El Consejo de Ministros ha aprobado este 28 de diciembre de 2021 un Real Decreto-ley que recoge el acuerdo alcanzado entre Gobierno, sindicatos y empresarios el pasado 23 de diciembre para reformar estructuralmente el mercado laboral.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que la reforma es «un acuerdo de país» porque se ha pactado con los agentes sociales, incorpora a trabajadores de todas las generaciones y recupera los derechos que estos han perdido en los últimos años.
Díaz ha añadido que la norma «pasa página a la precariedad laboral en España», rompe con los contratos basura y mejora la calidad en el trabajo, lo que repercutirá en la mejora de las pensiones públicas.
Principales medidas de la reforma laboral
Negociación colectiva
La norma recupera la ultraactividad con carácter indefinido. Las condiciones establecidas en un convenio colectivo seguirán en vigor después de que finalice su vigencia expresa.
Se deroga la prevalencia salarial del convenio de empresa sobre otros convenios. Yolanda Díaz ha señalado que solo podría aplicarse en el caso de que la empresa contratista o subcontratista tuviera un convenio propio que mejorase las condiciones del sector.
El contrato ordinario es el contrato indefinido
La vicepresidenta ha subrayado que el contrato ordinario en España es el contrato indefinido, y desaparece el contrato por obra o servicio: «Vamos a un único contrato temporal en el que recuperamos la causalidad, que tiene que estar profundamente motivada y restringida».
Díaz ha explicado que solo existe un contrato de duración determinada, que podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora.
Por otra parte, la vicepresidenta ha resaltado que si las empresas cometen algún tipo de irregularidad contractual con el trabajador, este pasará a formar parte fija de la plantilla.
Además, las sanciones y las infracciones empresariales se individualizan y serán de hasta un máximo de diez mil euros por cada trabajador afectado.
Contratos de la construcción y fijos-discontinuos
En el sector de la construcción los contratos por obra pasan a ser indefinidos. La empresa, una vez finalizada la obra, deberá recolocar a sus trabajadores en otra u ofrecerles formación o recualificación.
Yolanda Díaz también ha señalado que los contratos fijos-discontinuos tienen los mismos derechos de protección social que el resto de los contratos.
Contratos formativos
Los contratos de formación presentan dos modalidades: formación en alternancia y obtención de la práctica profesional.
Los primeros pueden concertarse con personas de cualquier edad, salvo en el caso del Catálogo de Cualificaciones Profesionales, con límite de hasta treinta años, y con una duración máxima de dos años. La retribución se adaptará al convenio y no podrá bajar de 60 por ciento el primer año, y del 75 por ciento del segundo año, y nunca será menor al Salario Mínimo Interprofesional proporcional a la jornada.
Los contratos para la obtención de la práctica profesional podrán celebrarse hasta tres años después de obtenida la certificación y tendrán una duración de entre seis meses y un año.
Administraciones públicas y becarios
La vicepresidenta ha resaltado que el personal que acceda a las administraciones públicas mediante procesos selectivos no podrá ser despedido.
Además, ha anunciado que el Gobierno y los agentes sociales van a desarrollar el Estatuto de las Personas Becarias.
Asimismo se aplicará un plan específico de salud laboral destinado a los menores.
Acabar con las disfuncionalidades del mercado laboral
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que la reforma laboral pretende acabar con las disfuncionalidades existentes en el mercado de trabajo.
La primera disfuncionalidad es que España tiene tasas de desempleo muy elevadas por el desajuste entre lo que ofrece el mercado de laboral y la capacitación de los trabajadores. La reforma, ha dicho el ministro, pone énfasis en la formación dentro de la empresa y contempla incentivos públicos para que estas inviertan en formación.
«Hay que dejar atrás la idea de que España tiene que competir a través de la devaluación salarial. No. Tiene que trabajar con trabajadores más cualificados y con mayor capital humano», ha remarcado Escrivá.
La segunda disfuncionalidad es la precariedad. Para evitarla, el ministro ha señalado que la nueva norma desincentiva los contratos temporales.
Recurrir al despido en exceso es la tercera disfuncionalidad, según ha apuntado el ministro. Escrivá ha afirmado que «el despido tiene que ser la última opción», porque durante la pandemia se ha demostrado la utilidad de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES), acordados con los agentes sociales.
José Luis Escrivá ha explicado que la reforma laboral simplifica los procedimientos para que las empresas puedan acogerse a los ERTE. Los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) introducen cambios para facilitar su tramitación y aplicación en las pequeñas y medianas empresas. Además, a la aplicación de los ERTE por fuerza mayor se añade como causa el impedimento o limitación a la actividad normal de la empresa por decisiones de la autoridad gubernativa.
Por otro lado, la norma contempla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización en el empleo, que debe ser activado por el Consejo de Ministros, y que traslada al mercado laboral lo aplicado durante la pandemia para proteger las rentas salariales y el tejido productivo en caso de alguna perturbación externa.
El ministro también se ha referido a los ERTE sectoriales: «Puede producirse en algún sector, como resultado de la necesidad de una reestructuración, de un cambio tecnológico, de una situación transitoria en la cual haya que proteger el tejido productivo y a los trabajadores e intentar que el despido sea, de nuevo, el último recurso. Y por tanto, desarrollamos el ERTE sectorial, adicionalmente al ERTE cíclico y a los ERTES de empresa».
La cuarta disfuncionalidad, citada por el ministro, es la incertidumbre producida por la precariedad y por el desempleo, paliada por el acuerdo alcanzado con los agentes sociales.
Fortaleza y legitimidad del acuerdo
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Isabel Rodríguez, ha destacado la fortaleza y legitimidad del acuerdo: «Los agentes económicos y sindicales han cumplido el mandato constitucional de velar por el interés económico y social».
