Amnistía se equivoca al responsabilizar al Gobierno de los contagios por COVID-19 de los sanitarios

Amnistía Internacional ha lanzado una iniciativa de recogida de firmas para pedir al Ministerio de Sanidad que priorice la protección del personal sanitario que atiende en primera línea a los contagiados por COVID-19, obviando que la primera responsabilidad de esa protección pertenece a las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas.

La responsable del trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales en la Sección Española de Amnistía, Marta Mendiola, justifica esta iniciativa en que ha tenido que ir actualizando el número de personas infectadas en el sector salud y ya había superado las treinta y cinco mil.

Y se aproxima algo a la realidad cuando afirma que las autoridades han tomado medidas aunque «no es suficiente», porque no hay que restar ni un ápice de la responsabilidad que le pueda corresponder al Gobierno de España, siempre que se sitúe el foco en el primer responsable de cada gobierno de Comunidad Autónoma.

No pongo en duda la imparcialidad de la Sección Española de Amnistía Internacional, a la que estoy asociado, y apunto a que no se han interpretado debidamente las declaraciones de «Miguel, un médico de atención primaria» que contó cómo «tuvo que atender a pacientes envuelto en bolsas de basura para protegerse» así como las de otros médicos y enfermeras de atención primaria que contaron que «hemos normalizado la reutilización de materiales. La mascarilla con filtro la uso durante una semana, te sientes mal, egoísta, por usar materiales porque no sabes si hay alguien que lo va a necesitar más que tu, no tenemos calzas ni gorros». 

Considero que a partir de esas declaraciones, Amnistía debería tener en cuenta que el Gobierno de España fue de los primeros en decretar el confinamiento cuando se alcanzaron las cifras de 120 personas fallecidas y 4231 personas infectadas, sobre los datos que se recibían de las autoridades sanitarias de cada Comunidad Autónoma, de donde se deduce que si los servicios de salud de atención primaria hubieran detectado unas semanas antes la extensión de la pandemia se hubieran tomado antes las medidas necesarias.

Siguiendo este razonamiento, la primera pregunta es por qué no se detectaron antes los casos de COVID-19 en España, y la segunda es por qué una vez detectados, los servicios de salud no contaban con el personal necesario dotado con medidas de protección así como de suficientes unidades de cuidados intensivos en los hospitales para hacer frente a la pandemia.

Hay que señalar también que Amnistía olvida en esta iniciativa mencionar al gran número de profesionales de atención a la tercera edad y a la dependencia en las residencias de mayores que han resultado afectados, a pesar de que la situación en la atención geriátrica en España viene siendo objeto de debate desde hace varios años.

Retornando a las decisiones del Gobierno de España, desde las primeras medidas que se tomaron al constatar que las comunidades autónomas no disponían de equipos sanitarios ni de equipos de protección personal suficientes (todos hemos aprendido en estas semanas el valor de los respiradores para las UCI y cómo deben ser los EPI) movilizó al personal destacado en el exterior para gestionar la compra de todo lo necesario, con las dificultades ya conocidas de superar la especulación privada en momentos en que desde todos los países desarrollados se competía por hacerse con ese material que, también hemos sabido ahora, no se fabricaba en España en cantidades suficientes.

Entre esas primeras medidas estuvo también el advertir a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas que el material que les aportaría el Gobierno de forma complementaria al que pudieran adquirir por sus propios canales, debía de ser destinado de forma preferente al personal sanitario y de residencias, y en segundo lugar al resto de funcionarios públicos que se encontraran en primera línea de riesgo de contagio.

Llegado el momento de establecer conclusiones, salvo que falte algún elemento en la descripción de este escenario, sostengo que toda iniciativa que se proponga movilizar a la opinión pública debería tener en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:

• España no detectó a tiempo los contagios por el COVID-19 que se estaban produciendo en España, hasta el punto que personas contagiadas entraron y salieron de España durante varias semanas antes de decretarse el confinamiento.
• Detectar esos contagios se debía haber producido en la Atención Primaria, y habrá que determinar por qué no se contó a tiempo con esos datos, y revisar el funcionamiento de la trasmisión de información desde las instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los gobiernos nacionales y desde estos a los gobiernos de las comunidades autónomas, sobre la necesidad de tener en cuenta al COVID-19 en los diagnósticos.
• Ya conocido que el COVID-19 se extendía por toda España, habrá que buscar la explicación de por qué la red hospitalaria que depende de las Comunidades Autónomas no contaba con las dotaciones suficientes de camas y UCI para hacer frente a la pandemia.
• También la explicación de por qué el personal sanitario que depende de las Comunidades Autónomas no contaba con los equipos de protección personal necesarios para tratar a personas contagiadas por un coronavirus tan virulento.
• Y otra explicación de por qué las residencias dedicadas a la atención geriátrica o de dependencia no contaban con los medios necesarios para gestionar una emergencia sanitaria.
• Dado que los responsables autonómicos siempre han argumentado que se «cumplían los protocolos» y los promedios de atención primaria y especializada, así como hospitalaria, habrá que determinar la responsabilidad de los gobiernos que se han sucedido en España en la determinación y seguimiento de esos protocolos y promedios en cada territorio.

Y una vez conocidos y agrupados todos los datos y todas las respuestas a los porqués planteados o que puedan plantearse, habrá llegado el momento de tomar decisiones que puedan evitar las consecuencias en vidas humanas de una pandemia futura.

Servirá para ello analizar los datos sobre cómo han enfrentado otros países la pandemia, si hay una relación entre las ratios de personal sanitario, camas y UCI por habitantes, entre los presupuestos por persona que se destinan a la atención sociosanitaria según las premisas anteriores, y para ello habrá que dejar de presumir o argumentar que se está en la «media europea», para asumir que se debe alcanzar a la mayor brevedad las ratio del país más avanzado, que en el ámbito de la Comunidad Europea parece ser Alemania.

Los partidos políticos deberán vigilar que en los presupuestos nacionales se incluyan las partidas necesarias para cumplir estos objetivos, y la ciudadanía vigilar que los partidos políticos cumplen o hacen cumplir a los gobiernos las nuevas responsabilidades presupuestarias que se van a derivar de esta pandemia.

Comparto que el Gobierno de España tendrá que explicar cómo ha gestionado en el estado de alarma las atribuciones que le otorgó el Congreso, pero ningún partido político que haya tenido responsabilidades en las administraciones autonómicas podrá exigir que esa explicación no tenga en cuenta la situación en que se encontraba la sanidad pública en cada una de esas comunidades autónomas y cómo las carencias acumuladas han limitado la respuesta a la pandemia.