Amnistía Internacional ha expresado su rechazo al archivo de la única querella por torturas durante el franquismo que llegó a juicio en España, interpuesta por Julio Pacheco Yepes, y llama al Ejecutivo y al Legislativo para que adopten medidas que reviertan este marco de impunidad
El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha cerrado el caso debido a la prescripción de los hechos, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional, lo que ha reavivado las críticas por la falta de justicia para las víctimas de la dictadura.
Crímenes de lesa humanidad
El 12 de mayo de 2023, la jueza Ana María Iguácel Pérez admitió a trámite la querella criminal presentada por Julio Pacheco, quien denunció las torturas sufridas en agosto de 1975 bajo el régimen franquista.
Fue un hecho histórico, ya que, por primera vez, una víctima de la dictadura pudo declarar ante los tribunales españoles sobre crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, un año después, la jueza archivó la causa siguiendo el Auto 57/2024 del Tribunal Constitucional, que dictamina que la Ley de Memoria Democrática no es suficiente para permitir la investigación de estos crímenes bajo el Derecho Internacional.
Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones de derechos humanos, como CEAQUA, Iridia y Sira, han denunciado que esta decisión consolida un modelo de impunidad inadmisible en un Estado de Derecho.
Estas organizaciones también han anunciado la presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, mientras instan al Gobierno y al Parlamento a promover reformas legislativas que permitan la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo.
Entre las medidas solicitadas, destacan la derogación o modificación de la Ley de Amnistía de 1977 y la inclusión en el Código Penal de mecanismos que garanticen la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales.
Amnistía Internacional ha subrayado que la Ley de Memoria Democrática de 2022 es insuficiente, ya que, desde su entrada en vigor, todas las querellas presentadas han sido archivadas.
La ONG advierte que la responsabilidad de mantener este marco de impunidad no recae solo en el poder judicial, sino también en el legislativo y el ejecutivo, y que es urgente que se tomen acciones para garantizar la justicia para las víctimas de la dictadura franquista.