La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expuesto al cierre de la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, el acuerdo en defensa del empleo suscrito en la Moncloa el pasado once de mayo de 2020, entre el Gobierno y los agentes sociales.
En la primera jornada de luto oficial en España, el Congreso de los Diputados ha convalidado hoy el Real Decreto Ley 18/2020 en defensa del empleo, en el que se articula la prórroga hasta el treinta de junio de los mecanismos de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Gracias al diálogo social en las medidas laborales, se pretenden paliar las consecuencias no solo laborales, sino económicas de la situación derivada de la COVID-19.
En palabras de la ministra, los ERTE han permitido que tres con tres millones de españoles mantengan su relación laboral con la empresa y han servido para que más de medio millón de empresas puedan mantenerse vivas en espera de la reactivación económica tras la pandemia.
Esto permitirá también el regreso pautado de todos los sectores a través de la denominada fuerza mayor parcial, con una figura que permite no solo la convivencia dentro de una misma empresa, sino de personas que mantienen sus contratos en suspenso, de personas reintegradas o con una jornada reducida.
Este paréntesis, según Díaz, no solamente es para salvaguardar el empleo, sino para constituir un incentivo para la reactivación, voluntad que se cifra en el despliegue de un innovador sistema de exenciones de la cotización empresarial que tiene en cuenta cómo es la empresa y en qué situación están los empleados.
El Real Decreto-Ley convalidado hoy facilita, además, el tránsito de ERTE por fuerza mayor a ERTE por causa económica, técnica, organizativa y de producción (ETOP), estableciendo los mecanismos de continuidad entre ambos y simplificando, al máximo, esta transición.
Gracias a la normativa que contempla la creación de una Comisión Tripartita de seguimiento del Acuerdo, ya en activo, se detiene también en el buen uso de los fondos públicos destinados al mecanismo flexible y adaptable de los ERTE. En el real decreto se recoge la cláusula específica de salvaguarda del empleo, durante seis meses, y la prohibición del despido, hasta el 30 de junio, fecha hasta la que se interrumpe, también, el cómputo de los contratos temporales.
De la misma manera la Cámara dicta que las empresas domiciliadas en paraísos fiscales no podrán acogerse a los beneficios de los ERTE e impide el reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal que corresponde a la aplicación del expediente.
