Campo Real tiene 6974 habitantes en el padrón de 2025 y un presupuesto de casi seis millones según la información municipal de 2026. El SAU-R1 prevé 16.022 m² construidos, mientras varios expedientes fotovoltaicos afectan a su término. La escala de las infraestructuras obliga a distinguir decisiones municipales, autonómicas y estatales.

1 Un pueblo que planifica poco

Campo Real se rige todavía por unas Normas Subsidiarias aprobadas por la Comunidad de Madrid el 18 de marzo de 1999, citadas aún en los estatutos de su junta de compensación industrial. Sobre ese marco, el Ayuntamiento tramita el ámbito residencial: el Plan Parcial del sector SAU-R1, cuyo informe ambiental estratégico se publicó en el BOCM del 13 de mayo de 2026.

La ficha del sector, entre la avenida de Europa, la calle Ámsterdam, el camino de la Mesa y la carretera de Loeches, fija una edificabilidad máxima de 16.022 m² construidos; promueve el suelo Inmobiliaria Campo Real, S. L. El documento ambiental estratégico del SAU-R1, página interna 37 (página 56 del PDF), propone un máximo de 142 viviendas: 41 libres y 101 protegidas. La ficha de las Normas citaba 64 como referencia orientativa.

A su lado, la unidad de ejecución UA-12 avanza por junta de compensación, con bases de actuación modificadas en 2024 —entre otros extremos, el momento de edificar los terrenos y el reparto de las obras generales de urbanización—, como recoge el boletín de Uría Menéndez sobre el BOCM de junio de aquel año. Entre los ámbitos industriales identificados figuran: el Polígono Borondo, ya construido y con una fase de asfaltado por rematar, y el sector SAU I-1, con junta de compensación desde 2009.

El SAU-R1 y la UA-12 son los ámbitos residenciales identificados en las fuentes citadas. No constituyen un inventario completo del potencial de vivienda municipal ni permiten cuantificar su crecimiento sin conocer las viviendas y el calendario.

2 Doscientas hectáreas que se deciden fuera

La escala cambia al salir del plan municipal. El Plan Especial de Infraestructuras PEI-PFOT 186, aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo el 24 de julio de 2025, ordena las plantas fotovoltaicas Morena, Postor y Rececho y sus líneas. Según el resumen ejecutivo inicial, esas instalaciones comprometen 200,05 ha del término, un 3,2 por ciento de sus aproximadamente 6181 ha (cálculo propio sobre esas dos cifras). La declaración ambiental estratégica se publicó el 8 de enero de 2025 mediante resolución de 2 de diciembre de 2024, y los presupuestos de ejecución anunciados en 2021 para las tres plantas suman unos 141 millones de euros: más de veinte veces el presupuesto municipal de 2026.

No es la única huella. Driza Solar, de 112,5 MW, y Mástil Solar, de 62,7 MW, cuentan con autorización administrativa y han pasado por expropiación forzosa, con actas previas de ocupación convocadas en el propio Ayuntamiento en 2025. Postor evacúa por la subestación Rececho, de 220/30 kV, y por una línea aérea de 220 kV hacia la subestación Nimbo, según la autorización estatal de Postor Solar. Los proyectos vecinos compiten por el mismo nudo de 400 kV de Loeches: Mástil y Driza alegaron en el expediente de la línea de Envatios XXIV porque vierten en él.

La autorización eléctrica y la declaración de utilidad pública corresponden al Estado; el Plan Especial, a la Comunidad. El Ayuntamiento participa como administración consultada y ejerce las competencias que le atribuye la legislación. La autorización sectorial no sustituye automáticamente todos los demás permisos.

3 El mismo suelo, en piezas

Los expedientes llegan por separado. Las plantas del PEI-186 se tramitaron como expedientes acumulados, con los números 186, 187 y 189 del procedimiento; Driza corresponde al 206, Mástil al 190 y la línea de Envatios XXIV a otro anuncio distinto en el BOE. Cada uno acredita su pieza con rigor formal: anuncio en el BOCM o en el BOE, documentación en el portal de transparencia regional, evaluación ambiental propia.

La coexistencia de expedientes exige revisar sus relaciones funcionales y sus efectos acumulados, pero su tramitación separada no acredita fraccionamiento indebido. Las autorizaciones de construcción y las convocatorias de actas previas tampoco prueban el inicio material de las obras. Falta contrastar el contenido íntegro de la evaluación estratégica y el estado de ejecución.

Las resoluciones consultadas documentan información pública, consultas y condicionantes ambientales. Su existencia acredita controles formales; valorar su suficiencia exige examinar los expedientes completos. El acuerdo del PEI-PFOT 186, publicado el 10 de septiembre de 2025, estima parcialmente y desestima alegaciones. Ese resultado impide extender al conjunto del plan la ausencia de alegaciones de un trámite concreto de Postor.

4 Lo que el municipio paga y lo que no decide

El artículo 26 LBRL exige, por encima de 5000 habitantes, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos, además de los servicios mínimos de todo municipio. Protección civil y prevención y extinción de incendios son mínimos por población por encima de 20.000; ese umbral no elimina competencias municipales ni determina por sí solo el prestador efectivo.

Según la revista municipal, el presupuesto de 2026 asciende a 5.998.346 € y las inversiones pasan de 315.000 a 467.600 €, un 48,4 por ciento de aumento calculado sobre esas cifras, no un 54 por ciento. La deuda se sitúa en unos 556.000 € al inicio del año y se prevén unos 375.000 € al cierre; esta última cifra es una previsión.

La actuación visible es la Operación Asfalto: setenta mil metros cuadrados de calzada en cincuenta y ocho calles, con 1.116.000 € de inversión y un diez por ciento municipal, desbloqueada, según la propia revista municipal, tras nueve años. La seguridad ciudadana descansa en cámaras en los seis accesos y una plantilla de policía local de pocos agentes, con el objetivo de llegar a once al final de la legislatura.

El alcalde, Francisco Leal González, del Partido Popular, gobierna con la oposición de VOX y PSOE reflejada en la abstención y la ausencia que registra la revista en la votación del presupuesto. En las elecciones generales de 2023 el PP obtuvo el 45,2 por ciento en el municipio, el PSOE el 21,8 por ciento y VOX el 21,0 por ciento, según los resultados municipales del 23J.

La asimetría es el dato central. Inversiones privadas de más de cien millones se tramitan sobre un término cuyo Ayuntamiento maneja seis, y cuyo retorno fiscal por impuestos como el IBI, el ICIO o el IAE, regulados en el texto refundido de la ley de haciendas locales, queda por cuantificar.

5 El agua que llegará y la depuradora de 2009

La depuradora de Campo Real figura entre las instalaciones que Acciona Agua opera para Canal de Isabel II. La ampliación anunciada en 2009 preveía pasar de 1.230 a 2.460 m³ al día, con una inversión de 4,1 millones y veintiún meses de obra. Dividir 2460 m³/día entre 0,2 m³ por persona y día da 12.300 personas como equivalencia hidráulica teórica; no es capacidad certificada en habitantes equivalentes ni acredita margen disponible.

La referencia de 2009 debe distinguir entre anuncio de ampliación y puesta en servicio acreditada. Sin datos actuales de capacidad, carga, viviendas y demanda no se puede calificar de moderada la presión de los nuevos desarrollos ni deducir un margen disponible de depuración.

Los residuos siguen otro camino. Campo Real pertenece a la Mancomunidad del Este, que trata en el complejo de Loeches, y en su término está la planta de reciclaje de residuos electrónicos de ILUNION. La tasa de basuras se regula por ordenanza desde diciembre de 2024, con bonificaciones de hasta el cincuenta por ciento para jubilados y perceptores del ingreso mínimo vital.

6 El verbo: aloja

Los pueblos del sureste suelen contarse por lo que recalifican. Campo Real se cuenta por lo que acoge. Hace dos décadas el Ministerio de Fomento llegó a barajar el término como emplazamiento aeroportuario, según consta en el Diario de Sesiones del Congreso; no se construyó. El patrón se repite con otro signo: el municipio responde de los servicios, de la seguridad y del asfalto, y participa en consultas sobre infraestructuras cuya autorización corresponde a otras administraciones.

ALOJA se mantiene como lectura editorial provisional de la acumulación de infraestructuras. El informe ambiental estratégico del SAU-R1 es un hito ambiental, no una aprobación definitiva del plan ni la apertura permanente de un plazo de alegaciones. La ejecución de las instalaciones eléctricas requiere comprobar permisos, condicionantes y situación material.

El método del tenedor de siete púas permite revisar las relaciones entre expedientes y sus controles. Las tres herramientas para estudiar la transformación del suelo sitúan esa lectura en su contexto territorial. Son criterios de análisis; no acreditan por sí mismos irregularidades en Campo Real.

VER:

DEJA UNA RESPUESTA

Escribe un comentario
Escribe aquí tu nombre