La muerte de Haitam Mejri, de 35 años, tras recibir múltiples descargas de arma táser por parte de agentes de la Policía Nacional en Torremolinos (Málaga), el 7 de diciembre 2025, ha encendido las alarmas en el ámbito de los derechos humanos.
La oenegé Amnistía Internacional reclama una investigación exhaustiva para esclarecer si la actuación policial vulneró derechos fundamentales, en un caso que reabre el debate sobre el uso de estas armas potencialmente letales en España.
Según la información recopilada por Amnistía Internacional, Haitam Mejri recibió al menos once descargas de táser, además de golpes, presión sobre el cuello y el tórax y la aplicación de espray irritante, antes de fallecer.
La organización considera que los hechos presentan indicios suficientes para investigar una posible vulneración del derecho a la vida y la prohibición de la tortura o tratos inhumanos o degradantes, recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Amnistía denuncia uso excesivo de la fuerza
Amnistía Internacional sostiene que la actuación policial no se ajustó a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. En su análisis, subraya que la víctima «en ningún momento constituyó una amenaza vital para los agentes», lo que cuestiona la proporcionalidad de la intervención .
Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional especializado en armas, advierte que «una actuación de violencia policial como esta no puede quedar impune, como tantas otras han quedado». Además, plantea una cuestión de fondo: «¿Tendremos que esperar otra muerte más para que se regule mejor el uso de este tipo de armas potencialmente letales?» .
La ONG alerta especialmente sobre el uso del táser en personas en estado de agitación o bajo efectos de sustancias, una práctica que incrementa el riesgo de muerte y sobre la que ya había advertido anteriormente.
Descargas reiteradas e inmovilización prolongada
Los datos recabados por la organización describen una actuación especialmente intensa. Según su investigación, la primera descarga se produjo cuando Haitam ya estaba parcialmente inmovilizado, con una muñeca engrilletada. Posteriormente, recibió varias descargas adicionales, incluso tras quedar completamente reducido .
Además, agentes aplicaron una maniobra de inmovilización con presión sobre el cuello y el tórax durante más de diez minutos, mientras continuaban las descargas eléctricas .
Para Amnistía Internacional, este tipo de uso del táser, especialmente en modo de contacto directo, «causa un dolor extremo que equivale a una forma de tortura u otros malos tratos» .
Investigación judicial archivada provisionalmente
El caso se encuentra actualmente archivado de forma provisional por el Juzgado de Instrucción nº1 de Torremolinos, a la espera de un informe forense. Sin embargo, la organización considera «sorprendente y muy preocupante» que no se hayan practicado diligencias básicas como la toma de declaración a los agentes implicados o a testigos presenciales .
Entre los elementos que generan inquietud, Amnistía destaca que los agentes interrumpieron deliberadamente la grabación de sus cámaras personales y que no informaron a los sanitarios del uso de las armas táser .
Riesgos de las armas táser y falta de regulación
La organización lleva años alertando sobre los riesgos asociados a los dispositivos de electrochoque. En España, insiste en que su incorporación al equipamiento policial debería ir acompañada de una evaluación rigurosa de su necesidad y de protocolos estrictos de uso.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recogido las reservas del Consejo de Europa respecto a estas armas, especialmente cuando se emplean en contacto directo, debido al dolor intenso que provocan y al riesgo de abusos .
Amnistía concluye que existen alternativas menos lesivas para controlar a una persona a corta distancia, lo que refuerza la necesidad de revisar los protocolos policiales.
Actualidad
El debate sobre el uso de armas táser en España continúa abierto. El Ministerio del Interior ha defendido en distintas ocasiones su incorporación como herramienta para reducir el uso de armas de fuego, aunque organizaciones de derechos humanos reclaman mayores garantías, formación específica y mecanismos de control independientes.
Este caso se suma a otras controversias recientes sobre actuaciones policiales, en un contexto en el que crece la exigencia social de transparencia, rendición de cuentas y respeto estricto a los derechos fundamentales en intervenciones policiales.
