Amnistía Internacional documentó, en una investigación llevada a cabo en diciembre de 2020, que las personas mayores, durante la primera ola de la pandemia, vieron vulnerados su derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna; y a pesar de la gravedad de los hechos, la organización ha denunciado cómo nueve de cada diez investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas.
Para denunciar esta falta de apoyo público, una furgoneta con el lema «Las familias tienen derecho a conocer la verdad» circuló esta semana por los alrededores del Congreso de los Diputados y por las calles del centro de Madrid proyectando unos vídeos con mensajes que exigen acabar con la impunidad que rodea a lo sucedido en las residencias de personas mayores, especialmente durante los primeros meses de la pandemia.
Amnistía Internacional pone en marcha esta iniciativa para denunciar que hasta el momento ningún grupo parlamentario de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso se ha sumado a su petición de crear una Comisión de la Verdad en el Congreso, después de que más de 35.000 personas mayores murieran en residencias y ni una sola persona haya sido declarada culpable.
«No se ha escuchado a las familias, no se ha investigado lo suficiente sobre por qué no se derivó a las personas mayores a los hospitales, y se han obstaculizado las pocas comisiones de investigación abiertas. No se asume que fue una masiva violación de derechos humanos, al contrario, las autoridades estatales y de las Comunidades Autónomas se pasan la patata caliente para eludir responsabilidades. Es difícil construir en estas condiciones un nuevo modelo residencial que respete los derechos humanos de las personas mayores. Pero aún estamos a tiempo de que las familias accedan a verdad y justicia: esperemos que los grupos parlamentarios rectifiquen», afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Tras la denuncia pública presentada por Amnistía Internacional, la Fiscalía General del Estado ha realizado una solicitud adicional de información a las Fiscalías Territoriales de Madrid, Cataluña y Castilla la Mancha. «Esperamos que éste sea un primer paso para un re-examen en profundidad de todos los casos archivados, que pueda dar lugar a la reapertura de aquellos en los que no se ha investigado de forma exhaustiva lo sucedido», señala Beltrán.
El nuevo modelo residencial, pendiente
La organización valora que el último borrador discutido entre Gobierno y Comunidades Autónomas de febrero de 2022 sobre el nuevo modelo residencial establezca unos criterios comunes respecto a los ámbitos de recursos materiales y equipamientos; recursos humanos; aseguramiento de la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias; así como que incorpore criterios e indicadores medibles en relación con las inspecciones, como, por ejemplo, un ratio mínimo de un inspector/a por cada veinticinco centros de atención residencial.
El último borrador incorpora un apartado sobre formación continua del personal de cuidados, que incluye formación sobre los derechos humanos de las personas mayores y personas con discapacidad, aplicación de utilización de EPIs y programas de inclusión de perspectiva de género, tal y como Amnistía Internacional había recomendado.
Sin embargo, la organización considera que el documento no concreta de forma clara indicadores específicos sobre la participación de las familias en situaciones de fuerza mayor o crisis como la vivida durante pandemia para evitar, en lo posible, medidas de confinamiento y restricción de derechos, garantizando, entre otros, el contacto regular entre los y las residentes y las familias y allegados.
Sobre la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud es necesario que se especifique que las decisiones médicas se basarán siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas y criterios éticos sobre la mejor evidencia científica disponible; que las instrucciones y los criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios en ningún caso incluirán criterios discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria. Por otro lado, las ratios de personal deben garantizar criterios y mecanismos para adecuar las plantillas de personal de residencias a las necesidades reales de atención de las personas dependientes.
El nuevo modelo residencial debe estar dotado de recursos suficientes que permitan una adecuada implementación a las Comunidades Autónomas, y dar cumplimiento de manera efectiva a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.
Además, es necesario que se especifique cómo van a acordar un procedimiento unificado para recoger y proporcionar datos a nivel autonómico y estatal sobre las personas mayores en residencias con un registro por género, edad, y discapacidad de los mismos.
Amnistía Internacional tiene en marcha la campaña #DignidadParaMisAbuelxs en la que lleva recogidas casi de 35.000 firmas para que no vuelva a haber muertes como éstas en las residencias de personas mayores y que las familias tengan acceso a la justicia.
