El Consejo General del Poder Judicial ha dirigido una petición al Ministerio de Justicia de España para someter las reclamaciones contra líneas aéreas a una preceptiva reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, propuesta que la organización Juezas y Jueces para la Democracia (JPyD) entiende considera un ataque directo a los derechos de los consumidores que ampara la legislación europea.
La JPyD considera que el CGPJ, con la excusa de agilizar los procedimientos como consecuencia de la paralización que ha sufrido la Administración de Justicia durante el estado de alarma propiciado por la COVID 19, pretende introducir una preceptiva reclamación previa que no persigue solucionar las reclamaciones, sino enmascarar la existencia de una litigiosidad que debe superarse con medidas que no pongan dificultades a las reclamaciones de consumidores para acceder a la tutela judicial que debieran de garantizar los tribunales.
Agrega, que esta medida del CGPJ discriminaría a las personas obligadas a este trámite preceptivo si quieren reclamar, frente a las compañías de aviación, que no están obligadas a someterse a arbitrajes de consumo:
«La exigencia que el CGPJ propone al Ministerio de Justicia busca sólo disuadir al consumidor, dificultando su acceso a los tribunales cuando decide demandar tras ver fracasadas reclamaciones previas que puede hacer en el aeropuerto, por correo electrónico o a través de las Oficinas de Información al Consumidor que tramitan estas peticiones».
En opinión de Juezas y Jueces para la Democracia, las medidas que hay que adoptar para superar la crisis que ha supuesto el estado de alarma pasan por incrementar la inversión en los juzgados y tribunales, aumentar la plantilla de funcionarios y judicatura, disponer soluciones de mediación dentro del proceso o elevar las sanciones procesales a quienes no atienden reclamaciones previas al proceso.
Y sostiene que, estas medidas, en ningún caso deben de reducir las posibilidades procesales de los viajeros y consumidores, ni supeditarlas a requisitos que las dificultan, como la reclamación administrativa previa.
Proponen, en consecuencia, que no se disimule la litigiosidad con esta medida, y que el Ministerio de Justicia no tome en consideración esta propuesta del CGPJ.
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