Al llegar al poder, el pasado 15 de agosto de 2021, los talibanes abrieron las cárceles de Afganistán y dejaron en libertad a los presos, miles de delincuentes condenados por violación, asesinato y tortura. Una información de la televisión pública británica, BBC, asegura que algunos de esos criminales, ahora en libertad, que fueron condenados por juezas, quieren vengarse de las mujeres que les encerraron en las prisiones.
Durante los veinte años transcurridos entre las dos ocasiones en que los talibanes se han hecho con el poder en el país, aunque la situación «estaba muy lejos de ser ideal, y la corrupción era endémica», las mujeres han disfrutado de «una relativa libertad», el sistema judicial funcionó, bien que mal según criterios que nos resultan familiares, y hasta 270 mujeres obtuvieron el título de juezas.
Ahora, cuando de nuevo «los talibanes torturan, cuelgan y exhiben los cadáveres de las víctimas de su justicia expeditiva», ha vuelto también la Ley del Talión. La información de la BBC explica que las juezas –ex juezas para ser exactos, en Afganistán las mujeres ahora no pueden trabajar- que condenaban a los criminales afganos hoy se ven perseguidas «como animales salvajes» por esos mismos delincuentes.
Masooma, una de esas juezas que se esconde tras un pseudónimo, ha contado a los periodistas del canal británico que huyó de su casa en cuanto supo que los talibanes habían abierto las cárceles. «Cuando pronuncié una sentencia de veinte años de cárcel, el hombre que había matado a su mujer se me acercó y dijo: ‘cuando salga de la cárcel te haré lo mismo que le hice a mi esposa. Te encontraré y me vengaré». Unos vecinos le enviaron un mensaje al móvil, informándole de que un grupo de talibanes se habían presentado en su domicilio, buscándola.
Al menos, dice el artículo de la BBC, 220 exjuezas están escondidas en este momento en Afganistán: «Los testimonios de seis de ellas, recogidos en diferentes provincias, son casi idénticos. Todas han recibido amenazas de talibanes que habían condenado a penas de cárcel, entre otros delitos por asesinar a sus mujeres. Todas cambian de escondite con frecuencia. Todas aseguran que los talibanes han ido a sus domicilios y han interrogado a los vecinos para saber dónde están».
Preguntado, el portavoz de los talibanes ha dicho a la BBC que no existen motivos para que las juezas tengan miedo, porque nadie tiene derecho a amenazarlas: «Nuestras unidades militares especiales están obligadas a investigar esos casos si se denuncian, y a actuar en caso de que exista infracción».
Muchas de las juezas eran la principal fuente de ingresos en el hogar; privadas ahora de su salario están viviendo de la caridad de sus familiares, a quienes los talibanes están siguiendo para interrogarles y averiguar el paradero de las juezas, como le ocurrió al hermano de Sanaa (otro pseudónimo), al que tiraron por las escaleras y golpearon con la culata de un fusil.
Según la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, el 87 por ciento de las mujeres y niñas de Afganistán sufren algún tipo de agresión a lo largo de su vida y, para la mayoría, «la huída no es una opción».
A estas alturas ya sabemos que, digan lo que digan sus portavoces oficiales, cuando el pasado 15 de agosto los talibanes se hicieron con el poder en Afganistán trajeron de vuelta con ellos la política de opresión de las mujeres. Ya sabemos que cada vez son menos las que pueden estudiar o trabajar. Como ejemplo, las declaraciones del nuevo rector de la Universidad de Kabul, Ashraf Ghairat, de 34 años y sin experiencia previa, quien ha decretado que «hasta nueva orden, las mujeres no podrán estudiar ni trabajar».
A este «intelectual», que también ha dicho que las escuelas del país eran «centros de prostitución», sus ex compañeros de clase le describen como «un estudiante aislado con puntos de vista extremistas, que tenía problemas con las compañeras y las profesoras» según un artículo firmado por Bérengêre Viennot en el digital francés Slate.
