El Gobierno aprobó fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los 1.286 euros mensuales -18.004 euros anuales- a partir del 1 de enero de 2027, lo que supone un incremento del 5,3% respecto a la cuantía actual. La subida equivale a 65 euros más al mes y a 910 euros más al año.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, explicó que el aumento alcanzará, aproximadamente, al 13,6% de las personas asalariadas, unos 2,7 millones trabajadores.
Por comunidades autónomas, el mayor número de beneficiarios pertenecen a Andalucía (550.000) y la Comunidad de Madrid (387.000).
Díaz ha defendido que la subida del SMI es la mejor herramienta para reducir la desigualdad, la pobreza laboral y la brecha de género. En concreto, las mujeres representan más del 65% de los beneficiarios del incremento.
Por este motivo, la desigualdad retributiva en España se ha reducido un 22% y se sitúa por debajo de la media europea. «Esto es una política que cambia un país de arriba abajo», afirmó Díaz.
La vicepresidenta ha resaltado, igualmente, el impacto del incremento del SMI en los jóvenes menores de 25 años y en sectores como la construcción, industria, servicios y agricultura.

Refuerzo información e igualdad retributiva
Del mismo modo, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley que refuerza los derechos de información, previsibilidad e igualdad retributiva en las relaciones laborales. El texto transpone dos directivas europeas, la de igualdad retributiva y la relativa a condiciones laborales transparentes y previsibles.
En el ámbito retributivo, el decreto ley acaba con «el secreto salarial en las empresas». Entre otros cambios, la norma individualiza el derecho del trabajador a conocer las retribuciones medias de las personas que realizan su mismo trabajo o uno de igual valor; obliga a que las ofertas de empleo incluyan la retribución y sean neutras respecto al género; prohíbe preguntar en los procesos de selección al solicitante sobre su historial retributivo, y obliga a las empresas a motivar que hombres y mujeres cobren de manera distinta por trabajos de idéntico valor.
En cuando a la transparencia y previsibilidad, el texto establece que el período de prueba será de un máximo de seis meses, que se debe mantener la retribución pactada en caso de que se cancele una tarea ya convocada y que el trabajador tiene derecho a conocer las vacantes que existen en la empresa y a disponer de información para mejorar de categoría profesional.
La ministra de Trabajo y Economía Social resaltó que el decreto ley, que necesita ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, incorpora una garantía de indemnidad en el Estatuto de los Trabajadores: «Ante cualquier reclamación que realice un trabajador o trabajadora, no van a poder sufrir ningún tipo de consecuencia».
Subida de los salarios de los empleados públicos
El Gobierno también ha aprobado un real decreto ley para hacer efectiva la subida salarial de los empleados públicos correspondiente a 2027.
El aumento del 4,5% es el mayor desde el año 1992 y va a beneficiar a unos tres millones de trabajadores. En virtud del acuerdo firmado con los sindicatos, los sueldos aumentarán otro 0,5% cuando se confirme que la inflación ha superado este año el 1,5%.
La subida se aplicará a los empleados de la Administración General del Estado (AGE) a partir del 1 de enero de 2027. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos también deben abonar la subida. El incremento se ha aprobado ahora para que pueda ser efectiva el 1 de enero, ya que implica una partida extraordinaria que debe confirmar la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.




