Amnistía Internacional (AI) publica este martes, 1 de febrero de 2022, un informe en el que acusa a Israel de cometer apartheid por ser «un estado judío que priva a los palestinos de sus derechos fundamentales».
En más de doscientas páginas de análisis, la organización de defensa de los derechos fundamentales une su voz a la de Human Rights Watch (HRW), organización Premio Nobel de la Paz 1997, que en abril pasado ya usó el término de «régimen apartheid» para referirse a Israel ().
El domingo 30 de enero 2022, una organización proisraelí rompió el embargo que AI había previsto para su informe, entregándolo a algunos responsables israelíes que han acusado a la organización humanitaria de «antisemitismo», según la información adelantada en Forward, el periódico judío estadounidense más antiguo, fundado en 1897 y reproducida en el digital suizo Heidi News.
Lior Haiat, portavoz del ministerio israelí de Asuntos Exteriores, ha dicho que el informe es «puro antisemitismo (…) que legitima los ataques contra los judíos» y acusa a AI de utilizar «dos pesos, dos medidas»: «El objetivo de este informe –ha manifestado- es eliminar el estado de Israel en tanto que estado-nación del pueblo judío, la solución que proponen es que Israel deje de existir».
«El informe comete una doble injusticia –se lee en un comunicado que firman la Conferencia de presidentes de las organizaciones judías de Estados Unidos, la Liga antidifamación, el Comité americano de asuntos públicos israelíes y las Federaciones judías de América del Norte- alimenta a los antisemitas del mundo entero que intentan acabar con el único país judío de la tierra, al tiempo que minimiza los horribles sufrimientos del apartheid en Sudáfrica».
Por su parte, AI ha explicado que el informe es el resultado de cuatro años de investigación sobre las leyes israelíes, los planes de establecer zonas, el gobierno israelí, las directivas militares y las declaraciones de los diplomáticos israelíes, así como las pruebas de violaciones de los derechos humanos internacionales durante las últimas décadas.
Y ha declarado haber colaborado con organizaciones no gubernamentales israelíes y palestinas, y solicitado consejos jurídicos a expertos en derecho internacional. Igualmente, ha asegurado haber pedido, el año pasado, entrevistarse con el ministro israelí de Asuntos Exteriores, sin obtener respuesta.
En el informe, AI alega que Israel está implicado en un «ataque generalizado dirigido» contra los palestinos, lo que equivale a «crimen de apartheid contra la humanidad».
AI, organización distinguida con el premio Nobel de la Paz en 1977, ya había condenado anteriormente la política israelí en la Cisjordania ocupada, acusándola de haber cometido crímenes de guerra durante el conflicto de 2014 entre Israel y Hamas, en la franja de Gaza. Pero es la primera vez que utiliza la palabra «apartheid» para definir el comportamiento del gobierno israelí.
El artículo de Forward añade que, mientras el informe de HRW acusaba a Israel de discriminar a los palestinos en todas las zonas controladas pero de practicar el apartheid únicamente en las zonas situadas más allá de sus fronteras originales de 1948, el informe de AI aplica también el término apartheid a las operaciones internas: «Desde su creación en 1948, Israel ha llevado a cabo una política explícita de establecimiento y mantenimiento de una hegemonía demográfica judía (…) maximizando su control sobre la tierra en beneficio de israelíes judíos y minimizando el número de palestinos, restringiendo sus derechos y poniendo impedimentos a su capacidad de contestar dicha desposesión».
El informe de AI conocido hoy asegura también que «la casi totalidad de la administración civil y de las autoridades militares de Israel» está implicada en «la aplicación del sistema de apartheid contra los palestinos», así como «contra los refugiados palestinos y sus descendientes» fuera del territorio.
El informe alega que, desde su fundación en 1948, el estado de Israel está haciendo esfuerzos para aumentar la población judía y extender su control pisoteando los derechos de los palestinos, y añade que si bien el régimen del apartheid en Sudáfrica no es comparable al trato que los palestinos reciben de Israel, «el marco del apartheid permite una comprensión global, fundada en el derecho internacional, de una situación de segregación, opresión y dominación de un grupo racial sobre otro».
El informe sostiene que a los ciudadanos árabes de Israel –alrededor del 20 por ciento de la población- se les niega la nacionalidad y solo tienen una capacidad limitada de «participar en la vida política y social de Israel» la Knesset (parlamento monocameral con sede en Jerusalén), que cuenta con 120 miembros, actualmente solo cuenta con catorce legisladores árabes, y en el ejecutivo no hay más que dos ministros árabes.
La palabra «apartheid» es un término que en 2020 empezó a utilizar el grupo israelí de abogados y expertos juristas Yesh Din (Voluntarios por los derechos humanos), para quienes la ocupación de Cisjordania no es «ordinaria» (o un régimen de dominación y opresión), sino «un régimen que se acompaña de un proyecto de colonización descomunal que ha creado una comunidad de ciudadanos de la potencia ocupante en el territorio ocupado», y que además «proporciona un estatus inferior» a los residentes ocupados.
«El delito de apartheid en Cisjordania consiste en que, en este contexto de dominación y opresión de un grupo nacional por otro, las autoridades israelíes llevan a cabo políticas y prácticas que constituyen actos inhumanos en el derecho internacional», como denegación de derechos, denegación de recursos, separación física y jurídica entre ambos grupos e institución de un sistema jurídico diferente para cada uno de ellos».
En 2021, B’Tselem, otra organización israelí de defensa de los derechos humanos, adoptó también el término apartheid para calificar el comportamiento de Israel con los palestinos. B’Tselem ha aplaudido hoy la aparición del informe de AI.
