Hamas y el ejército de Israel en la Franja de Gaza – y el 5 de febrero de 2026, las fuerzas israelíes y los colonos asesinaron a 1054 palestinos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental.
Doce murieron dentro de Israel. Durante el mismo período, se informó de la muerte de 62 israelíes en ataques o enfrentamientos armados palestinos, tanto en Cisjordania como en Israel.
Además de este coste humano, la vida cotidiana de los palestinos se ve afectada por los desplazamientos forzados y la demolición de viviendas.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) informó que desde el pasado 20 de enero 2026 «se registraron más de cincuenta ataques de colonos israelíes que han resultado en víctimas, daños materiales o ambos».
Eso se suma al desplazamiento forzado de decenas de miles de palestinos en la Cisjordania ocupada desde el año pasado, en particular durante la operación militar israelí denominada «Muro de Hierro» hace un año, que tuvo como objetivo tres campos de refugiados.
Según informes de las Naciones Unidas, más de 32.000 personas desplazadas por la fuerza de los campos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams (norte y noroeste cisjordano) aún no pueden regresar a sus hogares. Para muchos, sus hogares han sido destruidos por las fuerzas israelíes.
Al Jeetan afirmó que «la continua expansión de los asentamientos solo reforzará la segregación racial contra el pueblo palestino y retrasará el ejercicio de su derecho a la autodeterminación».
La alternativa de un Estado palestino reconocido es rechazada por Israel, aunque la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas la defienden y promueven como solución al conflicto de casi ochenta años entre el Estado de Israel y los palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental.
