El Parlamento andaluz ha aprobado una moción del Grupo Socialista que obliga al gobierno de la Junta a aumentar la plantilla y compensar económicamente el trabajo de los profesionales de la sanidad pública andaluza durante la pandemia de la COVID-19, con una paga extra del veinte por ciento de su sueldo durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.
El Partido Socialista «ha logrado así que el gobierno de Moreno Bonilla pase de las palabras a los hechos, y considere prioritario reconocer económicamente el esfuerzo titánico desarrollado por nuestros sanitarios», ha destacado el portavoz de Salud del Grupo, Jesús María Ruiz.
La moción socialista, apoyada por la mayoría de la Cámara regional, obliga además al gobierno andaluz a aumentar en al menos un veinticinco por ciento la plantilla de los centros de Atención Primaria de la comunidad, y le insta a garantizar la atención a las personas que residen en residencias de mayores, con el fin de «evitar el elevado número de fallecimientos que se han dado en estos centros durante la pandemia».
En el ámbito retributivo de los profesionales sanitarios, esta moción supone también la obligatoriedad de que el gobierno de PP y CS inicie el proceso de equiparación de retribuciones a la media nacional antes del 30 de junio del 2022.
Igualmente, el gobierno de Moreno Bonilla deberá aumentar el plan de atención sanitaria durante las vacaciones, aumentando la plantilla de profesionales contratada, y reforzar los centros de salud de los municipios donde hay una especial actividad turística, tanto en el litoral como en las zonas rurales de la comunidad.
Asimismo, la moción socialista obliga al gobierno de la Junta a garantizar la protección de todo el personal del Servicio Andaluz de Salud, incluyendo a las empresas externas, y a duplicar la plantilla del sistema de vigilancia epidemiológica antes de final de 2021 y a triplicarla antes de junio de 2022.
Cabe destacar, por último, entre las numerosas iniciativas que contempla la moción, la derogación de la orden del gobierno andaluz que prohibía a los profesionales sanitarios dar información o expresar su opinión de manera pública sobre el covid-19, conocida como «orden mordaza» de la Consejería de Salud.
