Amnistía Internacional ha documentado 61 casos de uso excesivo de la fuerza policial durante la huelga general por el derecho a la vivienda celebrada el 11 de noviembre de 2026. La investigación, basada en veinticuatro entrevistas y el análisis de material audiovisual, denuncia golpes de porra, empleo indiscriminado de espray pimienta, lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de pelotas de goma contra manifestantes pacíficos. También recoge agresiones a profesionales de la información que cubrían las movilizaciones.

El informe de Amnistía Internacional sostiene que los episodios registrados durante la jornada no constituyen hechos aislados, sino que responden a un patrón de actuaciones policiales que la organización viene denunciando desde hace más de una década. Solo durante el último año ha identificado intervenciones preocupantes en al menos diez acciones de protesta.

La organización reclama al Ministerio del Interior, a las autoridades autonómicas y a los partidos políticos una respuesta que incluya investigaciones independientes, revisión de los protocolos de actuación, prohibición de las pelotas de goma y reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como «ley mordaza».

Una jornada mayoritariamente pacífica con decenas de personas heridas

Amnistía Internacional desplegó equipos de observación en diferentes puntos de España y examinó imágenes de las intervenciones policiales. Su conclusión es que la huelga del 11N fue, en su inmensa mayoría, una jornada de protesta pacífica, aunque reconoce que algunas personas protagonizaron episodios violentos, especialmente en Barcelona después de la manifestación de la tarde.

La existencia de incidentes violentos, recuerda la organización, no permite considerar violenta una manifestación en su conjunto ni justifica intervenciones indiscriminadas contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos.

Durante los piquetes informativos de la mañana, al menos 36 personas habrían resultado heridas o contusionadas por actuaciones policiales que Amnistía considera excesivas. Cinco necesitaron traslado hospitalario: tres en Málaga, una en Zamudio, en el País Vasco, y otra en Granada.

Entre las actuaciones examinadas figuran intervenciones en Alicante, Madrid, Santiago de Compostela, Málaga, Granada, Castellón, Vitoria y Portugalete. La organización describe golpes de porra contra personas que no ejercían violencia, algunas de ellas de espaldas a los agentes o mientras se alejaban.

Madrid: golpes de porra, espray pimienta y gases lacrimógenos

En Madrid, Amnistía Internacional identifica actuaciones especialmente graves durante los piquetes de las cocheras de Entrevías, Fuencarral y Carabanchel, en Mercamadrid y en la Gran Vía.

En las cocheras de Fuencarral, Pau García, secretaria de Juventud de Comisiones Obreras, recibió un golpe de porra en la cabeza cuando se encontraba de espaldas a los agentes, después de haber sido rociada con espray pimienta. Necesitó tres grapas y, según su testimonio recogido por Amnistía, posteriormente sufrió insomnio y crisis de ansiedad.

En la Gran Vía, la artista Samantha Hudson y otras dos mujeres fueron rociadas con espray pimienta en la cara, a muy corta distancia, sin que estuvieran ejerciendo violencia.

La investigación recoge también el caso de un joven de veinticuatro años que recibió varios golpes de porra cuando intentaba ayudar a otra persona inmovilizada por agentes policiales. Uno de los impactos le provocó una fractura en un dedo de la mano derecha para la que, según el comunicado, necesitará cirugía.

La dispersión de la manifestación de la tarde

Uno de los episodios más graves se produjo durante la manifestación de la tarde, cuyo recorrido debía concluir en la plaza de España. Según los testimonios recabados por Amnistía Internacional, un cordón policial impidió avanzar al grueso de la marcha cuando se encontraba en la Gran Vía.

Las personas entrevistadas afirman que no escucharon advertencias previas a las cargas policiales. La organización documenta el lanzamiento de gases lacrimógenos contra una multitud pacífica que quedó concentrada en calles con posibilidades limitadas de salida.

Ana Cano, de veintisiete años, relata que intentó refugiarse durante la intervención policial, pero terminó atrapada momentáneamente junto a un vehículo policial, con dificultades para respirar y ver a causa del gas. La situación le provocó un ataque de ansiedad.

Otro manifestante, Miguel García, de veintiséis años, recibió tres golpes de porra mientras trataba de evitar la confrontación con los agentes. Daniel Díaz, de veinticinco años, sufrió el impacto de una pelota de goma en el omóplato cuando huía por la calle Leganitos.

Amnistía considera que estas actuaciones vulneran los principios de necesidad y proporcionalidad que deben regir el uso policial de la fuerza. Recuerda que los agentes químicos únicamente pueden utilizarse como último recurso, con advertencias previas y vías seguras para abandonar el lugar.

Barcelona: dudas sobre la actuación de agentes de paisano encapuchados

La investigación dedica especial atención a la presencia de un grupo de entre treinta y cuarenta personas vestidas de manera similar, encapuchadas y posteriormente identificadas como agentes policiales de paisano durante la manifestación de Barcelona.

Según los vídeos examinados por Amnistía Internacional, el grupo se replegó y exhibió porras extensibles de manera casi simultánea. Poco después intervinieron agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra.

La Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha reconocido la presencia de agentes de paisano y sostiene que fueron agredidos por manifestantes, circunstancia que motivó la intervención de la Brigada Móvil.

Amnistía Internacional considera que la actuación plantea dudas que deben aclararse, especialmente sobre la finalidad del despliegue, la ausencia de identificación visible y la utilización de elementos de ocultación del rostro.

La organización precisa, sin embargo, que no tiene constancia de que esos agentes cometieran directamente desórdenes ni protagonizaran altercados. Esta distinción resulta fundamental para no presentar como hechos probados sospechas que requieren investigación.

Después de la manifestación se produjeron disturbios graves en Barcelona. Según los datos comunicados por Interior de la Generalitat, hubo 52 personas detenidas y 36 agentes heridos.

Periodistas agredidos mientras documentaban las actuaciones policiales

Uno de los capítulos más relevantes del comunicado afecta directamente a la libertad de información. Amnistía Internacional ha documentado agresiones contra periodistas que cubrían las protestas y que, según la organización, eran claramente identificables como profesionales de los medios de comunicación.

En València, dos periodistas de El Salto, identificados en el comunicado como Raquel y Miguel Ángel, recibieron golpes de porra durante la cobertura de un piquete en la plaza del Ayuntamiento.

Raquel fue derribada después de recibir un golpe en las piernas. Miguel Ángel asegura que gritó repetidamente «soy periodista», pero recibió cinco golpes en distintas partes del cuerpo. Las lesiones le impidieron continuar trabajando durante la manifestación de la tarde.

En Madrid, Alejandra Martínez Velasco, periodista de Canal Red, fue identificada en tres ocasiones por la policía y sometida a un cacheo, pese a haberse acreditado como informadora. Durante la manifestación recibió tres golpes de porra y sufrió daños en su teléfono móvil.

La periodista afirma haber escuchado previamente a un mando policial ordenar avanzar a sus agentes con independencia de lo que encontraran a su paso. Las imágenes facilitadas a Amnistía permiten observar golpes contra personas que estaban en el suelo y la agresión sufrida por la propia informadora.

También en Madrid, María Escolar, periodista de La Séptima, fue empujada por un agente cuando intentaba documentar los acontecimientos durante un piquete en la Gran Vía. La actuación quedó registrada en un vídeo difundido públicamente.

Por su parte, Graciela García, periodista de RTVE, denunció haber recibido un golpe de porra por la espalda mientras se encontraba en una acera, apartada del centro de la manifestación. Según explicó posteriormente, evitó otro golpe levantando su micrófono y gritando que era periodista.

La Asociación de la Prensa de Madrid condenó las agresiones a profesionales debidamente acreditados que cubrían las movilizaciones.

La protección internacional de quienes informan sobre protestas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recuerda que la labor de periodistas, observadores y organizaciones de derechos humanos resulta esencial para garantizar el ejercicio del derecho de reunión pacífica.

La Observación general número 37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece que las autoridades no deben impedir ni limitar indebidamente la cobertura de manifestaciones, incluida la documentación de las actuaciones policiales.

La protección de la actividad periodística se mantiene incluso cuando una concentración es dispersada o declarada ilegal. Los profesionales no pueden ser objeto de represalias por documentar el comportamiento de los agentes, y sus equipos de trabajo deben ser respetados.

Para Amnistía Internacional, las agresiones denunciadas durante el 11N se suman a otros incidentes documentados en septiembre de 2025, durante las protestas relacionadas con la Vuelta ciclista en Madrid, y en octubre de ese año, cuando un periodista recibió un impacto de un proyectil de foam en Barcelona.

Amnistía exige revisar las armas policiales y garantizar investigaciones independientes

La organización valora que el Ministerio del Interior haya anunciado una revisión del uso del espray pimienta en manifestaciones, aunque considera insuficiente limitar las medidas a este dispositivo.

Amnistía reclama examinar el empleo de porras, pelotas de goma, gases lacrimógenos y otros medios de fuerza menos letal, atendiendo tanto a su idoneidad como a los protocolos de utilización y a la formación de los agentes.

Entre sus principales exigencias figura la prohibición de las pelotas de goma, que considera intrínsecamente imprecisas. También pide prohibir expresamente los golpes de porra contra personas inmovilizadas, en el suelo, de espaldas o que se retiran, así como contra la cabeza, el cuello y la parte superior del cuerpo.

Respecto a los gases lacrimógenos, reclama que cualquier utilización esté condicionada a situaciones excepcionales de violencia generalizada, con avisos claros y posibilidades reales de dispersión segura. Su empleo contra multitudes encapsuladas debe quedar expresamente prohibido.

Las investigaciones sobre las intervenciones del 11N, añade, deben ser prontas, exhaustivas, imparciales y públicas. También deben examinar las órdenes impartidas y las responsabilidades de la cadena de mando, no únicamente la conducta individual de los agentes.

La reforma de la ley mordaza, una asignatura pendiente

Amnistía Internacional considera que los acontecimientos del 11 de noviembre deben impulsar una reforma profunda de los mecanismos de protección del derecho a la protesta.

La organización pide modificar la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como «ley mordaza», para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos.

El propio artículo 4 de esta norma establece que la actuación de los poderes públicos debe ajustarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad, y que sus disposiciones deben interpretarse del modo más favorable al ejercicio de derechos fundamentales como la reunión, la manifestación, la libertad de información y el derecho de huelga.

La organización valora que formaciones como PSOE, Podemos, PNV, EH Bildu y ERC, entre otras, hayan incorporado propuestas contra la criminalización de la protesta en sus programas políticos.

Sin embargo, insiste en que los compromisos electorales deben traducirse en cambios legislativos, protocolos transparentes, mecanismos independientes de supervisión y garantías efectivas para quienes denuncian abusos.

Actualidad: el derecho a la protesta y la rendición de cuentas policial

La denuncia del 11N llega después de otros episodios recientes que Amnistía Internacional considera representativos de un problema estructural. Entre ellos figuran actuaciones policiales durante la huelga educativa de Madrid del 20 de octubre de 2026, las protestas estudiantiles de la Universidad Complutense del 15 de octubre y una intervención durante la huelga educativa de València del 31 de mayo.

La organización recuerda también el caso de Roger Español, quien perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma durante los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, y cuyo procedimiento judicial ha sido objeto de seguimiento internacional.

En el ámbito internacional, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya había señalado durante el Examen Periódico Universal de España de 2025 la persistencia de problemas de rendición de cuentas relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, recuerda Amnistía.

El debate supera, por tanto, los incidentes de una jornada concreta. Afecta a las garantías democráticas del derecho de reunión, a la protección de la libertad de información y a la obligación de los poderes públicos de investigar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Para la profesión periodística, la cuestión adquiere especial importancia. La posibilidad de informar libremente sobre manifestaciones, actuaciones policiales y conflictos sociales constituye una garantía del derecho de la ciudadanía a recibir información y una herramienta esencial de control democrático.

Las conclusiones de Amnistía Internacional sitúan ahora la responsabilidad en las autoridades competentes: esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades que correspondan y establecer garantías para que la cobertura informativa y el ejercicio pacífico de la protesta puedan desarrollarse sin violencia ni intimidación.

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