La profanación de la tumba de las Trece Rosas en Madrid con pintadas amenazantes dirigidas a la periodista y analista política Sarah Santaolalla ha generado una ola de repulsa en el ámbito institucional, mediático y social.
El acto vandálico, con consignas de muerte y amenazas explícitas, fue denunciado por la propia periodista, que confesó sentir «auténtico terror». Las reacciones van desde la condena del presidente del Gobierno hasta pronunciamientos de organismos públicos y el Consejo de Informativos de RTVE, que subrayan la gravedad de los ataques contra la libertad de expresión y la memoria histórica.
La tumba de Las Trece Rosas, en el Cementerio Civil de Madrid, homenajea a trece jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas fusiladas en 1939 al inicio del franquismo.
Es uno de los lugares simbólicos de la memoria democrática en España, recordatorio de las víctimas de la represión y la violencia política.
El sábado 17 de enero 2026, este lugar fue objeto de un atentado contra su dignidad: aparecieron pintadas en letras rojas con la consigna «Sara Santaolalla RIP», en referencia directa a la analista y periodista colaboradora en tertulias televisivas.
La denuncia de Sarah Santaolalla y sus palabras
Sarah Santaolalla —analista política y tertuliana en programas de RTVE— fue la primera en denunciar públicamente los hechos. En su post en la red social X, la periodista escribió que «ha sido vandalizada la tumba de las trece rosas con amenazas de muerte hacia mí. No es casualidad: mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y negarse a doblegarse. Siento auténtico terror».
La declaración personal de Santaolalla no solo pone el foco en el ataque físico a un monumento, sino también en el impacto emocional y social de estos mensajes en la vida de una profesional de la información.
Reacciones institucionales y políticas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó la profanación y las amenazas en la tumba de las Trece Rosas calificando los hechos de «cruzar una línea intolerable» y defendiendo que «el odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia».
Ministras como Milagros Tolón e Isabel Rodríguez también manifestaron su repudio ante lo sucedido y la necesidad de defender la memoria histórica frente al fanatismo.
Consejo de Informativos de RTVE y presidente de RTVE
El Consejo de Informativos de Televisión Española (TVE) ha condenado el ataque y ha alertado de cómo la polarización y el extremismo amenazan la convivencia democrática, especialmente cuando se traduce en violencia y amenazas contra profesionales del periodismo.
Por su parte, el presidente de RTVE, José Pablo López, había emitido previamente comunicados institucionales defendiendo la libertad de expresión y la pluralidad dentro de la radiotelevisión pública y rechazando campañas de acoso contra sus colaboradores, incluso ante ataques dirigidos por portavoces políticos.
Diversos medios nacionales han recogido el acto vandálico y sus consecuencias, subrayando su gravedad y el clima de hostilidad hacia periodistas, especialmente mujeres, en el contexto de la polarización política actual.
Además, eldiario.es informa que Santaolalla también ha denunciado otras formas de acoso relacionadas con estos ataques, incluyendo episodios de seguimiento físico por parte de un individuo que requirieron intervención policial, lo que refuerza la percepción de inseguridad y amenaza directa que ha vivido en las últimas horas.
Libertad de expresión, memoria democrática y violencia política
Especialistas en derechos humanos y libertad de expresión han señalado que los hechos no constituyen solo un ataque simbólico, sino una forma de intimidación que buscan inhibir la labor y la voz de quienes se expresan con honestidad e independencia. Analistas recuerdan que los medios y profesionales que ejercen el derecho a informar deben estar protegidos contra cualquier tipo de presión, amenaza o violencia.
Organizaciones como Amnistía Internacional han insistido en que las amenazas contra periodistas son una vulneración del derecho a la libertad de expresión que exige una respuesta efectiva de los poderes públicos.
La profanación en la tumba de las Trece Rosas y las amenazas a una periodista no solo reabren el debate sobre el respeto a la memoria histórica, sino que también evidencian un entorno público cada vez más hostil para quienes ejercen la crítica política y el análisis independiente. Expertos en democracia señalan que hechos de esta naturaleza tienen efectos disuasorios y ponen en riesgo el pluralismo en el espacio público.
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