Dos años después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en España, Amnistía Internacional ha lanzado una dura advertencia sobre la lentitud e ineficacia en su puesta en marcha, lo que está impidiendo que las víctimas del franquismo y sus familiares accedan a la justicia y reparación prometidas.
La organización subraya que, aunque la ley fue un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la dictadura, su implementación sigue siendo insatisfactoria y no se ha dado respuesta a las demandas más urgentes.
Falta de avances significativos en la aplicación de la ley
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, fue recibida como un paso crucial para resarcir a las víctimas del franquismo, pero, según Amnistía Internacional, los avances han sido escasos.
A día de hoy, dos años después, numerosos colectivos de víctimas continúan esperando que se cumplan promesas clave, como la identificación de desaparecidos o el acceso a archivos históricos.
La organización denuncia que estas demoras no solo profundizan el dolor de los afectados, sino que también suponen un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha sido especialmente crítica con la falta de recursos y voluntad política para llevar adelante medidas efectivas, lo que ha resultado en una aplicación desigual de la ley.
En su más reciente informe, la ONG menciona que se han aprobado pocos mecanismos concretos para garantizar la reparación, verdad y justicia, lo que hace que muchas de las disposiciones de la ley sean poco más que letra muerta.
Retrocesos en el ámbito autonómico
Uno de los puntos que más preocupan a Amnistía Internacional es el retroceso en algunas comunidades autónomas, donde los gobiernos locales han adoptado medidas que contradicen el espíritu de la Ley de Memoria Democrática.
En regiones como Madrid y Andalucía, la falta de cooperación con las políticas de memoria ha sido evidente.
En el caso de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha criticado públicamente la ley, mientras que el gobierno autonómico ha sido acusado de bloquear iniciativas de memoria histórica a nivel local.
En Andalucía, el gobierno regional ha reducido significativamente las partidas presupuestarias destinadas a exhumaciones y proyectos de memoria, lo que ha generado una gran preocupación entre los colectivos de víctimas.
Estos retrocesos no solo dificultan la implementación efectiva de la ley, sino que también perpetúan la impunidad y el olvido para miles de víctimas del franquismo que aún no han recibido justicia.
Según Amnistía Internacional, este tipo de actuaciones autonómicas son particularmente preocupantes, ya que muchas de las competencias en materia de memoria histórica han sido delegadas a las comunidades, lo que crea una situación de desigualdad en el acceso a derechos y justicia para las víctimas, dependiendo de la región en la que residan.
Recomendaciones a las autoridades
Amnistía Internacional ha emitido una serie de recomendaciones para que el gobierno central y las autoridades autonómicas aceleren la implementación de la ley y garanticen que las víctimas puedan ejercer plenamente sus derechos.
En primer lugar, la ONG pide que se aumenten los recursos dedicados a la búsqueda e identificación de desaparecidos, ya que se estima que aún quedan más de cien mil personas en fosas comunes sin identificar.
Amnistía recuerda que la búsqueda de desaparecidos es un mandato de derecho internacional que España debe cumplir sin más dilación.
Otra de las recomendaciones urgentes es la apertura plena de los archivos históricos relacionados con la dictadura. Según la organización, la falta de acceso a estos archivos no solo frustra los intentos de los historiadores y familias de víctimas de reconstruir la verdad de lo sucedido, sino que también contribuye a la perpetuación de la impunidad.
Asimismo, la ONG destaca la necesidad de establecer una fiscalía especializada en crímenes del franquismo, que investigue los casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron durante la dictadura.
Esta fiscalía sería esencial para superar la barrera de la prescripción, ya que la Ley de Amnistía de 1977 sigue bloqueando el enjuiciamiento de estos crímenes.
Finalmente, Amnistía Internacional insta a las autoridades a garantizar la educación en valores democráticos y de memoria en el sistema educativo.
Para la organización, es fundamental que las nuevas generaciones conozcan la verdad sobre los crímenes del franquismo y el impacto que estos han tenido en la historia reciente de España.
La educación es, según Amnistía, un pilar indispensable para construir una sociedad que respete y promueva los derechos humanos.
Reflexión final
El segundo aniversario de la Ley de Memoria Democrática llega marcado por la frustración de las víctimas y las críticas de organizaciones como Amnistía Internacional, que subrayan la falta de avances en su implementación.
A pesar de los avances normativos, la realidad es que los recursos y la voluntad política necesarios para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo siguen siendo insuficientes.
Sin un cambio urgente en la actitud de las autoridades, tanto nacionales como autonómicas, el riesgo de que la ley quede como una promesa incumplida aumenta con el paso del tiempo.