Amnistía Internacional ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por el uso y la regulación de las pistolas Taser en España, e incluye nuestro país en un informe titulado «Todavía no puedo dormir por las noches”: El abuso global del material de descarga eléctrica» en el que documenta que organismos encargados de hacer cumplir la ley utilizan de forma abusiva armas de descarga eléctrica por contacto directo, como pistolas paralizantes y porras eléctricas, en la calle, en las fronteras, en centros de detención de personas migrantes y refugiadas, en instituciones de salud mental, en comisarías de policía, en prisiones y en otros lugares de detención.
La incorporación de estas armas en el equipamiento policial debería ir precedida de una evaluación exhaustiva sobre las necesidades operativas que justifican su adquisición, debido a los riesgos que conllevan de causar lesiones graves o incluso la muerte, y la posibilidad de abusos en su utilización, sostiene Amnistía.
Actualmente, en España, Amnistía Internacional tiene conocimiento de que la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos de Esquadra y agentes de la Policía Local de al menos 62 municipios correspondientes a trece Comunidades Autónomas hacen uso de dispositivos de descarga eléctrica.
«Son armas potencialmente letales que además son particularmente nocivas cuando se utilizan frente a grupos identificados como especialmente vulnerables a sus efectos, como personas con cuadros de crisis mental, bajo los efectos del alcohol y/o bajo los efectos de las drogas. Y precisamente algunos cuerpos policiales están justificando la adquisición de las Taser para hacer frente a estos grupos, algo muy preocupante», asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
En España, cada vez más fuerzas policiales están adquiriendo armas Taser en los últimos años, evidenciando preocupaciones claras para Amnistía Internacional en lo referente a los criterios en los que se basan las decisiones para incorporar este armamento en el equipamiento policial y a los protocolos de uso.
Los criterios en los que se basan las decisiones para adquirir este armamento no responden por lo general a necesidades operativas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, si no a justificaciones vagas y genéricas. Por ejemplo, la necesidad de actualizar el equipamiento con las últimas innovaciones tecnológicas disponibles (Policía Nacional), o para colmar un supuesto vacío entre la defensa policial y el arma de fuego (Mossos d’Esquadra) o para hacer frente a personas con problemas de salud mental o drogodependientes (policías locales de Oviedo, Marbella o La Bañeza).
Los protocolos de uso permiten la utilización de Taser en circunstancias y supuestos que van más allá de lo que permiten los estándares internacionales, que restringen su uso a situaciones de amenaza inminente para la vida y de lesiones graves. Por ejemplo, los protocolos de Policía Nacional o Mossos d’Esquadra permiten el uso de Taser para evitar riesgos para la seguridad ciudadana, o no lo prohíben en el contexto de manifestaciones, ni tampoco lo prohíben en el caso de grupos vulnerables como personas con cuadros de crisis mental.
El protocolo de la policía local de Oviedo contempla el uso de Taser en modo aturdidor (drive-stun), directamente contra la piel, un modo de uso que debería estar prohibido. El protocolo de la policía local de Seseña (Toledo) permite el uso de Taser si una persona manifiesta intención de ofrecer resistencia a la detención. Hay policías locales que directamente no cuentan con protocolo, como Castrillón en Asturias, o Aguilar de Campoo o Toral de los Vados en Castilla y León.
En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de la utilización de Taser contra personas con algún problema de salud mental, que son especialmente vulnerables a este tipo de armas, como la muerte de un hombre, en noviembre de 2021 en Badalona, tras recibir seis descargas por parte de agentes de los Mossos d’Esquadra; el de una mujer que recibió tres descargas en Sabadell, en noviembre de 2020, en un centro de atención primaria, también por agentes de Mossos d’Esquadra, y más recientemente, en 2024, en Pontevedra, cuando se utilizaron contra una persona que padecía una enfermedad de salud mental, por agentes de la policía local de Poio.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades españolas que avance en la creación de una legislación estatal que contenga las correspondientes garantías y salvaguardas en la introducción y utilización de este tipo de armas.
Y considera esencial garantizar una formación adecuada para los agentes, establecer protocolos claros y asegurar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para prevenir posibles abusos.
Iniciativas concretas
Las preocupaciones sobre armas Taser han sido trasladas por Amnistía Internacional en Cataluña a los Mossos d’Esquadra, que usan Taser desde 2018, y a la Guardia Urbana de Barcelona, que está en proceso de incorporar este armamento y a cuyo protocolo ha hecho comentarios la organización.
También en Asturias la organización ha hecho comentarios al protocolo de la policía local de Oviedo y se ha dirigido a la Dirección General de Custodia del Territorio e Interior instando a la estandarización de los protocolos conforme a estándares internacionales.
En Castilla y León la organización se ha dirigido a los ayuntamientos de Burgos, Valladolid, Aguilar de Campoo (Palencia), Toral de los Vados (León) y La Bañeza (León).
De igual modo la organización en Castilla la Mancha se ha dirigido a los ayuntamientos de Toledo, Talavera de la Reina, Fuensalida, Alcázar de San Juan, Albacete, Guadalajara, Seseña y Ciudad Real.
En Galicia, Amnistía Internacional se ha dirigido a la Policía Nacional en Vigo y al Ayuntamiento de Redondela. En Euskadi, la organización se ha dirigido al Ayuntamiento de San Sebastián.