La Confederación General del Trabajo (CGT) ha valorado la decisión de la justicia de archivar el procedimiento penal contra Santi de la Iglesia, militante anarcosindicalista y secretario general del Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid de la CGT, quien en febrero de 2021 se enfrentó a un grupo de miembros de la organización nazi Bastión Frontal cuando intentaban boicotear la protesta pacífica en la que participaba junto con numerosas organizaciones convocantes.
CGT ha mantenido desde el principio que la actitud de los miembros de Bastión Frontal aquella mañana dio lugar a momentos de mucha tensión, puesto que tenían la clara intención de provocar a quienes participaban en la manifestación.
CGT explica que si bien es cierto que en un primer momento este grupo de nazis fue abucheado y expulsado de la manifestación, también lo es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les escoltaron en todo momento para «proteger el derecho de manifestación de todo mundo», algo que les sirvió para envalentonarse y continuar provocando con el objetivo de reventar el acto.
CGT recuerda que Santi de la Iglesia fue detenido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía por plantar cara a este grupo de fascistas, acompañados por agentes en todo momento y donde la actitud de unos y otros puede corroborarse por las innumerables imágenes que existen de esos momentos de tensión.
El anarcosindicalista Santi de la Iglesia declaró finalmente por estos hechos el 10 de junio 2021 en el Juzgado de Instrucción número veinte de Plaza de Castilla, y el 14 de junio el tribunal decretó el «sobreseimiento y archivo de las actuaciones por falta de relevancia penal suficiente».
Desde CGT explican que ha quedado demostrado «el sinsentido de la detención del compañero de CGT Zona Sur y sobre todo el abuso que determinados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen en este tipo de concentraciones, manifestaciones y protestas de las clases populares y la clase trabajadora».
CGT, en un comunicado emitido durante este fin de semana, ha exigido al Gobierno «más progresista de la historia democrática de España» la derogación de la «ley mordaza, promesa electoral de las formaciones políticas que actualmente conforman el Ejecutivo de PSOE-UP, y de todas las leyes represivas del Estado, encaminadas desde hace años a mitigar la protesta y la movilización de las clases populares ante las injusticias y abusos de los poderosos».
