Amnistía Internacional alerta sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos tras terminar este julio como el mes más caluroso a nivel global del que se tiene registro, con una media de más de 1,5 grados Celsius o centígrados (ºC) frente a la era preindustrial.
En España, las altas temperaturas y las olas de calor consecuencia del cambio climático, ponen en peligro la salud y la vida de miles de personas.
El área mediterránea es la región que se está calentando a mayor velocidad. En concreto España en el año 2022 presentó un 1,6 ºC por encima de la media anual.
Según los datos del programa Copernicus de la Unión Europea dedicado a la observación del medio ambiente, entre los meses de mayo y octubre del pasado año, en algunas zonas del país se alcanzaron temperaturas hasta de 8 ºC superiores a la media, mientras que en la última ola de calor de este verano, en un solo día más de 140 estaciones de la AEMET tuvieron temperaturas superiores a los 40 ºC.
«El reciente récord de los 45,4 ºC en Figueras (máxima temperatura registrada nunca en Cataluña) o el incremento de la capacidad destructora de los incendios en el Mediterráneo nos tiene que servir de aviso de la gravedad de la situación. Los efectos del cambio climático ya están aquí, y debemos hacer todo lo posible para no continuar en este proceso de autodestrucción», afirma la investigadora de Amnistía Internacional, Marta Mendiola.
En España, en 2022 se quemaron más de 300.000 hectáreas en 493 incendios, una superficie más de tres veces superior a la de 2021. Mientras que solo de enero a junio de 2023 se han calcinado 66.216 hectáreas en 324 incendios.
Un peligro mortal
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cambio climático es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. Un informe reciente de la revista especializada The Lancet señalaba cómo el calor extremo se asocia con lesiones renales agudas, insolaciones, efectos adversos en el embarazo, impacto en la salud mental y empeoramiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
En España, el exceso de mortalidad por causas atribuibles a excesos de temperatura entre junio y septiembre de 2022 fue de 4813 fallecimientos.
Las Comunidades Autónomas con más muertes registradas debido a este factor fueron Madrid (1301), Castilla y León (579), Cataluña (578) y Andalucía (439).
A la vez, las muertes prematuras en el país debido a la contaminación por partículas finas, en concreto a la exposición a partículas finas (PM2,5), ozono (O3) y dióxido de nitrógeno (NO2), superarían las 30.000 anuales, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Amnistía Internacional señala que, aunque el aumento de las temperaturas afecta a toda la población, algunas personas afrontan muchos más riesgos frente este incremento.
Además de las personas mayores, embarazadas o aquellas que realizan trabajos físicos al aire libre, la entidad subraya la indefensión de aquellas personas que viven en infraviviendas o que sufren pobreza energética.
En España, según el INE, cerca de un 10 por ciento de la población presenta un consumo de energía muy inferior a la media nacional y una de cada cinco personas viven en casas con problemas estructurales que podrían impedir mantener una temperatura adecuada en el interior.
Políticas ambiciosas
Amnistía Internacional reclama que, ante el cambio climático, la mayor amenaza intergeneracional de la historia para los derechos humanos, el nuevo gobierno que se forme en España debe marcar como objetivo la reducción del 55 por ciento de emisiones de efecto invernadero de cara a 2030 (frente al 23 por ciento actual y al 32 por ciento establecido en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima); eliminar todas las subvenciones a los combustibles fósiles y plantear medidas que aseguren la protección de la salud de los colectivos más vulnerables a las olas de calor.
«Resultan alarmantes las declaraciones de responsables políticos que niegan la gravedad del problema o de quienes retrasan las medidas necesarias para afrontarlo. Es el momento de adoptar políticas ambiciosas desde el conjunto de las administraciones públicas para que España forme parte del giro de timón necesario a nivel global para revertir el desastre», reclama Mendiola.
Por último la entidad apunta que, frente a los problemas de salud provocados por el cambio climático y la contaminación, es necesario incrementar la inversión en el sistema nacional de salud asegurando que el 25 por ciento del gasto sanitario total se dedica a la Atención Primaria que son los centros que tratan el 70 por ciento de las necesidades de salud de la población.