Una delegación de Amnistía Internacional ha visitado esta semana las islas de Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria y se ha entrevistado con decenas de personas migrantes y solicitantes de asilo así como con autoridades estatales y a nivel autonómico e insular, además de fiscalías territoriales, colegios de abogados y organizaciones, y en una primera evaluación considera «indignas» las condiciones actuales de acogida.
La organización emitirá en adelante un informe más completo, pero antes de ello, Virginia Álvarez, investigadora de la organización, señala las primeras preocupaciones:
«En relación a la situación en Fuerteventura y Tenerife, nos preocupa confirmar las informaciones sobre las malas condiciones de acogida en los centros de emergencias en los que se están quedando miles de personas migrantes y solicitantes de asilo. Si bien no hemos podido visitar los macrocentros de El Matorral y Las Raíces porque se nos denegó el permiso alegando motivos sanitarios hemos recabado información que confirma las graves carencias que tienen, que no garantizan en muchos casos una acogida en condiciones dignas».
«Es urgente que se tomen medidas para garantizar que estas personas tienen acceso a condiciones de vida digna y que se vele tanto por su bienestar físico como mental. Además, queremos señalar que la COVID-19 no puede ser una excusa para impedir la monitorización de estos centros por parte de organizaciones de derechos humanos, un escrutinio que debe ser siempre posible, adoptando las medidas sanitarias adecuadas».
«Para AI ha sido especialmente alarmante observar las condiciones en las que se encuentra el lugar donde tanto las personas que han dado positivo en la COVID-19 como sus contactos directos pasan la cuarentena en Fuerteventura. La denominada Nave del Queso, según las imágenes y los testimonios a los que ha tenido acceso la organización, es un lugar que no reúne las mínimas condiciones sanitarias necesarias. Hombres, mujeres y niños permanecen en condiciones deleznables, sin mínimas medidas de higiene, privadas de libertad, hacinados, en unas circunstancias que para la organización podrían considerarse de infrahumanas».
Amnistía Internacional ha recogido testimonios que revelan que algunas de estas personas han permanecido en esta situación hasta un mes.
Por otro lado, la organización seguirá recavando información sobre el acceso a información y procedimientos de protección internacional sin ningún tipo de discriminación, y sobre la situación de personas que pueden estar en especial vulnerabilidad, como mujeres que han sido víctimas de violencia de género, posibles víctimas de trata, menores no acompañados, personas LGBTI, personas que han sufrido algún tipo de tortura y familias monomarentales y monoparentales con niños y niñas. Es urgente que los recursos habilitados para estas personas garanticen una atención especializada.
En relación a los niños y niñas, AI considera que las autoridades deben evaluar si se están adoptando las medidas adecuadas que garanticen el bienestar integral que todo menor requiere sin ningún tipo de discriminación: «Muchos han pasado por experiencias traumáticas y siguen viviendo con ansiedad tanto cuando están con sus familias, como, especialmente cuando están solos, la incertidumbre y las difíciles condiciones por las que siguen pasando. La COVID-19 no puede ser utilizado como justificación para negar el derecho al ocio o las actividades recreativas y educativas a los y las menores. Todos los niños y niñas deben tener acceso a los mismos derechos», señala Virginia Álvarez.
Además, AI se suma a la petición de otras organizaciones de buscar soluciones duraderas para los niños y niñas no acompañados en las que prime el principio del interés superior del menor. Debe considerarse su traslado a recursos adecuados, ya sea en Canarias o en cualquier otra comunidad autónoma. Para ello es imprescindible que se pongan en marcha mecanismos de corresponsabilidad interterritorial.
Con respecto a Gran Canaria, la organización se encuentra en estos momentos siguiendo la visita y las entrevistas. Ayer sí que pudo visitar el centro de emergencia denominado Canarias 50 y considera positivo que se hayan implementado mejoras en relación a la acogida de estas personas. Sin embargo, cree que debe dotarse de suficiente personal para asegurar que se cubre su derecho a información, asistencia letrada o psicológica si la requieren.
«Por otro lado, es necesario una mayor coordinación entre las diferentes administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico y local, asegurando criterios homogéneos que eviten la arbitrariedad en las distintas fases de atención y protección a las personas migrantes y refugiadas, especialmente para aquellos casos en los que se están llevando a cabo buenas prácticas».
La organización también quiere poner en valor las iniciativas ciudadanas y vecinales que están surgiendo para apoyar (y, en ocasiones, suplir, las carencias del sistema) a las personas migrantes y solicitantes de asilo: «Canarias es otro ejemplo más del fallo de este modelo de acogida que revictimiza a las personas migrantes y solicitantes de asilo y que solo provoca desamparo, ansiedad ante la incertidumbre, y abandono institucional», concluye la investigadora de Amnistía Internacional España.