La nueva mayoría demócrata del Congreso de Estados Unidos prepara investigaciones sobre los negocios de la familia de Donald Trump con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Los legisladores quieren examinar inversiones millonarias, operaciones inmobiliarias, acuerdos tecnológicos y regalos recibidos durante la presidencia republicana para determinar si esos vínculos económicos influyeron en decisiones de política exterior.
Los gobiernos del golfo Pérsico ya han recibido advertencias sobre las investigaciones que comenzarán cuando el nuevo Congreso asuma sus funciones el 3 de enero de 2027. La ofensiva parlamentaria abre un nuevo frente para Trump tras su derrota electoral del 3 de noviembre.
La información fue publicada el sábado 14 de noviembre por The Washington Post, que entrevistó a funcionarios estadounidenses, asesores del Congreso y diplomáticos destinados en los países del Golfo. Según esas fuentes, los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos y Qatar se preparan para recibir peticiones de información sobre sus relaciones económicas con empresas vinculadas al presidente, sus hijos y su yerno Jared Kushner.
La investigación prevista no se limita a examinar si las operaciones fueron legales o si sus condiciones económicas resultaban favorables. Su objetivo es reconstruir la relación entre esas transacciones y decisiones del Gobierno estadounidense sobre tecnología avanzada, energía nuclear, armamento y cooperación militar.
La coincidencia entre intereses empresariales privados y competencias presidenciales plantea un problema especialmente importante en las relaciones con las monarquías del Golfo. Sus gobiernos compran armamento estadounidense, negocian acuerdos de seguridad, invierten en empresas de Estados Unidos y dependen de Washington para una parte considerable de su protección militar.
La derrota republicana en las elecciones legislativas ha modificado el equilibrio de poder. Desde enero, los demócratas podrán dirigir las comisiones parlamentarias, reclamar documentos a empresas y responsables estadounidenses y convocar comparecencias sobre operaciones que hasta ahora habían denunciado desde la oposición.
Una inversión de 500 millones en la empresa de criptomonedas de los Trump
Una de las operaciones que recibirán mayor atención es la adquisición de una participación de 500 millones de dólares en World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas fundada por los tres hijos de Trump y Zach Witkoff, hijo de Steve Witkoff, enviado especial del presidente.
La inversión se materializó por una entidad vinculada al jeque Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, miembro de la familia gobernante de Emiratos Árabes Unidos y figura destacada de sus estructuras de seguridad e inversión.
La operación adquirió relevancia política por su proximidad temporal a una decisión estadounidense: meses después, Emiratos obtuvo acceso a microchips avanzados de Estados Unidos. Esos componentes resultan fundamentales para desarrollar grandes sistemas de inteligencia artificial y centros de procesamiento de datos.
Los investigadores quieren establecer quién negoció la inversión, qué contactos se produjeron con funcionarios estadounidenses y si hubo comunicaciones que relacionaran la operación financiera con las decisiones sobre exportaciones tecnológicas.
La senadora demócrata Elizabeth Warren calificó públicamente la operación de corrupción cuando se conoció. Esa valoración constituye una acusación política; la investigación parlamentaria deberá determinar si existen pruebas documentales de una influencia indebida sobre las decisiones gubernamentales.
La cuestión excede el valor de la inversión. Estados Unidos controla tecnologías estratégicas cuya exportación puede fortalecer la capacidad económica y militar de otros países. Si una decisión sobre esos permisos coincidió con una operación beneficiosa para empresas vinculadas a la familia presidencial, el Congreso tiene motivos para examinar cómo se tramitó y quién intervino en ella.
Los 2000 millones saudíes gestionados por Jared Kushner
Arabia Saudí afrontará preguntas sobre su relación con Jared Kushner, yerno de Trump y antiguo asesor de la Casa Blanca. En 2021, el fondo soberano saudí destinó 2000 millones de dólares a Affinity Partners, la firma de inversión fundada y dirigida por Kushner.
La operación ha suscitado controversia desde que se hizo pública porque Kushner había desempeñado un papel importante en las relaciones de la primera Administración Trump con Arabia Saudí y con su príncipe heredero, Mohammed bin Salman.
La nueva mayoría parlamentaria podrá revisar no solo aquella inversión, sino también la expansión de los negocios inmobiliarios vinculados a la familia Trump en el reino.
Entre los proyectos anunciados figuran una torre Trump en Yeda, presentada en 2024; un complejo denominado Trump Plaza, también en Yeda, anunciado en 2026 y valorado en aproximadamente 1000 millones de dólares; y dos promociones residenciales de lujo en Riad.
La acumulación de inversiones y proyectos plantea preguntas sobre los beneficios económicos que empresas privadas vinculadas al entorno presidencial pueden obtener en países cuyas autoridades mantienen negociaciones directas con la Casa Blanca.
El Congreso también pretende examinar el acuerdo de cooperación nuclear civil firmado en julio de 2026 entre Washington y Riad. El pacto abrió una vía para que Arabia Saudí desarrollara centrales nucleares con tecnología estadounidense y planteó cuestiones sobre las condiciones aplicables al enriquecimiento de combustible.
La posibilidad de que el reino adquiriera capacidades de enriquecimiento suscitó objeciones de legisladores demócratas y republicanos. Posteriormente, Trump vinculó las condiciones del acuerdo a una eventual normalización de las relaciones saudíes con Israel.
Los investigadores quieren comprobar cómo se relacionaron las decisiones sobre cooperación nuclear con los intereses económicos de empresas próximas al presidente. También podrán examinar los informes y las comunicaciones internas que justificaron las condiciones negociadas con Riad.
El avión de lujo de Qatar
Qatar figura entre los gobiernos que esperan preguntas sobre sus relaciones con la Administración Trump. La operación más visible es la transferencia de un Boeing 747-8 de lujo que el Gobierno qatarí acordó entregar a Estados Unidos.
El avión, valorado en aproximadamente 400 millones de dólares, había sido objeto inicialmente de conversaciones para una posible compra por parte de la Administración estadounidense. Posteriormente, Qatar aceptó transferirlo como regalo.
La operación provocó protestas entre legisladores demócratas, que cuestionaron su conveniencia y presentaron iniciativas para bloquear ventas de armamento a Doha por valor de 1900 millones de dólares.
El Gobierno de Qatar rechaza que la transferencia encubra una conducta impropia. Ali al-Ansari, responsable de comunicación de la representación qatarí en Washington, explicó a The Washington Post que la entrega se formalizó mediante un memorando de entendimiento y que su fundamento jurídico ya había sido expuesto.
Al-Ansari sostuvo además que la cooperación entre Qatar y Estados Unidos es abierta y transparente. Las autoridades qataríes mantienen que la transferencia del avión constituye una operación institucional entre gobiernos.
Los investigadores podrán examinar las comunicaciones que precedieron a la entrega, la valoración del aparato, las condiciones de su utilización y los procedimientos seguidos por las autoridades estadounidenses para aceptarlo.
Qatar ocupa una posición diplomática especialmente delicada. Alberga instalaciones militares estadounidenses y ha desempeñado un papel central en los contactos indirectos entre Washington e Irán para intentar detener la guerra y restablecer la navegación por el estrecho de Ormuz.
Una investigación sobre sus relaciones económicas con Trump podría complicar el diálogo con el nuevo Congreso precisamente cuando Doha necesita conservar su capacidad de mediación entre Estados Unidos e Irán.
Chris Murphy ya advirtió a los gobiernos del Golfo
Las investigaciones no constituyen únicamente un proyecto posterior a las elecciones. Algunos legisladores demócratas habían comunicado sus preocupaciones directamente a los gobiernos afectados antes de conocerse los resultados del 3 de noviembre.
El senador Chris Murphy, de Connecticut, visitó el golfo Pérsico en octubre y mantuvo conversaciones con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.
Murphy explicó posteriormente en Washington que había trasladado advertencias sobre los vínculos financieros entre esos gobiernos y el entorno de Trump. También señaló que ampliar esas relaciones podía perjudicar sus futuros contactos con Estados Unidos.
La importancia de esas conversaciones reside en que anticiparon la posición de un partido que ahora dispone de mayoría en las dos cámaras. Los gobiernos del Golfo tendrán que relacionarse con una Casa Blanca republicana y, simultáneamente, con un Congreso demócrata dispuesto a investigar acuerdos económicos y decisiones estratégicas.
Según las fuentes diplomáticas consultadas por The Washington Post, Arabia Saudí, Emiratos y Qatar no prevén entregar voluntariamente todas las comunicaciones privadas que podrían reclamar los investigadores.
La resistencia puede obedecer a razones políticas y diplomáticas. Los documentos solicitados podrían revelar conversaciones confidenciales sobre inversiones, negociaciones comerciales o relaciones personales con funcionarios y empresarios estadounidenses.
Qué puede investigar el nuevo Congreso y a quién puede exigir documentos
La mayoría demócrata tendrá capacidad para dirigir comisiones de investigación y utilizar sus competencias de supervisión sobre la Administración federal. Podrá convocar audiencias, solicitar expedientes oficiales y, conforme a los procedimientos parlamentarios, emitir requerimientos obligatorios de documentación.
Esas facultades no permiten al Congreso estadounidense imponer directamente una citación obligatoria a un Gobierno extranjero. Arabia Saudí, Emiratos y Qatar no están sometidos a la jurisdicción parlamentaria estadounidense del mismo modo que una agencia federal o una empresa situada en Estados Unidos.
Sin embargo, los legisladores pueden dirigir sus investigaciones hacia las entidades estadounidenses que participaron en las operaciones, los responsables gubernamentales que autorizaron decisiones y los intermediarios que mantuvieron comunicaciones con los gobiernos extranjeros.
También pueden examinar documentos relacionados con permisos de exportación tecnológica, acuerdos de cooperación nuclear, ventas de armamento y asistencia militar.
Dos asesores demócratas del Congreso explicaron a The Washington Post que las preocupaciones por posibles conflictos de intereses podrían influir en la disposición de los legisladores a respaldar futuras operaciones de seguridad con los países investigados.
El mecanismo de presión es importante. Los gobiernos del Golfo pueden negarse a proporcionar determinada información, pero sus relaciones militares y comerciales con Estados Unidos dependen en parte de decisiones sometidas al examen del Congreso.
Una investigación parlamentaria también puede reconstruir una secuencia de acontecimientos: cuándo se negoció una inversión, quién mantuvo contactos con las autoridades extranjeras, qué decisión adoptó posteriormente la Administración y qué explicaciones documentales ofrecieron los funcionarios responsables.
Donald Sherman, presidente de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, explicó al periódico que los investigadores buscarán precisamente comunicaciones capaces de relacionar inversiones y regalos con cambios concretos en la política estadounidense.
La diferencia entre identificar una relación económica y demostrar una influencia política indebida dependerá de esos documentos, de las declaraciones de los participantes y de la reconstrucción de las decisiones administrativas.
La guerra con Irán aumenta la importancia de las investigaciones
Las pesquisas previstas llegan en un momento especialmente sensible para las relaciones entre Estados Unidos y las monarquías del Golfo. La guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero, ha expuesto sus territorios a ataques y ha alterado el comercio energético y marítimo.
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar mantienen intereses distintos, pero comparten la necesidad de reducir la escalada militar y preservar sus vínculos de seguridad con Washington.
El 14 de noviembre, Reuters informó de que Trump había comunicado a sus asesores que estudiaba evitar nuevos ataques contra Irán mientras no se produjeran nuevas provocaciones.
Según la agencia, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, habían pedido al mandatario estadounidense que no reanudara los bombardeos. Trump no asumió ante ellos un compromiso definitivo.
La información de Reuters añade un elemento relevante: las agencias de inteligencia estadounidenses consideran que el bloqueo naval y las sanciones económicas están debilitando a Irán, mientras que nuevos ataques no modificarían de forma significativa sus exigencias en una negociación.
Las relaciones con los países del Golfo combinan, por tanto, tres cuestiones que el Congreso puede examinar por separado: los acuerdos económicos con empresas vinculadas a la familia presidencial, la cooperación militar con las monarquías y las decisiones adoptadas durante la guerra con Irán.
Los legisladores también tendrán que considerar el efecto de sus investigaciones sobre aliados que desempeñan funciones diplomáticas y militares esenciales para Estados Unidos. Qatar continúa mediando con Teherán, mientras Arabia Saudí y Emiratos mantienen relaciones de seguridad y acuerdos económicos de gran importancia con Washington.
Sudán y Yemen amplían el examen de las alianzas regionales
Las futuras investigaciones pueden extenderse más allá de las operaciones financieras. Allison Minor, antigua responsable de asuntos de la península Arábiga en el Consejo de Seguridad Nacional durante la primera Administración Trump, explicó a The Washington Post que los demócratas mantienen desacuerdos acumulados con los gobiernos del Golfo sobre Sudán y Yemen.
Emiratos Árabes Unidos ha afrontado acusaciones de apoyo a fuerzas paramilitares implicadas en la guerra de Sudán. Arabia Saudí ha recibido críticas por las operaciones militares desarrolladas en Yemen y por sus consecuencias para la población civil.
Esos asuntos afectan a las decisiones sobre asistencia militar, exportación de armas y cooperación de seguridad. Una mayoría parlamentaria que cuestione simultáneamente las relaciones financieras con Trump y determinadas actuaciones regionales de sus aliados puede introducir nuevas condiciones en las negociaciones con esos gobiernos.
El examen de los vínculos económicos de la familia presidencial se integraría así en un debate más amplio sobre los criterios que utiliza Washington para definir sus alianzas y autorizar transferencias de tecnología y armamento.
El 3 de enero comienza una nueva relación entre la Casa Blanca y el Congreso
Hasta que el nuevo Congreso tome posesión, los demócratas pueden preparar expedientes, identificar testigos y definir las comisiones que asumirán las investigaciones. A partir del 3 de enero dispondrán de las mayorías necesarias para impulsar formalmente sus iniciativas de supervisión.
Las operaciones que previsiblemente ocuparán los primeros expedientes ya están identificadas: los 500 millones invertidos por una entidad vinculada a la familia gobernante emiratí en World Liberty Financial; los 2000 millones saudíes destinados a Affinity Partners; los proyectos inmobiliarios de la familia Trump en Arabia Saudí; el acuerdo nuclear con Riad y la entrega del Boeing 747-8 de Qatar.
Los investigadores tratarán de establecer qué beneficios recibieron las empresas participantes, qué decisiones adoptó el Gobierno estadounidense y qué comunicaciones existieron entre ambos procesos.
El nuevo Congreso también podrá examinar la respuesta de las agencias federales encargadas de autorizar exportaciones tecnológicas, cooperación nuclear y operaciones de armamento.
Para Trump, las investigaciones representan un cambio respecto a los primeros dos años de su segundo mandato: sus relaciones con aliados extranjeros y los negocios de su entorno familiar quedarán sometidos a comisiones dirigidas por la oposición.
Para Arabia Saudí, Emiratos y Qatar, la nueva situación exigirá negociar con dos centros de poder estadounidenses que pueden mantener posiciones distintas sobre los mismos acuerdos. Las decisiones de la Casa Blanca seguirán siendo determinantes para la política exterior, pero el Congreso tendrá instrumentos para exigir información y condicionar determinadas operaciones.
La primera prueba será documental. Los legisladores quieren conocer las comunicaciones que permitan reconstruir la relación entre inversiones privadas, regalos y decisiones públicas. Los gobiernos del Golfo, según las fuentes diplomáticas consultadas por The Washington Post, se preparan para resistirse a revelar una parte de esa información. La disputa sobre esos documentos puede convertirse en uno de los primeros enfrentamientos internacionales del nuevo Congreso demócrata.
