Una orden del gobierno autonómico andaluz -que concierta la atención primaria y que fija en 65 euros el precio por la consulta en una policlínica privada- ha sido la chispa que ha desencadenado las movilizaciones de la ya dolorida población, que lleva años sufriendo el progresivo deterioro de la sanidad pública. Por ello, el pasado 25 de marzo decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en las ocho capitales provinciales andaluzas convocadas por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.
Sebastián Martín Recio declaraba como portavoz de la Marea Blanca andaluza que «el recorte acumulado que vienen sufriendo los presupuestos de la sanidad pública en Andalucía, en los últimos trece años, es de casi de veinte mil millones de euros. Lógicamente la mayor responsabilidad corresponde a los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía desde 2009 hasta 2019, pero con el PP también».
Zulema Olivencia Villegas, coportavoz de la Marea Blanca de Almería y coordinadora de la manifestación en dicha capital, denunciaba en una entrevista para Chispas y De Verdad Digital, que privatizar la Atención Primaria «es una de las medidas que más peligro conlleva para los ciudadanos de a pie. El uso de la atención primaria, como bien indica su nombre es algo prioritario y que debería ser universal y de calidad, no estar en manos de unos pocos para lucrarse de ello».
Los problemas en la sanidad pública andaluza y sus causas
Los problemas que diariamente aparecen en la sanidad pública andaluza son la saturación asistencial, la falta de personal, las listas de espera para la atención de los especialistas, los tiempos de demora en la atención primaria y el poco tiempo dedicado a los pacientes.
Con mayor o menor intensidad son los mismos problemas que sufre la población en todas las autonomías, pero en Andalucía los tres golpes infligidos a la sanidad pública andaluza están causando su mayor deterioro y acelerando su privatización.
El primero golpe han sido los recortes por valor de más de veinte mil millones de euros llevados a cabo en los últimos años. El segundo -y muy torticero- ha sido el aumento aparente del presupuesto público, bandera que levanta la Junta de Andalucía, para en realidad desviarlo a la sanidad privada. Un millón de pacientes han sido enviados al sistema privado durante el año 2022.
Y el tercero ha sido ya un torpedo por debajo de la línea de flotación. Con la orden del gobierno autonómico aparece por primera vez el precio a pagar por cada consulta con un médico de familia privado; e, incluso, permite el uso de las instalaciones e infraestructuras de la sanidad pública para tales derivaciones de la atención primaria a médicos privados.
Pero Canarias también privatiza
El mismo día, 25 de marzo, en dos comunidades autónomas gobernadas por partidos de distinto signo político, la población se manifestaba en todas sus capitales de provincia. El objetivo era el mismo, con la peculiaridad de cada lugar, en defensa de la sanidad pública y contra su privatización.
Y las pancartas canarias decían «se vende tu sangre», «plantillas deficientes, riesgos para los pacientes», «llevo veinticuatro horas trabajando ¿te atiendo?», «no más contratos basura».
En Canarias se han unido colectivos ciudadanos y organizaciones del personal sanitario para reivindicar un servicio público y de calidad, y contra la privatización que supone desviar el dinero público. En la particularidad canaria se une el peligro de una privatización encubierta del Banco de Sangre, mediante el cambio del modelo de gestión convirtiéndolo en una entidad pública empresarial.
Como declaró Daniel Quintero, portavoz del colectivo ICHH Público, colectivo de trabajadores que lleva en lucha desde hace 320 días y que pertenecen al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH y conocido coloquialmente como Banco de Sangre): «no queremos que se haga negocio con la sangre, porque de ella se sacan medicamentos, especialmente del plasma derivado, y no queremos que ninguna empresa de gestión privada maneje ese material».
Como denuncia el manifiesto conjunto de los diversos colectivos convocantes leído en las manifestaciones «en los últimos años hay una campaña generalizada en nuestro país para desprestigiar y desmantelar los servicios públicos de salud», para así dar pasos en su privatización, lo que conllevará un empeoramiento de la calidad de los servicios sanitarios «porque los modelos privatizadores tienen unos costes muy superiores, y avanzan inexorablemente hacia una sanidad donde el derecho de protección de la salud, pasa de ser un derecho de todos los ciudadanos para convertirse en un privilegio para aquellos que puedan pagárselo».
‘Cuida a los que te cuidan’
Es un lema que suele aparecer en las pancartas de las marchas ciudadanas a lo largo y ancho de toda España, por ejemplo, en las manifestaciones del 25 de marzo en Andalucía y Canarias. Porque la población es consciente de que el deterioro de la sanidad pública que sufre descansa sobre el deterioro de las condiciones laborales del personal sanitario.
Esta necesidad es la misma en todas las comunidades. Porque, al estar la sanidad transferida, todas ellas, junto al gobierno de España, tienen pendiente invertir de verdad en contratar personal, pero sólo ofertan calmantes al personal actual.