Con 5826 habitantes censados en 2025 y unas normas subsidiarias apenas retocadas, Chinchón no figura entre los municipios madrileños que recalifican a gran escala. Su suelo, sin embargo, cambia: en la Vega del Tajuña se acumulan parcelaciones y viviendas sin título que la Comunidad de Madrid derriba caso a caso. La pregunta de esta serie —si el municipio puede cargar con lo que recalifica— se invierte aquí: Chinchón carga con lo que nadie recalificó.
1 Un plan viejo para un pueblo que crece despacio
Chinchón se rige por las Normas Subsidiarias de 1985, identificadas en el documento municipal de 2018 que su alcalde, Juan Antonio Vega Expósito, resumía en noviembre de 2023 con una frase: «se han modificado muy poco». La descripción encaja con lo que muestra el padrón: el municipio pasó de 3856 habitantes en 1998 a 5658 en 2022, casi la mitad más en veinticuatro años. Es un crecimiento sostenido, pero sin saltos.
El propio alcalde sitúa entre las asignaturas pendientes de la legislatura un polígono industrial que atraiga empresas y una mayor oferta de vivienda, porque la demanda supera a la oferta según declaró en esa entrevista.
2 Lo que sí se tocó: líneas de alta tensión y residuos inertes
La modificación puntual que el Ayuntamiento anunció en septiembre de 2018 y que la Comunidad de Madrid evaluó en una declaración ambiental estratégica firmada el 24 de octubre de 2019 no abre suelo urbanizable. Persigue dos objetivos: recategorizar el suelo no urbanizable atravesado por líneas aéreas de alta tensión según los valores del terreno que cruzan, y permitir instalaciones de tratamiento y depósito de residuos inertes y no peligrosos para restaurar suelos degradados por la minería.
El documento cifra el alcance en 555,99 hectáreas, el 4,80 por ciento del término municipal, de las que 1.199.916 metros cuadrados son suelos degradados o potencialmente degradados. Bajo las líneas eléctricas se trata de franjas de unos doscientos metros, donde queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales. Las explotaciones afectadas son La Jara, con 665.000 metros cuadrados y autorización extractiva, y Fátima-Jarama, de la que 168.750 de sus 843.750 metros cuadrados caen en Chinchón. Áridos Movega II y Nuevo Chinchón Valderribas quedaron fuera por estar en suelo no urbanizable de protección según la propia declaración.
La Comunidad condicionó el visto bueno a requisitos obligatorios: ajustarse a la normativa del Parque Regional del Sureste y de la Zona de Especial Conservación, evitar afecciones a los hábitats de la Directiva 92/43/CEE, respetar las vías pecuarias Senda Galiana y Vereda del Raso, realizar estudios hidrogeológicos y de caracterización de suelos antes de restaurar, y presentar informes de seguimiento anuales. Los efectos de la declaración caducaban a los dos años de su publicación, prorrogables otros dos salvo aprobación definitiva de la modificación.
3 La Vega: el cambio de uso que no pasa por el plan
Fuera del papel del planeamiento, la transformación es otra. La Comunidad describe la Vega del Tajuña como un espacio de cortados yesíferos, vegas fértiles y sotos que ha cambiado por el abandono del regadío y por la aparición de viviendas diseminadas. El 23 de abril de 2025 completó el derribo de nueve viviendas levantadas sin amparo urbanístico y recordó que, desde 2021, había tramitado junto al Ayuntamiento 43 expedientes en la zona. En 2024, añadió, había incorporado a las inspecciones dos drones con cámaras y cinco medidores láser.
La nota de 30 de mayo de 2026 informó del derribo de dos edificaciones más, en suelo no urbanizable protegido, después de que sus responsables incumplieran de forma reiterada las resoluciones administrativas. En la misma zona, la Dirección General de Urbanismo halló un terreno dividido en veinticinco subparcelas sin título habilitante, con movimientos de tierra, pozos, anuncios de venta y vertidos a cauces públicos en la parcela. La propia Comunidad lee esos anuncios como señal de comercialización y transformación activas del suelo. En el operativo participaron técnicos de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística, la Guardia Civil de los puestos de Morata de Tajuña y de Chinchón, y la Policía Local.
Las cifras globales del plan de inspección, que corresponden al conjunto de la región y no solo a Chinchón, son trece derribos en menos de un año —tres por ejecución subsidiaria y diez voluntarios—, 173 inspecciones, 66 expedientes de disciplina urbanística y 65 sancionadores.
4 Quién decide y quién paga
Chinchón está en el tramo de más de 5000 y hasta 20.000 habitantes. El artículo 26 LBRL añade parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Protección civil y prevención y extinción de incendios se añaden como servicios mínimos por encima de 20.000 habitantes; ese umbral no elimina las competencias municipales ni identifica por sí solo al prestador efectivo.
El reparto que dibujan las notas de la Comunidad es claro: el Ayuntamiento concede o deniega licencias y comparte los expedientes; la Comunidad inspecciona, restablece la legalidad y ejecuta los derribos cuando los responsables no cumplen. Ambas administraciones se reunieron el 13 de marzo de 2024 —el alcalde y los concejales de Urbanismo y de Medio Ambiente, con dos técnicas de la Dirección General de Urbanismo— para tratar asuntos urbanísticos del municipio.
Por su parte, el Ayuntamiento regula por ordenanza —aprobada en pleno el 27 de marzo de 2025 y publicada en el BOCM el 29 de abril— los criterios de adjudicación de las viviendas de emergencia social y sociales de su propiedad. Es la respuesta pública a una demanda de vivienda que el alcalde reconoce superior a la oferta.
5 Un valle que nadie suma
La Vega no termina en el límite del término. La Comunidad señala que la cuenca del Tajuña es especialmente castigada por la edificación sobre suelo no urbanizable de protección según su nota de abril de 2025, y el operativo de 2026 movilizó a la Guardia Civil de Morata de Tajuña además de la de Chinchón. Las explotaciones de áridos de La Jara y Fátima-Jarama, por su parte, se inscriben en el entorno del Parque Regional del Sureste.
Las notas autonómicas citadas cuantifican actividad inspectora, no un inventario completo de edificaciones de la Vega y de su situación jurídica. Su alcance no permite concluir que ese inventario no exista en otros registros ni que falte toda evaluación territorial.
6 El verbo: escapar
La documentación revisada recoge modificaciones para líneas eléctricas y restauración de canteras, junto con actuaciones contra parcelaciones y edificaciones sin título. Estas últimas no equivalen a una reclasificación urbanística. La presión sobre el regadío, los cauces y las zonas inundables justifica examinar conjuntamente sus efectos, sin dar por acreditado que todo el valle tenga la misma situación jurídica.
La intervención autonómica acredita cooperación administrativa y ejercicio de competencias de disciplina. No demuestra por sí sola que el Ayuntamiento carezca de medios para actuar. Para valorar su capacidad deben conocerse la plantilla técnica, el presupuesto y el reparto de funciones. El artículo 102 de la Ley 39/2015 establece que la ejecución subsidiaria se realiza a costa del obligado. El importe liquidado, su cobro efectivo y los responsables concretos de cada derribo requieren consultar los expedientes. El método del tenedor de siete púas permite formular esas comprobaciones sin presumir irregularidades. Las tres herramientas para entender la transformación del suelo sitúan este caso dentro de una lectura territorial más amplia.
Ficha extendida Chinchón [Link]
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