La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado el informe «Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021», en el que denuncia que, según el seguimiento que anualmente hace la organización, 1717 personas han perdido la vida intentado llegar a España durante el año 2020, la cifra más alta desde que existen registros.
«Es el tributo debido a políticas migratorias criminales de la que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España», asegura la organización, que cifra en un 29 por ciento el incremento de las personas que en 2020, y respecto a 2019, lograron acceder a territorio seguro a través de nuestra frontera (41.861 personas).
Por ello, la asociación pone de relieve más la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de personas migrantes, con consecuencias tremendas en cuanto al coste de vidas humanas. Y cuestiona las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único objetivo, denuncian, es el control y rechazo de migrantes en la frontera sur.
Para la organización, las migraciones son consustanciales a la historia de la humanidad y actualmente hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan el planeta. Fracturas entre el Norte y el Sur global, fracturas provocadas por las emergencias climáticas, las guerras interminables, la esquilmación de los recursos naturales por los países del Norte global, y este año, la fractura de la pandemia de la COVID-19: «Tratar de contenerlas a base de represión, militarización y criminalización, como intenta reiteradamente la UE y este Gobierno es un objetivo condenado al fracaso», aseguran desde la APDHA.
Todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en expulsar a las personas que jugándose la vida, intentan llegar a al Estado español por la frontera sur, «a pesar de que curiosamente significan tan sólo el 4,3 por ciento del total de las personas que entran en España», explican.
Detallan que estos «ingentes recursos» van desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los trescientos millones de euros, hasta los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), los centros de detención llamados CATE( Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y repartidos por toda Andalucía, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades que, en palabras de la asociación, constituyen el «verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado».
También el despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y «la compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal…) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea». Todo ello, critican, «a costa de incontables violaciones de derechos humanos en las que el Gobierno de España resulta ser cómplice».
Analizan que, si en un primer momento la pandemia ralentizó los flujos migratorios, finalmente ha espoleado el efecto huida de miles de jóvenes del Sahel, Sáhara, Marruecos o Argelia. Se está comprobando, arguyen, cómo trabajadores del sector turístico, pescadores y trabajadores precarios con las medidas anti COVID se han quedado sin ningún recurso y optan por intentar cruzar el Atlántico para migrar, o facilitar el tránsito migrante con sus embarcaciones.
Informan de que el incremento de llegadas a Canarias en 2020 ha sido de un 756 por ciento, «y la respuesta del Gobierno ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos. Miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres, hacinamiento…», que evidencian la absoluta falta de recursos destinados a la acogida por parte de este Gobierno, como en 2018 en las costas de Cádiz, recuerdan.
Lamentan que «el Gobierno ha decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo del gobierno de coalición, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del Partido Popular».
La APDHA plantea que, para abordar democrática y humanamente los desplazamientos de personas en este mundo global, son imprescindibles políticas dignas de acogida y establecer vías legales y seguras, como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad. Además, consideran de vital importancia seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos a las que se somete a las personas que intentan migrar, desde el origen, el trayecto y la llegada a las puertas de Europa.
Por ello, la organización ha lanzado un crowdfunding para financiar el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur del próximo año, un trabajo que lleva desarrollando desde hace veinte años y que incluye el análisis de los flujos, de las políticas migratorias y entre otros muchos aspectos, un trabajo de recuento del número de personas que mueren o desaparecen en su intento de aspirar a una vida mejor.