Amnistía Internacional ha hecho público su informe anual de 2021 en el que denuncia que los dirigentes del mundo se confabularon con gigantes empresariales para acaparar poder y beneficios, que en el ámbito de España tuvo aspectos negativos como la impunidad por lo sucedido en las residencias, la incoherencia en el trato a personas refugiadas, el riesgo de consolidación de las amenazas a la libertad de expresión; aunque surgieron aspectos positivos, como una agenda legislativa que, de confirmarse, en 2022 puede hacer avanzar los derechos humanos.
Destaca Amnistía que en España se ha denunciado la mayor violación de derechos humanos de la pandemia: la discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias, que ha quedado prácticamente impune.
«El año 2021 es el año de la impunidad: ni una sola persona ha sido encontrada culpable por estos hechos y, a pesar de eso, ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso ha apoyado de momento la apertura de una comisión de la verdad», lamenta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
A eso se suma lo que la organización ha denominado como «la otra pandemia»: la falta de acceso adecuado a la atención sanitaria de personas con enfermedades crónicas, personas mayores, y personas con problemas de salud mental, que ha puesto en riesgo su salud física y mental y ha impactado de manera especial en las mujeres, en el marco de un sistema sanitario cercano al colapso, especialmente en su atención primar
Además, con respecto a la situación de las personas refugiadas, la organización lamenta la doble vara de medir: por un lado el gobierno está haciendo esfuerzos por dar una respuesta ágil a quienes llegan a España procedentes de Ucrania o de Afganistán, pero no actúa de la misma manera con respecto a otras personas que también pueden huir de la violencia o la persecución.
«No podemos un día acoger con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra, y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla. No es coherente exigir una respuesta coordinada y abierta para las personas refugiadas en la Unión Europea, y después llevar a cabo devoluciones en caliente, incluso de menores, y justificarlo todo con el control migratorio. Las autoridades españolas deben tomar una decisión sobre si quieren cumplir con el derecho internacional en sus fronteras, o si solo van a hacerlo cuando interesa más», señala Esteban Beltrán.
Por último, Amnistía Internacional denuncia que la libertad de expresión y el derecho a la protesta siguen amenazadas en España por la falta de reforma de la denominada Ley Mordaza; la aplicación del Código Penal en casos como la condena y entrada en prisión de Pablo Hasél por los delitos de «enaltecimiento de terrorismo» e «injurias a la corona y a las instituciones del Estado»; o el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad para disolver manifestaciones, en las que se incluye el uso de pelotas de goma o bolas de foam de forma inadecuada, que provocaron que una mujer perdiera el ojo durante las protestas en Cataluña.
Para Amnistía Internacional, la única buena noticia en este ámbito en 2021 consistió en la puesta en libertad de los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart después de cuatro años en los que nunca debieron estar en prisión.
Legislaciones pendientes, como el Proyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que sitúa el consentimiento de la mujer en el centro de la ley, o el Proyecto de Ley de Vivienda, un avance histórico que llenaría un vacío normativo de regulación de este derecho a nivel estatal desde la Constitución española, entre otras, podrían avanzar los derechos humanos en España.
Acceder a información sobre el Informe mundial de Amnistía Internacional 2021/22
