La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha presentado este 18 de noviembre una propuesta de Plan Estatal de Barrios Vulnerables para 2027-2032, con una inversión pública mínima de 6000 millones de euros. La federación ha iniciado en el Gran San Blas una ronda de reuniones con candidaturas electorales para reclamar actuaciones que combinen vivienda, servicios públicos, empleo y participación vecinal.
El documento de la propuesta plantea una aportación media de 1000 millones anuales, compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Sugiere que la Administración central financie entre el 60 y el 75 por ciento de las actuaciones y las autonomías entre el 25 y el 40 por ciento, según su capacidad fiscal y presupuestaria. La contribución municipal sería complementaria, para evitar excluir a ayuntamientos con menos recursos.
El encuentro se ha celebrado en la sede de la Plataforma Vecinal de San Blas con Emilio Delgado, candidato por Madrid del Frente Amplio. Según la FRAVM, su presidente, Jorge Nacarino, ha trasladado la necesidad de una intervención coordinada frente a la pobreza, la exclusión y las carencias de servicios. Delgado se ha mostrado favorable a las políticas de reequilibrio territorial y ha comprometido un diálogo permanente con la federación.
Actuaciones integrales y participación con recursos
El plan se dirigiría a barrios y áreas urbanas de municipios de cualquier tamaño que acrediten vulnerabilidad social, económica, residencial o ambiental. Su selección partiría de diagnósticos participados, con una duración máxima de nueve meses, que combinarían indicadores de renta, empleo, vivienda, servicios y riesgos ambientales con el conocimiento de residentes y organizaciones comunitarias.
Cada territorio tendría un Plan de Actuación Integral de Barrio con presupuesto, calendario e indicadores. El documento incluye rehabilitación y accesibilidad de edificios, equipamientos de proximidad, formación y orientación laboral, apoyo al comercio, redes de cuidados, zonas verdes y movilidad sostenible. Reclama prevenir que las mejoras urbanas provoquen desplazamientos de residentes por el encarecimiento de la vivienda.
La federación propone mesas locales de seguimiento y recursos específicos para que las asociaciones puedan analizar documentación, contar con asistencia técnica y participar de forma continuada. También pide que la financiación extraordinaria se añada a los presupuestos ordinarios de los servicios públicos, con informes anuales y una evaluación intermedia al finalizar 2029.
Durante la reunión, Nacarino ha reclamado movilizar suelo público de Defensa y Adif para impulsar inversiones en barrios madrileños. La propuesta vincula esa actuación con políticas estructurales de vivienda, educación y desarrollo económico, más allá de intervenciones puntuales.
La acumulación de desventajas y el derecho a permanecer
El diagnóstico de la FRAVM relaciona la segregación residencial con la coincidencia, en un mismo territorio, de precariedad laboral, dificultades de vivienda y déficits de equipamientos. Por eso plantea actuar sobre las condiciones de vida y las oportunidades del barrio, con participación de sus habitantes, en lugar de limitarse a renovar edificios o calles.
En San Blas, este enfoque enlaza con las demandas que las plataformas vecinales vienen formulando sobre mantenimiento de espacios entre bloques, atención social, prevención de adicciones y coordinación de las administraciones. El proyecto estatal incorpora además una garantía concreta: evaluar posibles efectos de encarecimiento y sustitución del comercio y la población, para que la regeneración beneficie a quienes ya viven en el barrio.
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