La fábula de la rana y el escorpión describe lo que ocurre cuando un sistema que se desgasta al alternar admite a la extrema derecha, o a su pacto con la derecha ortodoxa, como una alternancia más. El artículo recorre los frentes donde se acumula ese desgaste, desde las crisis y la vivienda hasta el reparto territorial del poder y la amnistía, examina cuatro escenarios posibles —el naufragio, la travesía con el escorpión domesticado, la picadura sin hundimiento y la rana que no embarca—, los contrasta con experiencias europeas recientes y pondera qué cuesta cada uno y a quién. En ninguno de ellos llega la rana a la otra orilla sin veneno en el cuerpo.

1. La parábola

Había una vez un río ancho y de corriente mansa, y en una de sus orillas, un escorpión que necesitaba cruzar. No sabía nadar, y la otra margen era la única que le ofrecía alimento y refugio. Estuvo un buen rato mirando el agua, buscando un tronco o una piedra, hasta que vio a una rana que descansaba entre los juncos.

—Amiga rana —le dijo con toda cortesía—, ¿podrías llevarme a la otra orilla sobre tu espalda?

La rana lo miró con recelo.

—¿Llevarte a ti? Eres un escorpión. Si te subo, me picarás y moriré.
—¿Y qué ganaría yo con eso? —replicó él, sin perder la calma—. Si te pico en mitad del río, tú te hundes y yo me hundo contigo. Moriríamos los dos. Sería absurdo.

La rana lo pensó. El razonamiento era limpio, sin una sola grieta, y no encontró en él nada que objetar. Así que, aunque con cierto temblor en las patas, aceptó.

El escorpión trepó a su espalda y la rana se adentró en el agua. Nadaba despacio, sintiendo el peso extraño sobre el lomo y la corriente tirando suavemente de ella. La orilla de partida se fue alejando. La otra seguía lejos todavía.

Cuando estaban justo en mitad del río, donde ya no se hace pie, la rana notó un pinchazo ardiente en el costado. Una quemazón fría le recorrió el cuerpo y sus patas empezaron a no responderle.

—¡Me has picado! —alcanzó a decir mientras el agua les subía por el lomo—. ¿Por qué? Ahora moriremos los dos.

El escorpión, ya con las patas mojadas, contestó sin rencor y casi sin sorpresa:

—Lo siento. Es mi naturaleza.

Y el río se los llevó a ambos.

La fábula suele contarse como una advertencia sobre la naturaleza de los otros. Aquí se lee como un problema de travesía. Importa menos si el escorpión pica que lo que ocurre en el río mientras dura el viaje: cuánto pesa lo que lleva la rana, en qué punto de la corriente está cuando algo falla, quién paga el pinchazo y qué es, exactamente, la otra orilla. La rana es el sistema democrático; el escorpión, la extrema derecha —o su pacto con la derecha ortodoxa— tomada como una forma más de alternancia política; el río, la legislatura.

Lo que sigue no pretende un veredicto ni elegir entre escenarios. Reúne la parábola, el paralelismo político, los cuatro escenarios que se dibujan en el río, las experiencias europeas que los ilustran y una ponderación de lo que cada uno cuesta y a quién.

2. La rana: un sistema que se gasta al alternar

La rana es el sistema democrático, y su rasgo principal es que se desgasta al funcionar. Cada legislatura obliga a decidir, y cada decisión favorece a unos y deja fuera a otros: la ley que protege al inquilino no protege al propietario, la que baja un impuesto sube otra carga, la que abre una plaza cierra otra. No existe una ley para todos. Toda norma traza una frontera, y al otro lado de esa frontera queda una parte del electorado.

Eso no es un fallo de la democracia, sino su condición de funcionamiento. La democracia no promete que nadie quede fuera de una ley; promete que quien queda fuera hoy puede estar dentro mañana. La alternancia es el mecanismo que reparte la exclusión a lo largo del tiempo: quien pierde con un gobierno tiene a la vista un turno, y por eso acepta perder. La exclusión resulta tolerable porque es rotatoria y reversible.

El precio de ese mecanismo es el desgaste. Gobernar es acumular decisiones contra alguien, y cada decisión resta confianza, paciencia y capital político al gobierno que la toma. La alternancia absorbe ese desgaste sustituyendo al gobernante cansado por otro fresco. Pero la rana, a diferencia de quien la monta, es siempre la misma: el sistema carga con el cansancio de todas las travesías anteriores, con las promesas incumplidas, con los excluidos que esperan su turno. Cada legislatura empieza con la rana algo más cansada que la anterior.

Ese desgaste no es una abstracción: se acumula en frentes concretos, y son los mismos en cada legislatura. Se mide en cómo se resuelven las crisis que nadie programó, en cuánto cuesta vivir y tener casa, en lo que se cobra por trabajar y por haber trabajado, en cuánto Estado del bienestar se mantiene y quién paga los impuestos que lo sostienen, en a quién se deja entrar y con quién se discute fuera. Cada decisión en cualquiera de esos frentes tiene ganadores y perdedores que cambian con el signo del gobierno; lo que no cambia con el turno es el residuo de desconfianza que dejan.

La Encuesta de la OCDE sobre los motores de la confianza situaba en el 37 por ciento la proporción de españoles con una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno central en 2023, frente al 39 por ciento del promedio de la OCDE, y recogía que solo el 31 por ciento creía que el sistema político permite a gente como ellos opinar sobre lo que hace el gobierno. La edición de 2026 añade un dato para el conjunto de la OCDE: el 68 % cree que el voto influye en las acciones del gobierno, pero solo el 31 por ciento considera que personas como ellas tienen voz en sus decisiones.

Las crisis que nadie programó

La primera fuente de desgaste es la respuesta a lo imprevisto, porque en una emergencia el sistema se juzga entero y no por partes. La dana del 29 de octubre de 2024 dejó 229 víctimas mortales y terminó, un año después, con la dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien acusó al Gobierno de «haber negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente». Nueve meses después de la tragedia, los socialistas valencianos sostenían, por su parte, que el PP permitía que continuara en el cargo a quien despreciaba a las víctimas. La jueza de Catarroja instruía la causa sobre la gestión de la riada sin que Mazón hubiera aceptado declarar. La propia OCDE registraba en 2023 que solo el 49 por ciento de los españoles confiaba en que su gobierno estuviera preparado para proteger vidas en una emergencia, frente al 53 por ciento del promedio.

El apagón del 28 de abril de 2025 mostró otra variante: una crisis sin responsables políticos inmediatos, pero con una larga cola de atribución de culpas. El informe del Gobierno, elaborado en 49 días, concluyó que el origen fue «multifactorial» y descartó el ciberataque; casi un año después, el informe final de ENTSO-E, el organismo europeo de gestores de redes, repartió las responsabilidades entre Red Eléctrica y las compañías energéticas.

La guerra de Irán, con el bloqueo del estrecho de Ormuz, exigió una tercera clase de respuesta, la de las medidas con fecha de caducidad. El real decreto-ley del 20 de marzo de 2026 movilizó más de 5000 millones de euros, rebajó del 21 al 10 por ciento el IVA de los carburantes, la electricidad y el gas, y fijó su vigencia, en su mayor parte, hasta el 30 de junio. El decreto que prorrogó parte de las medidas retiró la rebaja del IVA de los carburantes tras la advertencia de Bruselas de que contravenía las normas comunitarias, y el alivio en el impuesto de hidrocarburos se recortó desde el 1 de agosto a diez céntimos por litro.

La carestía y la casa

El resultado es una inflación que, según el indicador adelantado del INE, se situó en el 4,9 por ciento en octubre, con la subyacente en el 3,1 por ciento: tres meses seguidos por encima del 4 por ciento y en niveles que no se veían desde febrero de 2023.

La carestía tiene su punto más sensible en la vivienda. El barómetro del CIS de octubre situó la vivienda como principal problema del país para más de la mitad de la ciudadanía; el trabajo de campo se hizo entre el 1 y el 6 de octubre, justo después de que el Congreso tumbara dos decretos de vivienda del Gobierno el día 2.

Los precios que lo explican son, según idealista, 15,3 euros por metro cuadrado de alquiler en julio, un 6,8 por ciento más que un año antes y el máximo de su serie, con la vivienda usada en venta en 2.823 euros por metro cuadrado en junio, un 15,8 por ciento más.

Las medidas anticrisis de marzo incluían, entre otras, una prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027; el paquete de vivienda pactado en junio entre PSOE y Sumar, un IVA del 21 por ciento para los pisos turísticos.

Salarios y pensiones

El salario mínimo y las pensiones son el otro termómetro. El SMI de 2026 quedó fijado en 1221 euros mensuales en catorce pagas, un 3,1 por ciento más, por el Real Decreto 126/2026, aprobado en febrero y con efectos desde el 1 de enero; en 2018 era de 735 euros. Con una inflación del 4,9 por ciento en septiembre y octubre, esa subida queda por debajo del alza de precios reciente. Las pensiones contributivas subieron un 2,7 por ciento, la cifra que resulta de aplicar la inflación media de los doce meses anteriores, de modo que la revalorización de 2027 se calculará con esta inflación; la pensión mínima de jubilación para hogares unipersonales quedó en 13.106,80 euros anuales, un 7,07 por ciento más, y en 17.592,40 con cónyuge a cargo, un 11,4 por ciento más.

La indexación protege el poder adquisitivo de quien ya cobra, pero se aprueba dentro de reales decretos-leyes que el Congreso debe convalidar, y el precedente de enero de 2025 muestra que el trámite puede fallar: PP, Vox y Junts tumbaron entonces un decreto que incluía las bonificaciones del transporte público, la subida del Ingreso Mínimo Vital y la revalorización de las pensiones. El de diciembre de 2025, en cambio, fue convalidado y volvió a prorrogar el escudo social, que el decreto de marzo de 2026 extendió a todo el año con descuentos extraordinarios en el bono social eléctrico. El Estado del bienestar se mantiene, así, a golpe de prórroga.

Presupuestos e impuestos

Todo ello se decide sin presupuestos. Los Presupuestos Generales de 2023 se prorrogaron en 2026 por tercer año consecutivo, el Gobierno no llegó a presentar proyecto para ese ejercicio y, según Artículo 14, las modificaciones de crédito alcanzaron un récord de 81.000 millones de euros.

La otra cara es la fiscal. La Agencia Tributaria recaudó en 2025 325.356 millones de euros, otro récord, de los que 142.466 millones correspondieron al IRPF. Hay dos lecturas, y las dos están documentadas. Funcas atribuye el encadenamiento de récords posterior a la pandemia, en buena parte, al viento de cola de las altas tasas de ocupación, junto con cambios tributarios. El PP, por su parte, denuncia una presión fiscal récord del 37,9 por ciento del PIB en 2025, y cita el cálculo de la AIReF según el cual no deflactar el IRPF permite recaudar 1800 millones adicionales al año hasta 2031. Quien paga, y quién se queda con el beneficio de ese esfuerzo, es la pregunta que cada legislatura deja abierta para la siguiente.

Inmigración

La inmigración condensa el desgaste en un solo expediente. La regularización extraordinaria nació de una iniciativa legislativa popular con más de 700.000 firmas, tomada en consideración en 2024 con el voto de todos los grupos salvo Vox, y se articuló por real decreto, que no requiere convalidación parlamentaria, tras un acuerdo del Gobierno con Podemos.

El Consejo de Ministros lo aprobó el 14 de abril de 2026 y las solicitudes se admitieron hasta el 30 de julio para quienes acreditaran estancia anterior al 1 de enero de 2026 y al menos cinco meses de residencia continuada. Funcas estimaba en 840.000 las personas en situación irregular a comienzos de 2025. Abascal acusó al Gobierno de promover un «efecto llamada por decreto», y no es la primera regularización: según el Ministerio de Inclusión, hubo seis anteriores.

La frontera sur añade su propio desgaste. La entrada masiva registrada en Ceuta el 30 y el 31 de julio activó un dispositivo pensado para emergencias internacionales, y la Junta de Extremadura, gobernada por el PP con apoyo de Vox, votó en contra del acuerdo sectorial que destinaba veinticinco millones de euros a la ciudad autónoma, mientras su presidenta defendía que no le daría la espalda. Cinco semanas después, miles de personas seguían en dispositivos temporales o fuera de ellos, y más de mil menores estarían pendientes todavía de una protección efectiva.

Fuera de casa

Las relaciones exteriores trasladan el desgaste a un terreno donde el Gobierno controla menos. En la cumbre de La Haya de junio de 2025, España fue el único miembro de la OTAN que se negó a suscribir el objetivo del 5 por ciento del PIB en defensa, y el presidente Sánchez fijó su techo en el 2,1 por ciento del PIB. Trump amenazó con «el doble» de aranceles, aunque la política comercial la dirige Bruselas. En octubre de 2025 volvió a amenazar y la Comisión Europea y el Gobierno rechazaron la amenaza; en la cumbre de Ankara de 2026, Trump amenazó con cortar «todo comercio» con Madrid, mientras Sánchez defendía haber pasado del 0,9 por ciento del PIB en 2018 al 2 por ciento en 2026.

El Estado que se reparte

Hay un frente más que el turno tampoco cierra, y es el del propio reparto del poder. El Estado de las autonomías es el terreno donde se discute quién decide y quién paga, y esa discusión se libra en dos planos que conviene separar: el de la financiación y el de la recentralización.

En el primero, el modelo vigente es el aprobado en 2009, que debía haberse renovado en 2014. El Gobierno presentó en enero de 2026 una propuesta de reforma que, según el Ministerio de Hacienda, supone 21.000 millones de euros adicionales, y que eleva la capacidad de gestión autonómica del IRPF y del IVA hasta el 56,5 por ciento.

El PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades, mantiene su oposición con el argumento de que la reforma se negoció bilateralmente con fuerzas independentistas en lugar de acordarse en un órgano multilateral, y en junio de 2026 sus comunidades anunciaron que no acudirían a las reuniones bilaterales propuestas por el Ejecutivo. El Gobierno replica que la adhesión es voluntaria —«aquí no se impondrá absolutamente nada», dijo Montero— y que a las comunidades del PP les cuesta explicar su oposición a la condonación de 83.000 millones de euros de deuda autonómica. Cada parte atribuye a la otra el bloqueo, y el resultado, doce años después, es un sistema caducado que ninguna legislatura ha sido capaz de cambiar.

En el segundo plano, la recentralización tiene un defensor programático. Vox propone «un Estado unitario administrativamente descentralizado», fórmula que en otros textos del partido se concreta en un solo gobierno y un solo parlamento para toda España, con la devolución previa al Estado de competencias como sanidad, educación o seguridad. Su argumento, tal como lo formula el propio partido, es que el Estado de las autonomías ha elevado el gasto público, ha dañado la unidad de mercado, ha multiplicado la complejidad administrativa y ha contribuido a la pérdida de calidad del sistema educativo.

Quienes defienden el modelo vigente y el reparto de competencias responden en varios terrenos:

En el jurídico, sostienen que suprimir las autonomías exigiría derogar los estatutos y chocaría con el artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho de las nacionalidades y regiones a la autonomía.

En el administrativo, el economista Juan Ramón Rallo, recogido por elDiario.es, sostiene que centralizar no equivale a desburocratizar y que el Estado autonómico no está especialmente sobreburocratizado respecto de otros Estados europeos más centralizados.

Y en el de la gestión cotidiana, sanidad, educación, servicios sociales o urbanismo son competencias que se ejercen cerca de quien las usa, aunque la cercanía tiene un coste que los críticos del modelo señalan: en servicios sociales, el País Vasco gastó en 2024 1.304 euros por habitante y Baleares, 353, de modo que la protección del mismo derecho varía según el territorio. El reparto genera además fricciones de atribución, como en el plan estatal de vivienda, cuya cofinanciación del 40 por ciento por las comunidades denuncian las gobernadas por el PP como una vulneración de su autonomía financiera.

La opinión pública no ofrece una mayoría nítida en ninguna dirección. En un barómetro del CIS recogido por Redacción Médica, casi un 33 por ciento se mostraba a favor de un gobierno central sin autonomías, un 31,6 por ciento estaba satisfecho con el modelo territorial actual y un 18 por ciento lo ampliaría. Y en Cataluña, según una encuesta del CEO, los votantes del PP (59 %) y de Vox (76 %) prefieren mantener el actual modelo autonómico.

Para el argumento de la rana, lo relevante es la estructura del frente: el reparto de competencias y de dinero no se cierra con ninguna legislatura, deja siempre a algún territorio o a algún grupo del lado de quienes pagan, y es el punto en el que un pasajero que propone recentralizar y otro que propone federalizar piden a la rana cruces distintos.

La amnistía y el electorado

La Ley de Amnistía es el frente donde la alternancia y el pacto con el nacionalismo periférico se cruzan de manera más visible. Su recorrido judicial ha sido largo: el Tribunal Constitucional respaldó la norma en su sentencia del 26 de junio de 2026, y el 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la declaró conforme al derecho comunitario y descartó que fuera una autoamnistía. Para el Gobierno y para sus socios, la ley cierra un conflicto; para el PP y sus electores, premia una ruptura.

El efecto sobre el electorado es más difícil de aislar de lo que suele darse por hecho. En el origen, el barómetro de diciembre de 2023 de 40dB para El País y la Cadena SER recogía que casi el 60 por ciento de los españoles consideraba la futura ley injusta y un privilegio, y que solo conseguía respaldo mayoritario en Cataluña y el País Vasco, además de entre los votantes nacionalistas y de Sumar.

El primer CIS posterior a la votación del Congreso dejó a PP y PSOE en empate técnico, a dos décimas. Con el tiempo, sin embargo, la agenda se desplazó. Un análisis de elDiario.es lo resume diciendo que entonces la amnistía era el escándalo nacional y que hoy se habla de vivienda, y el barómetro de Ipsos para La Vanguardia de abril de 2026 situaba la vivienda como el gran problema social (51 %) y devolvía la corrupción al podio. Los defensores de la ley sostienen, por tanto, que su coste electoral se diluyó; sus críticos, que forma parte del fondo de desconfianza sobre el que se asientan los demás agravios.

Ninguna de las dos lecturas puede probarse con los datos disponibles, porque las encuestas miden intención de voto y no la causa del voto, y porque en 2026 coinciden la vivienda, la corrupción, Ceuta y la propia amnistía. Lo que sí deja la ley, en el marco de la fábula, es una pregunta sobre quién queda fuera: una parte del electorado la vivió como una ley hecha para otros y otra la vivió como la reparación de un conflicto que la rana no había sabido cerrar. Es el mismo mecanismo de la primera sección, el de la ley que no puede ser para todos, aplicado a un caso donde la exclusión se sintió con una intensidad poco frecuente.

El saldo acumulado

Cada uno de esos frentes comparte estructura: una decisión que reparte costes, un plazo corto —decretos con fecha de caducidad, convalidaciones, prórrogas—, una parte del electorado que queda fuera y otra que reclama su turno. Ninguno se cierra con la legislatura; todos se heredan. Eso es lo que significa que la rana llegue cada vez más cansada: no que gobernar sea difícil, sino que el sistema carga con los frentes sin cerrar de todos sus pasajeros anteriores.

Tal es el punto de partida, y se plantea aquí como tesis, no como conclusión. Si la democracia reparte el desgaste entre quienes se turnan, queda por ver qué ocurre cuando el siguiente pasajero no propone turnarse, sino fijar de antemano quién queda fuera.

3. El escorpión: la extrema derecha como alternancia

El escorpión es la extrema derecha, o su pacto con la derecha ortodoxa, entendida como una alternancia más. La lectura tiene una fuerza evidente: quien llega al gobierno por esta vía lo hace por votación y lleva consigo a una parte del electorado. Quienes sostienen que debe tratarse como alternancia argumentan que vetar a una fuerza votada equivale a excluir a sus electores, justo lo que la democracia promete no hacer de forma permanente. Quienes sostienen que no lo es argumentan que un sistema no está obligado a ofrecer turno a quien propone suprimir el de otros. Las dos posiciones son defendibles y este artículo no escoge entre ellas: se limita a observar qué ocurre cuando el escorpión sube a bordo.

Hay al menos tres maneras de subir:

La primera es llevar el remo: la formación de extrema derecha encabeza la coalición. Es el caso de Italia, donde Giorgia Meloni gobierna con la Liga y Forza Italia un ejecutivo que ha batido en septiembre de 2026 el récord de longevidad de un gobierno desde la Segunda Guerra Mundial, y cuyo partido, Hermanos de Italia, la agencia AFP califica de ultraderechista.

La segunda es ocupar un asiento sobre el lomo: entrar en la coalición con carteras, como hicieron la FPÖ en Austria, el PVV en los Países Bajos y los Verdaderos Finlandeses en Finlandia, y como hace Vox con el PP en cuatro comunidades autónomas tras los pactos de 2026 en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

La tercera es nadar al lado, agarrado a una pata: el apoyo externo, que Dinamarca conoció con el Partido Popular Danés y Suecia con los Demócratas de Suecia en el Acuerdo de Tidö.

El artículo académico que acompaña este trabajo, «¿Un paradigma populista emergente del bienestar?», observa que la figura del apoyo externo permite al partido radical oscilar entre el comportamiento de gobierno y el de oposición, y conservar así su perfil sin cargar con las carteras. Es una ventaja que el asiento sobre el lomo no ofrece, y conviene tenerla presente cuando se compara el destino de cada travesía.

Sea cual sea el sitio que ocupe, el escorpión sube con un argumento, y de que ese argumento convenza depende que la rana acepte.

4. El embarque: el argumento del escorpión

La rana acepta porque el argumento es bueno. «Si te pico, nos hundimos los dos» es un razonamiento de interés, no de carácter: apela a lo que el escorpión perdería, no a lo que el escorpión es. Trasladado a la política, equivale a decir que una fuerza que entra a gobernar o a sostener un gobierno tiene todo que perder si rompe la travesía, y que por tanto se moderará, se institucionalizará y se volverá previsible. Es una tesis con respaldo empírico parcial y conviene darle su peso, porque es la que decide el embarque.

La evidencia europea de que gobernar desgasta al escorpión es abundante. En Austria, la FPÖ entró en el gobierno de Wolfgang Schüssel en febrero de 2000 y vio caer su voto del 27 % al 10 % en las elecciones anticipadas de noviembre de 2002, el mayor hundimiento de un partido en la posguerra austriaca según esa misma fuente. La Fundación Robert Schuman recoge que muchos analistas consideraron aquella apuesta una jugada maestra de Schüssel, que había aliado con la FPÖ para neutralizarla desde dentro. En Dinamarca, el Partido Popular Danés dio apoyo parlamentario a gobiernos de centroderecha, primero entre 2001 y 2011 y después entre 2016 y 2019, siempre sin entrar en ellos, y cayó del 21 % de 2015 al 8,7 % de 2019, con una pérdida de 21 escaños; el centro de investigación C-REX de la Universidad de Oslo lo calificó de gran decepción para una de las formaciones de derecha radical más exitosas de Europa. Varias crónicas de la época, como la de The Christian Science Monitor, atribuyen buena parte de esa pérdida a que muchos votantes pasaron a los socialdemócratas, que habían endurecido su discurso migratorio.

Ese último dato introduce el matiz que el argumento del escorpión suele omitir. El escorpión pierde votos, pero su programa no desaparece con ellos: lo hereda quien le arrebata el electorado. La rana comprueba entonces que el hundimiento del pasajero no equivale a la ausencia de carga. En los casos de Austria y Dinamarca, el castigo electoral convive con la persistencia de sus políticas, algo que el artículo retomará al hablar del veneno lento.

Queda la segunda mitad del argumento, la de que romper la travesía no le conviene. Los casos de los últimos años la matizan. En junio de 2025 Geert Wilders anunció que el PVV abandonaba la coalición de los Países Bajos, de la que era socio mayoritario, porque sus socios no firmaron su plan de asilo, y con ello hizo caer un gobierno que llevaba menos de un año de vida. Wilders, por su parte, dijo haberse sumado para poner en marcha un plan de asilo estricto, no para ver caer el país. Dos lecturas del mismo gesto: la del interés electoral y la de la coherencia programática. El artículo no zanja cuál es la correcta, y señala solo que en ambas el escorpión eligió picar a mitad de río.

En España ocurrió algo parecido en escala autonómica. En julio de 2024, tras un año de gobiernos de coalición, Vox decidió salir de los cinco gobiernos regionales que compartía con el PP cuando el PP aceptó participar en el reparto de menores migrantes no acompañados. Según Deia, Vox ocupaba entonces una docena de carteras autonómicas, entre ellas cuatro vicepresidencias. Abascal dijo que Vox había cedido quizá demasiadas veces para salvaguardar los gobiernos y que era imposible pactar con quien no quería hacerlo; Feijóo respondió que Vox se había pasado de frenada. Abascal responsabilizó al PP de la ruptura. Dos años después, Vox ha vuelto a entrar en gobiernos autonómicos con el PP, en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

De modo que el argumento del escorpión resulta verosímil y, a la vez, incompleto. Acierta en que gobernar cuesta votos; no garantiza que el pasajero considere el hundimiento un coste prohibitivo cuando el cálculo electoral cambia, ni que sus políticas desaparezcan con él. Lo que ocurra en el río depende de dónde pique, y de quién esté mirando cuando lo haga.

5. Primer escenario: el naufragio

El primer escenario es el que la parábola cuenta: el pinchazo en mitad del río. El gobierno cae antes de tiempo, la legislatura se interrumpe y la rana queda a merced de la corriente hasta que unas elecciones, o un nuevo pacto, la devuelvan a alguna orilla. Lo que lo distingue de los otros escenarios es que el daño es inmediato, visible y compartido: se hunden el pasajero y quien lo llevaba, y con ellos las leyes que estaban a medias, los presupuestos que no se aprobarán y los meses de gobierno en funciones.

Los Países Bajos ofrecen el caso más reciente. El ejecutivo de Dick Schoof se formó en julio de 2024 con el PVV de Geert Wilders como socio mayoritario, junto al VVD, el NSC y el BBB. Once meses después, el 3 de junio de 2025, Wilders anunció en la red social X que el PVV abandonaba la coalición porque sus socios no respaldaban su plan de asilo, y los cinco ministros del partido presentaron su dimisión, lo que obligó a Schoof a dar por terminado el gabinete. Diario de León recogió que los sindicatos de FNV valoraban la caída de un gobierno que, a su juicio, no había logrado nada, mientras que los socios acusaban a Wilders de anteponer sus intereses; la caída llegó, además, semanas antes de que el país acogiese la cumbre de la OTAN. En las elecciones del 29 de octubre de 2025 el PVV pasó de 37 a 26 escaños y el liberal progresista D66 subió de 9 a 26. Pero el desglose que ofrece Le Grand Continent matiza la lectura: el conjunto de la derecha nacionalista apenas cedió un escaño, hasta 40, porque JA21 pasó de 1 a 9 y el Foro por la Democracia de 3 a 7. El escorpión perdió votos, y una parte de ellos se repartió entre otros escorpiones. Su socio, el NSC, quedó sin ningún escaño de los 20 que tenía.

Austria conoció dos naufragios. El primero, en 2002, nació de una crisis interna de la FPÖ, la que, según Kurt Richard Luther en un trabajo de la Universidad de Keele, fue la implosión espectacular del partido de Jörg Haider y el detonante de unas elecciones anticipadas. Schüssel convocó las elecciones un año antes de que terminara el mandato, y el éxito fue del compañero de viaje: el ÖVP subió hasta el 42 % mientras la FPÖ se hundía. El segundo, en 2019, vino de fuera de la política ordinaria. El 17 de mayo se publicó el vídeo grabado en Ibiza en 2017 en el que Heinz-Christian Strache, entonces vicecanciller, hablaba de contratos públicos a cambio de donaciones. Sebastian Kurz anunció elecciones anticipadas y puso fin a una coalición que llevaba dieciocho meses en el poder; poco después perdió una moción de censura, y los ministros de la FPÖ, que ocupaban Interior, Defensa, Exteriores, Transportes y Sanidad, abandonaron el ejecutivo. Aquí la quiebra no la decidió el escorpión por cálculo, sino que lo sorprendió a él, y arrastró igualmente a la rana.

España ofrece el naufragio a escala autonómica. En julio de 2024 Vox, que ocupaba doce consejerías en cinco gobiernos, salió de todos ellos por el acuerdo sobre menores migrantes. El resultado inmediato fue un mapa de gobiernos del PP en minoría que, según ARA, seguían ligados a Vox ante el reto de aprobar presupuestos. La rana no se hundió del todo, porque la legislatura continuó, pero se quedaron en pie gobiernos cuya mayoría dependía de quien acababa de abandonarlos. La historia tuvo continuación: los pactos de 2026 devolvieron a Vox a cuatro ejecutivos, y en la asamblea del partido de junio Abascal pidió a los suyos «valentía para salir de los gobiernos» si el PP incumple lo pactado, con la advertencia, recogida por Que.es, de que las «zancadillas» se responderían con la ruptura. La amenaza de naufragio queda así incorporada al propio embarque.

De los cuatro casos se desprenden varias observaciones, que se exponen como tales y no como regla. La primera es que el naufragio lo decide casi siempre el pasajero, o un accidente que lo alcanza, y rara vez la rana: en los Países Bajos y en España la ruptura la anuncia el escorpión, en Austria en 2002 la provoca su crisis interna y en 2019 un escándalo. La segunda es que quien rompe conserva una opción que el sistema no tiene: Wilders declaró que quería ser «el próximo primer ministro», y Abascal proclamó en agosto de 2026 que no se ve de vicepresidente sino de presidente, según ARA.

Salir del gobierno puede ser una forma de volver a la oposición sin soltar el programa, justo la oscilación que el artículo académico atribuye al apoyo externo. La tercera es que el coste electoral del naufragio recae, en estos casos, sobre el partido que lo causa o lo sufre, pero no siempre sobre su espacio: en los Países Bajos el voto se dispersó sin abandonar el bloque.

Queda lo que paga la rana. Un gobierno caído a mitad de camino es una legislatura sin ley: el sistema democrático gasta en ello tiempo, capacidad de decisión y confianza, y lo hace con independencia de quién gane después. Es el escenario en que el desgaste del que hablaba el segundo apartado se paga de golpe. También es, entre los cuatro, aquel en que la rana puede volver a la orilla de partida con relativa rapidez, porque unas elecciones restablecen el turno. El problema, y la parte menos visible del naufragio, es que a la orilla de partida llega más cansada de lo que salió.

6. Segundo escenario: la travesía completa con el escorpión domesticado

El segundo escenario es el inverso del primero: el escorpión no pica, o no lo hace de forma que hunda la barca, y la rana llega a la otra orilla. Es la hipótesis que el argumento de embarque prometía, y los datos europeos permiten decir que se ha cumplido en varios casos, si por cumplirse se entiende que la legislatura terminó y el gobierno no cayó por ruptura del socio. Conviene precisar a qué llama el artículo domesticación: no a que el escorpión renuncie a su programa, sino a que acepte las reglas de la travesía, la disciplina presupuestaria, el calendario y la lealtad a la coalición, mientras sigue empujándolo.

Italia es el ejemplo de la rana que lleva al escorpión al timonel y no se hunde. El gobierno de Giorgia Meloni, formado por Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, se convirtió en septiembre de 2026 en el más longevo de la República en un país que ha tenido 68 gobiernos en 80 años, con 1413 días ininterrumpidos, según AP. La misma agencia atribuye parte de esa estabilidad a un estilo pragmático: sostuvo el apoyo a Ucrania, trabajó dentro de las instituciones europeas y abrazó la disciplina fiscal.

El corresponsal de RFI sitúa la economía y la política exterior entre las claves del éxito, con un desempleo en mínimos del 5,8 por ciento en julio. Pero esa misma estabilidad tiene sus críticos. Según el recuento de la agencia AGI que recoge la AFP, la mayoría adoptó unas 300 leyes y decretos-ley, en su mayoría sobre seguridad en sentido amplio: inmigración, traficantes, delincuencia juvenil, fiestas ilegales e incluso piquetes que cortan una carretera.

El analista Lorenzo Pregliasco, en la citada información de AP, considera que el gobierno ha sido estable y duradero pero no ha conseguido gran cosa en reformas estructurales, y el economista Tito Boeri sostiene, según la AFP, que el gobierno ha buscado sobre todo mantenerse en el poder haciendo lo mínimo. Y queda el efecto lateral de la domesticación: la coalición corre el riesgo de perder votos a favor del general Roberto Vannacci, que critica con dureza a migrantes y personas LGTBI. Quien se modera deja un hueco, y ese hueco lo ocupa otro escorpión.

Suecia es el caso del escorpión que nada al lado. Ulf Kristersson fue investido en 2022 gracias a los Demócratas de Suecia, que renunciaron a entrar en el gabinete a cambio de influir en todas las carteras, en el marco del Acuerdo de Tidö. La legislatura se completó. El 13 de septiembre de 2026, los socialdemócratas ganaron con su peor resultado histórico, los Moderados obtuvieron el 19,9 por ciento y el 17,7 por ciento fue para los Demócratas de Suecia, que sufrieron el primer retroceso desde su entrada en el Parlamento en 2010.

Según El Economista, en 2022 habían obtenido el 20,5 por ciento y ahora cayeron al 17,6 por ciento, por detrás de los Moderados. El bloque de centroizquierda sumó 176 escaños frente a 173, y Kristersson presentó su dimisión el 17 de septiembre. El gobierno dejó el poder por las urnas, no por la ruptura del socio. Eso es lo que cuenta como travesía completa. elDiario.es ya apuntaba que la huella de los Demócratas de Suecia es especialmente visible en el endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad.

Dinamarca ofrece la versión más larga. El Partido Popular Danés apoyó desde fuera a los gobiernos de la coalición liberal-conservadora y, en el Plan 2020 y los acuerdos presupuestarios de esos años, firmó reformas que no eran solo migratorias: el recorte de la duración de la prestación por desempleo de cuatro a dos años, o los períodos de carencia para extranjeros no comunitarios en el acceso a prestaciones. La legislatura se cumplió, y quien pagó el desgaste fue el escorpión. Pero el artículo no oculta que, como se vio al hablar del embarque, su electorado fue absorbido por los socialdemócratas, que endurecieron su discurso migratorio y que gobiernan desde 2019 un país que, ya con el apoyo del Partido Popular Danés a un gobierno de centroderecha, el diario Público describió como el que ha endurecido hasta extremos desconocidos en Europa sus políticas de migración. A esa transferencia, la rana que llega sana a la orilla pero con la carga cambiada, volverá el apartado del veneno lento.

Finlandia completa el cuadro con un caso en que el escorpión sí está en la barca. El gobierno de Petteri Orpo, formado en junio de 2023, incluyó siete de sus diecinueve ministros del partido Verdaderos Finlandeses, según el Centro de Estudios Orientales, que ya entonces advertía de que el partido podía ser un factor desestabilizador por su historial de escisiones. Su programa combinó una línea más dura en inmigración con recortes de 1.500 millones en seguridad social. La Fundación Europea de Estudios Progresistas observa, en su análisis, que el partido, que se apoyaba en la clase trabajadora hasta 2023, dio un giro radical en la política del mercado laboral al redactar el programa de gobierno. Cabe leerlo como un dato para el siguiente escenario: la domesticación no solo modera al escorpión en lo que daba miedo, también puede reorientar a su electorado en lo que no se esperaba.

De estos casos pueden extraerse, de nuevo como observaciones, tres rasgos del escenario. El primero es que la travesía completa es compatible con una derrota del escorpión en las urnas: en Suecia y en Dinamarca el partido radical paga con votos la estabilidad que da al gobierno. El segundo es que esa estabilidad puede tener un precio en reformas: AP, AFP y los analistas citados describen en Italia más leyes de seguridad que reformas estructurales. El tercero es que la rana llega a la orilla, pero la orilla no es la misma. De la domesticación del escorpión salen un sistema que ha conservado la continuidad, un electorado que ha cambiado de preferencias y una agenda que ya forma parte del programa de otros. De ello trata el siguiente escenario.

7. Tercer escenario: la picadura sin hundimiento

El tercer escenario es el menos espectacular y, por eso mismo, el que más importa a la tesis de este artículo. La barca no se hunde, la legislatura se cumple y el sistema sigue funcionando, pero el pinchazo ya ha ocurrido: es un veneno lento. Lo que se pierde no es el gobierno sino una propiedad de la democracia que el segundo apartado describía: que la exclusión que toda ley produce sea rotatoria y reversible. Cuando el criterio que separa a quienes quedan dentro de quienes quedan fuera es estable y lo fija un pasajero que no piensa turnarse, la exclusión deja de repartirse en el tiempo.

El artículo académico que acompaña este trabajo, «¿Un paradigma populista emergente del bienestar?», ofrece la descripción más precisa de ese mecanismo. Su tesis es que los partidos populistas de extrema derecha no se limitan al chovinismo del bienestar, es decir, a reservar las prestaciones a los nacionales, sino que promueven un Estado de bienestar dualista: una lógica protectora para los «merecedores», que son los mayores, las familias nacionales y los trabajadores, y una lógica neoliberal para los «no merecedores». Es una división que, según los autores, no distingue entre fases del ciclo: se aplica en la recesión y en la expansión. Los casos que estudian son Dinamarca entre 2009 y 2011 y Austria entre 2017 y 2019, y conviene recordar que son dos, de modo que el propio trabajo es cauto sobre cuánto cabe generalizar.

En Dinamarca, el contexto era la Gran Recesión. En 2010, el gobierno de liberales y conservadores y su aliado legislativo externo, el Partido Popular Danés, aprobaron el Paquete de Recuperación, que preveyó tres restricciones: la reducción de la duración del subsidio por desempleo, recortes en la educación y formación de adultos para trabajadores no cualificados y recortes en las prestaciones familiares. El Partido Popular Danés, que había dicho que no apoyaría restricciones del bienestar como respuesta a la crisis, aceptó el plan en la negociación. Lo que consiguió a cambio, según el artículo, es la distribución del coste: vetó la restricción de la jubilación anticipada, muy valorada por personas mayores sin estudios superiores, y en las prestaciones familiares defendió que siguieran siendo universales, aunque propuso un tope para las familias inmigrantes numerosas; tras la negociación, los conservadores aceptaron un tope y una reducción del 5 por ciento en la cuantía. Los socialdemócratas y los socialistas acusaron al gobierno de hacer que los más pobres pagasen el déficit. La conclusión de los autores es que, durante la recesión, ciertos grupos merecedores quedaron protegidos de los recortes y los no merecedores cargaron con la austeridad. Fuentes oficiales españolas confirman que el recorte de la duración de la prestación por desempleo, de cuatro a dos años, se aprobó en un acuerdo con el Partido Popular Danés.

En Austria, el escenario era el inverso, una expansión económica, y el resultado confirma el mismo diseño desde el otro lado. Según el artículo, el gobierno de ÖVP y FPÖ amplió las prestaciones para los merecedores: subió la pensión mínima de 840 a 1.200 euros al mes para quienes acreditan al menos cuarenta años de cotización, redujo las cotizaciones al seguro de desempleo de los salarios bajos, con un beneficio medio anual de 311 euros para 450.000 trabajadores según el propio partido, e introdujo una desgravación familiar de hasta 1.500 euros por hijo y año. Esta última, apuntan los autores, fue una transferencia regresiva: se concede solo a quien paga impuestos, de modo que quienes viven del ingreso mínimo o están en paro dejaron de tener derecho a la prestación familiar que sustituía, y los hogares que ingresaban menos de 1250 euros mensuales no se beneficiaron. Al mismo tiempo se adoptaron tres restricciones: la supresión del subsidio de emergencia por desempleo, la indexación de las prestaciones familiares al coste de vida del país donde reside el menor y la reducción del ingreso mínimo para extranjeros, con un ingreso nacional de 863 euros, cinco años de espera para los ciudadanos de la Unión Europea y 563 euros para los refugiados sin un alemán B1 certificado. Los autores señalan un detalle que ilustra el criterio de merecimiento: dado que el 40 por ciento de los perceptores del subsidio de emergencia eran mayores de cincuenta años, un grupo electoralmente importante para la FPÖ, se introdujo una excepción y los desempleados de esa edad con al menos ciento ochenta meses cotizados conservaron prestaciones sin límite.

Hay una línea que une ambos casos y que conviene dejar escrita: la influencia del partido radical, dicen, va más allá de una transferencia de recursos entre grupos, porque transforma la naturaleza cualitativa de las prestaciones. Las medidas para los no merecedores siguen una lógica de recorte, mercantilización y activación, y las dirigidas a los merecedores, el paradigma tradicional. También precisan los límites de esa influencia: estuvo acotada por las restricciones presupuestarias y por los objetivos económicos de los partidos de derecha tradicionales. En los dos casos el socio ortodoxo conservó la disciplina presupuestaria, y el escorpión eligió a quién repartirla.

España ha entrado en este escenario con un concepto propio, el de «prioridad nacional». Los acuerdos de gobierno de Extremadura y Aragón, firmados en abril de 2026, la incluyen en el acceso a las ayudas públicas, las subvenciones y la vivienda protegida, en textos que El Salto describe como un corta y pega: el acceso se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procura la asignación prioritaria de los recursos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Onda Vasca resume que los pactos de las cuatro comunidades recogen criterios de arraigo o empadronamiento en el acceso a la vivienda protegida y a determinadas ayudas, y cita en uno de ellos un mínimo de diez años de empadronamiento para acceder a la compra y cinco para el alquiler social.

Lo que merece atención es que las dos partes del pacto dan al mismo texto lecturas distintas, y que esa diferencia es el núcleo del escenario. Vox, según Orain, defiende que la medida sirve para priorizar a los españoles; el PP explica que el criterio no es la nacionalidad sino el empadronamiento prolongado y el arraigo. Feijóo y otros dirigentes populares han insistido, según elDiario.es, en que todo lo firmado se ajusta a las leyes y se basa en el arraigo, el empadronamiento y la vinculación con el territorio. El mismo día en que se cerraba el acuerdo aragonés, sin embargo, el PP rechazó en el Congreso la moción de Vox para consagrar el principio en toda España, al considerar que no reflejaba lo pactado en Extremadura. Onda Vasca recoge que la dirección del PP advirtió de que recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier acuerdo de una comunidad que contravenga la Constitución. El presidente murciano, Fernando López Miras, habló, según El Cronista, de «prioridad legal» frente a la prioridad nacional que Vox exige.

Se pueden formular, de nuevo como observaciones y sin que supongan un juicio, tres lecturas abiertas de lo que ocurre. La primera es que el veneno depende de la interpretación: si prevalece el arraigo, el criterio afecta a quien lleva poco tiempo empadronado, nacional o no; si prevalece la nacionalidad, el criterio afecta a quien no la tiene, con independencia de su arraigo. La segunda es que quien decide cuál de las dos lecturas se aplica no es la rana sino sus propios órganos de garantía, y ese es el lugar donde la rana tiene defensas, lo que obliga a preguntarse cuánto tardan en actuar y qué se gasta mientras tanto. La tercera es que, como muestra el artículo académico, la parte restrictiva de un diseño dualista suele ser la que sobrevive al partido que la impulsó, porque el socio ortodoxo, que mantiene la disciplina presupuestaria, la encuentra compatible con su propio programa: en Austria, la indexación de las prestaciones familiares y la reducción del ingreso mínimo para extranjeros fueron acordadas por ambos partidos de la coalición.

Por eso este escenario cuesta de ver. Nada se hunde, ningún indicador salta, y la ruptura de turno que la alternancia ofrecía a quien queda fuera no llega a producirse porque el criterio de exclusión no cambia de manos con el gobierno. El coste es, en el sentido literal de la parábola, un coste que no se paga en la travesía: se paga después, en la orilla de llegada.

8. Cuarto escenario: la rana que no embarca

El cuarto escenario no aparece en la parábola, pero la parábola lo sugiere: la rana, advertida de lo que es el escorpión, se niega a cargarlo. Es el cordón sanitario, la decisión de los demás partidos de no gobernar con él ni sostenerse en él. La rana no se hunde ni sufre la picadura, pero tiene que cruzar el río sin pasajero, y el escorpión sigue en la orilla, donde lo ven todos.

Austria es el ejemplo más claro y más reciente. En septiembre de 2024, la FPÖ de Herbert Kickl ganó por primera vez unas elecciones generales con el 28,8 por ciento de los votos, su mejor resultado histórico. Sin embargo, según Artículo 14, el ÖVP rechazó gobernar bajo la dirección de Kickl y los socialdemócratas, los Verdes y los liberales de NEOS descartaron cualquier colaboración con la FPÖ. Kickl denunció que el resto de los partidos trataba a sus seguidores como votantes de segunda clase, lo que reproduce, en boca del propio escorpión, el argumento que el artículo expuso al hablar de la alternancia. El intento de coalición entre la FPÖ y el ÖVP, según el StuttgarterZeitung, fracasó semanas antes, entre otras razones por diferencias de política exterior. El gobierno acabó formado por ÖVP, SPÖ y NEOS, con Christian Stocker como canciller, tras las negociaciones de formación más largas de la posguerra austriaca, según UNN.

La rana, entonces, cruza el río sin el escorpión y con parte de su carga. La coalición aprobó, a las pocas semanas de tomar posesión, la suspensión de la reunificación familiar de migrantes, una medida que Europa Press describe como controvertida porque la legislación europea recoge ese derecho. Stocker la justificó, según Ynet, por los límites de capacidad del país y por el número de personas llegadas por esa vía en 2023 y 2024, unas dieciocho mil. El pacto de gobierno incluye además, según Europa Press, la prohibición del velo islámico. La secretaria de Estado socialdemócrata Leichtfried apoyó la resolución y dijo que el objetivo del SPÖ en asilo es la humanidad y el orden, y que la migración irregular debe reducirse a cero. Amnistía Internacional Austria consideró, en cambio, que empezar la legislatura con una clara violación del derecho internacional no es una buena señal. El cordón sanitario, en este caso, no impidió que parte del programa del escorpión entrase en la barca por otro lado.

La otra cara es la fortaleza electoral del pasajero que se queda en la orilla. Según una encuesta de Market de abril de 2026, la FPÖ lidera con el 36 por ciento, seguida del ÖVP con el 20 por ciento y el SPÖ con el 19 por ciento, y un sondeo de julio de 2026 mantiene la cifra del 36 % con el ÖVP y el SPÖ en el 20 por ciento cada uno. Son sondeos, no resultados, y hay más de un instituto con cifras ligeramente distintas; lo que indican todos es que la FPÖ supera con holgura su 28,8 por ciento de 2024. Si esa tendencia se mantuviese hasta las siguientes elecciones, previstas para 2029 según PolitPro, la rana volvería a encontrarse con el mismo escorpión en la orilla, con más fuerza que antes y después de una legislatura de gobierno cuyo balance habrá corrido a cargo de los demás.

El caso permite formular tres observaciones, de nuevo como tales. La primera es que negarse a embarcar al escorpión tiene un coste que el escenario del naufragio no tiene: el desgaste de la rana, que en los otros escenarios se reparte entre el pasajero y quien lo lleva, recae aquí solo sobre los partidos que gobiernan sin él y pueden ser vistos como el sistema. La segunda es que la exclusión del escorpión es, por definición, la exclusión de sus votantes del turno, que es lo que el segundo apartado identificaba como el rasgo que hacía tolerable la democracia; los defensores del cordón responden que el sistema no tiene por qué ofrecer turno a quien propone suprimir el de otros, y ambas posiciones son defendibles. La tercera es que el cordón es un equilibrio vulnerable a la aritmética: en Suecia, elDiario.es cuenta que el cordón sanitario que mantuvieron los partidos en elecciones anteriores se ha roto por completo, y en los Países Bajos, según Le Grand Continent, el conjunto de la derecha nacionalista conservó 40 escaños tras las elecciones de 2025, de modo que la pregunta de si se podrá gobernar sin ella seguirá vigente.

9. Quién queda fuera: el criterio de merecedores y no merecedores

Los cuatro escenarios hablan del barco. Esta sección habla de quienes no están en él, porque el segundo apartado situó en ellos el punto de partida: ninguna ley es para todos, y cada ley deja fuera a una parte del electorado. La pregunta que atraviesa el artículo es qué hace cada escenario con esa parte.

En un sistema que alterna, la exclusión es un efecto de la decisión y puede cambiar de manos. El inquilino que pierde con un gobierno gana con el siguiente; el criterio con el que la ley traza su frontera depende de quien gobierne. Lo que describe el artículo académico es otra cosa: un criterio de exclusión que se define de antemano, que no depende del ciclo económico y que, por tanto, no rota. Los «merecedores» y los «no merecedores» no son categorías de una ley concreta sino una forma de ordenar las leyes. Los autores identifican quiénes quedan dentro, que son los nativos con largos historiales laborales, y quiénes fuera: inmigrantes, desempleados de larga duración y quienes tienen historiales de cotización cortos o discontinuos, a los que la narrativa nativista y autoritaria del partido presenta como parasitarios. Interpretan, además, que esa solidaridad selectiva resulta atractiva para pensionistas y clase trabajadora expuestos a la inseguridad de la globalización, porque protege a quienes ya están dentro del sistema y crea un grupo vulnerable fuera de él.

El criterio es, con todo, menos nítido en la práctica que en la teoría, y los casos lo muestran. En Austria, el partido radical diseñó una excepción para los desempleados mayores de cincuenta años con ciento ochenta meses cotizados, a los que el recorte del subsidio de emergencia no alcanzó, y los autores observan que ese grupo constituía una cohorte electoral importante para el partido. En Dinamarca, el partido vetó la restricción de la jubilación anticipada, la prestación más valorada por sus votantes de mayor edad. En España, la propia formulación de la «prioridad nacional» oscila entre la nacionalidad y el arraigo, y esa oscilación decide quién entra y quién sale: según se imponga una u otra lectura, la frontera pasa entre españoles y extranjeros o entre los empadronados desde hace años y quienes llegaron hace poco, sean de donde sean. Cualquiera que sea el criterio, quien queda fuera lo hace sin que su fortuna dependa ya de que haya un turno: la frontera la fija el pacto.

Hay también un límite que los propios autores señalan y que sitúa lo anterior en su justa medida. La influencia del partido radical estuvo acotada por las restricciones presupuestarias y por los objetivos económicos de los partidos de derecha tradicionales, y el estudio se basa en dos casos. De modo que lo que el artículo describe no es una ley de hierro del bienestar dualista, sino un patrón observado en dos legislaturas, con una condición: que el socio ortodoxo conserve el control de la disciplina presupuestaria y acepte, o tolere, la división.

Conviene fijar el terreno antes de formular la pregunta. Este artículo no pone en cuestión que la democracia habilita, y habilitará siempre, el voto de todas las sensibilidades políticas: el pluralismo político es, junto con la libertad, la justicia y la igualdad, uno de los valores superiores del ordenamiento, y ampara también a la extrema derecha, sea mayoritaria o minoritaria. Lo que analiza son las consecuencias del balance final de los votos cuando de él resulta un poder que pone en riesgo los principios y los valores sobre los que descansa el propio sistema. Ahí no se habla de minorías en sentido estricto, sino de personas y grupos excluidos: quienes, por su condición o su estatus, quedan fuera de un criterio fijado de antemano. Las razones de la mayoría no son un yunque que pueda dejarse caer sobre ellos.

La pregunta de fondo, que el artículo no despeja, es qué protege a las personas y a los grupos excluidos cuando el balance final de los votos pone en riesgo los valores democráticos: dónde se amparan el respeto, la solidaridad, la igualdad y los derechos humanos cuando la agenda política consiste en establecer, de forma continua, filtros de acceso a las salvaguardas del Estado para quienes ya están excluidos. El siguiente apartado se limita a ponderar qué cuesta cada escenario a cada parte.

10. Ponderaciones: qué cuesta cada escenario y a quién

No se trata de elegir un escenario ni de ordenarlos de mejor a peor. Se trata de poner a la vista qué se pierde en cada uno, quién lo paga y con qué facilidad se recupera. La tabla resume la lectura que este artículo hace de los casos europeos; las celdas son una síntesis del texto precedente y señalan una interpretación, no un dato.

EscenarioQué se pierdeQuién pagaReversibilidadVisibilidadEvidencia europea
NaufragioTiempo de gobierno, leyes a medias, estabilidadEl conjunto del sistema; en las urnas, quien rompe o quien sufre la rupturaAlta: las elecciones restablecen el turnoMuy altaPaíses Bajos 2025, Austria 2002 y 2019, España 2024
Travesía completa con escorpión domesticadoUna parte de la agenda propia de los socios ortodoxos; en ocasiones, reformas estructuralesLos socios que ceden agenda; el partido radical, en votosMedia: depende de quién recoja el electorado y la agendaMediaItalia, Suecia, Dinamarca, Finlandia
Picadura sin hundimientoLa rotación de la exclusión: el criterio que separa a quien está dentro de quien está fueraLos grupos que el criterio deja fueraBaja o incierta: depende de los órganos de garantía y del socio ortodoxoBajaDinamarca 2010, Austria 2017 a 2019, España 2026
Rana que no embarcaEl equilibrio de representación: el voto del escorpión queda fuera del turnoLos partidos que gobiernan sin él; el electorado excluidoIncierta: depende de la evolución electoralAltaAustria 2024 y 2025

Una primera lectura de la tabla es que los cuatro escenarios no cuestan lo mismo, sino cosas distintas, y que el coste cambia de lugar al cambiar de escenario. El naufragio concentra el daño en el tiempo y en el sistema, y lo hace visible: nadie discute que ha ocurrido. La travesía domesticada lo reparte entre los socios de la coalición y el electorado radical, y lo hace de forma más silenciosa. El veneno lento lo concentra en los grupos que el criterio excluye y apenas se ve. La rana que no embarca lo concentra en la cohesión de la representación.

La segunda lectura atiende a la reversibilidad. El naufragio es el escenario más reversible, porque la alternancia está hecha para eso: unas elecciones devuelven la rana a una orilla. Pero la reversibilidad tiene un precio que el artículo ya ha señalado, y es que la rana llega a la orilla más cansada. En el extremo opuesto está el veneno lento, cuya reversibilidad no depende del turno sino de quien tenga la facultad de reinterpretar o anular el criterio, y de lo que ocurra mientras tanto con quienes quedaron fuera.

La tercera lectura atiende a la visibilidad, y a una paradoja. Cuanto más visible es el coste, menos persiste: el naufragio se paga y se corrige. Cuanto menos visible, más probable que persista, porque ningún indicador lo señala. Esto no equivale a decir que lo invisible sea peor, sino que no genera por sí mismo la reacción que corrige lo visible. El caso sueco ilustra la otra cara de la moneda: el voto castiga al partido radical y sus ideas pueden seguir gobernando; el castigo electoral y la permanencia de la agenda no son incompatibles.

La cuarta lectura es la de los ciclos. Los escenarios no son excluyentes en el tiempo: se encadenan. Austria los ha recorrido casi todos. En 2000, la FPÖ entró en el gobierno y en 2002 el gobierno cayó (naufragio); en 2017 volvió a entrar, aprobó un paquete dualista y en 2019 el gobierno volvió a caer (naufragio con picadura incluida); en 2024 ganó las elecciones y, tras el cordón, el gobierno aprobó parte de su agenda migratoria (rana que no embarca con carga), y las encuestas de 2026 lo sitúan en el 36 por ciento. En Dinamarca, el apoyo externo (travesía domesticada) dejó un electorado que absorbió otro partido. En los Países Bajos, el naufragio dejó el bloque nacionalista casi intacto en escaños. La lección más general es que cada escenario cambia las condiciones del siguiente, y que el sistema que cruza el río varias veces lo hace cada vez con un lomo más gastado.

La quinta, por último, es la de los afectados. Los costes de cada escenario no caen sobre las mismas personas. El naufragio lo paga, sobre todo, quien depende de que el gobierno funcione: los beneficiarios de las leyes que no se aprueban. La travesía domesticada la pagan los socios que ceden y, a medio plazo, el propio partido radical. El veneno lento lo pagan los grupos excluidos por el criterio, que son los que menos peso electoral tienen, por definición del criterio. Y la rana que no embarca la pagan los votantes del escorpión, que se sienten sin turno, y los partidos que gobiernan sin él y asumen en solitario el desgaste. Quien lea esta tabla desde una de esas posiciones verá un escenario distinto como el menos costoso, y el artículo no tiene criterio para decir que se equivoca.

11. Cierre: lo que la rana puede observar antes y durante la travesía

La parábola termina mal porque el escorpión no tiene más argumentos que su naturaleza. La travesía política es más ambigua, porque el pasajero tiene intereses, socios y electores, y porque la rana no es un animal sino un sistema con órganos que actúan a ritmos distintos. Eso permite observar, mientras el barco está en el agua, señales que la rana de la fábula no tenía. Se enumeran aquí como preguntas de observación, no como pronósticos.

La primera es quién decide el momento de la ruptura. En los casos de los Países Bajos y de España en 2024, el escorpión eligió la hora; en Austria la eligieron las circunstancias. Una coalición en la que el socio radical conserva abierta la opción de salir, como la que Abascal recordó en junio de 2026, es una coalición cuyo calendario no controla la rana.

La segunda es quién define el criterio de exclusión y quién lo interpreta. La diferencia entre arraigo y nacionalidad no es un matiz de redacción: es la frontera. Observar qué lectura se aplica en la práctica, y cuánto tarda en pronunciarse un órgano de garantía si se discute, es observar si la picadura es reversible.

La tercera es quién custodia la disciplina presupuestaria. En los dos casos del artículo académico, la influencia del partido radical quedó acotada por el socio ortodoxo. Si esa condición cambia, también cambia el alcance del patrón que ese artículo describe.

La cuarta es hacia dónde se mueve el electorado. En Dinamarca, el voto pasó a los socialdemócratas; en los Países Bajos, a otros partidos del mismo bloque; en Italia, la coalición corre el riesgo de perder votos ante Vannacci; en Suecia, el partido radical perdió y la agenda siguió. El destino del voto indica si el escorpión era un partido o un espacio.

La quinta es qué queda de la agenda cuando se va el pasajero. En Austria, la indexación de las prestaciones familiares y el ingreso mínimo para extranjeros fueron obra de los dos partidos de la coalición; en 2025, un gobierno sin la FPÖ suspendió la reunificación familiar. La pregunta es qué parte del programa del escorpión pertenece ya a la rana.

Hay, por último, una pregunta que atraviesa las anteriores y que el artículo no responde: qué ofrece la rana a quienes quedan fuera de cada travesía. El segundo apartado dejó dicho que la democracia no promete que nadie quede fuera de una ley, sino que quien queda fuera hoy puede estar dentro mañana. Los cuatro escenarios son cuatro maneras de que esa promesa se cumpla, se aplace, se tuerza o se rompa. La parábola termina con el río llevándose a los dos.

Más allá de los míos y los tuyos, de quién gobierna ahora y de a quién le toca después, la democracia consiste en garantizar los mismos derechos y obligaciones a todos y, de manera singular, en proteger a quienes quedan fuera. Las razones de la mayoría deciden quién gobierna; no son un yunque sobre las personas y los grupos excluidos.

12. Lecturas recomendadas en AquíMadrid

DEJA UNA RESPUESTA

Escribe un comentario
Escribe aquí tu nombre