¿Hace falta que gobierne la derecha extrema para que sus métodos funcionen? La campaña del 29-N arranca con los programas sobre la mesa, y este análisis ordena, de los tribunales a las urnas y de la calle a las bajas laborales, los escenarios en los que ya lo hacen sin necesidad de Gobierno propio.
1. La tesis: la careta
No hace falta que gobierne la derecha extrema: ya tenemos su careta en partes importantes de la sociedad. Esa es la tesis de este artículo, y no pretende otra cosa que ordenar lo que se ve a plena luz. Buena parte de lo que se teme de un Gobierno de derecha extrema funciona ya, sin él, con otras caras, en otras instituciones y bajo otros nombres.
La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre arrancó este viernes 13, con los programas ya sobre la mesa. Es el momento de mirar el conjunto y no cada episodio por separado, porque lo que aquí se describe no es una sucesión de casos aislados, sino una convergencia: instituciones, medios, partidos y cuerpos que, cada uno desde su sitio, empujan en la misma dirección contra un Gobierno progresista.
El recorrido va por escenarios, y cada uno aporta sus hechos y sus fuentes. Empieza en los tribunales, pasa por las acusaciones populares, por el trato desigual a los investigados, por la calle y por los sindicatos policiales; sigue con la censura de los gobiernos de PP y Vox frente a su lema de libertad de expresión, con las contradicciones en pensiones, servicios públicos e impuestos y con el caso de los pueblos de Aragón que no fueron avisados de lo que se les venía encima.
Después entra en el terreno de las urnas y del discurso: el voto retirado a los españoles nacionalizados por la ley de nietos, el insulto y el bulo como método, la duda sistemática sobre los resultados electorales, el abrazo a Milei y a su motosierra, la sospecha sobre las bajas laborales y la mano dura contra los sindicatos y la huelga.
2. El frente judicial: la rebeldía manifiesta
El segundo escenario son los tribunales, y la rebeldía del sector mayoritario no es una figura retórica, sino un hecho con fecha. Los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, las cinco asociaciones conservadoras, mayoritarias en la carrera, convocaron por primera vez un paro de tres días después de que el Gobierno anunciara una reforma centrada en facilitar el acceso a la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial respondió que la protesta «carece, en el momento actual, de soporte normativo».
Las cifras ya mostraron dos relatos: los convocantes hablaron de un seguimiento del 70 %, y el Ministerio de Justicia, de solo el 31 %. Y la protesta no se quedó en las salas. Las asociaciones enviaron una delegación a Estrasburgo del 7 al 9 de julio para exponer su preocupación por la «regresión» de la independencia judicial, con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la mano.
La misma tensión llega a los casos que más pesan en la política. En el de Begoña Gómez, la Fiscalía y las defensas pidieron al juez Peinado que archivara, y Peinado la envió a juicio antes de jubilarse, mientras el Gobierno denunciaba «persecución judicial». Según esa misma crónica, solo las acusaciones populares piden penas de prisión.
La tesis es que no se trata de una discrepancia técnica entre poderes, sino de una parte de la institución que actúa, de forma abierta, como contrapeso político de un Gobierno progresista.
3. Las acusaciones populares: el abrelatas judicial
El tercer escenario enlaza el primero con la derecha extrema por una vía muy concreta: la acusación popular. En el caso de Begoña Gómez, la plataforma ultracatólica Hazte Oír pidió 24 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno, además de citar como testigos a Sánchez y a Bolaños. Más tarde, el escrito de calificación redujo la petición a trece años, y Ara recordaba al enviarse la causa a juicio que solo las acusaciones populares piden penas de prisión y que la Moncloa denuncia «persecución judicial».
La pieza se completa con los protagonistas. Manos Limpias fue readmitida por Peinado en la acusación una vez pagada la fianza, y quedó englobada bajo la dirección letrada de Hazte Oír, donde también participa Vox. Ya en 2024, las acusaciones populares estaban coordinadas por Vox en la misma causa, junto con Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.
El patrón no se limita a un caso. En el caso Koldo, PP, Vox, Manos Limpias, Liberum, Hazte Oír y la asociación de Abogados Demócratas por Europa figuran personadas, y cuando el Supremo unificó la dirección letrada, Hazte Oír, Iustitia Europa y ADADE denunciaron que se las pretendía «expulsar». elDiario.es ha ido recopilando, además, querellas de Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, contra Robles por enviar un buque a proteger a la flotilla de Gaza o contra el excomisionado para la dana, varias de ellas rechazadas por los tribunales.
El resultado, en la lectura de este artículo, es una cadena de eslabones visibles: organizaciones de la derecha extrema que abren causas, tribunales que las admiten y partidos que las usan como combustible político. Aquí la careta no necesita Gobierno propio, porque ya opera dentro del proceso.
4. Aldama y Koldo: dos varas de medir
El cuarto escenario es el del caso mascarillas, donde la misma sentencia reparte destinos muy distintos. El 22 de junio de 2026, el Supremo condenó a Ábalos a 24 años, a Koldo García a 19 y a Aldama a cuatro y medio, pero suspendió la ejecución de su pena al apreciar una atenuante muy cualificada de confesión. Según Ara, el tribunal suspende la entrada en prisión de Aldama a cambio de que haga trabajos para la comunidad, y elDiario.es añade que no tendrá que devolver la comisión de 3,7 millones. Dos acusados de la misma trama, dos desenlaces: uno con confesión y sin celda; el otro, con la cárcel.
Lo que ha aparecido después añade un elemento que encaja con la tesis. Okdiario, a través de su editora, pagó 242.000 euros al despacho donde trabaja la abogada de Koldo García, según unas facturas que la propia letrada, Leticia de la Hoz, aportó ante la Audiencia Nacional, y que elDiario.es publicó con el concepto de «honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico». Ara describe a la empresa como la editora del digital de derecha radical de Eduardo Inda. El medio, por su parte, amenaza con demandar a elDiario.es y exige una rectificación.
Así, un medio conocido por sus campañas contra el PSOE y contra el Gobierno de Sánchez aparece, según las facturas, pagando la defensa de uno de los principales condenados del caso. Koldo sostiene además, desde la cárcel, que el PP le ofreció un millón de euros, una afirmación que elDiario.es recoge junto a un apunte de la agenda de Leire Díez, y que Miguel Durán ha negado. El hilo es el mismo: la corrupción se juzga, pero su relato se gestiona desde los medios y los despachos de la derecha radical.
5. La calle: palos para unos, alfombra roja para otros
El quinto escenario es el que se ve a pie de calle, y su contraste es difícil de ignorar. El 14 de octubre de 2026, durante la primera jornada de la huelga educativa, varios estudiantes de la Complutense tuvieron que ser trasladados al hospital con fuertes heridas en cráneo y brazos tras las cargas policiales en dos piquetes. Al día siguiente, el delegado del Gobierno en Madrid calificó las imágenes de «muy duras» y pidió una investigación de urgencia, mientras el estudiantado recorría el campus contra la «represión».
En paralelo, la gira de Vito Quiles por los campus ha ido acompañada de dispositivos policiales y de cargas contra quienes protestaban. El 15 de octubre, en Iruñea, la Policía cargó contra los manifestantes que le hacían frente, y El Salto detalla que el dispositivo había acordonado la plaza desde primera hora para facilitar la alocución del agitador, con tres detenidos, uno de ellos de dieciséis años. La misma línea se repite después. El 3 de junio, una macrooperación de la Policía Nacional detuvo a 28 personas por las protestas contra Quiles en la Universidad de Navarra, y fue el propio agitador quien difundió el bulo, desmentido por los cuerpos policiales, de que se habían incautado armas blancas.
El 9 de noviembre, en Murcia, Quiles prometió, ante una plaza blindada, entrar «con un lanzallamas» en TVE si su espacio llega al Gobierno el 29 de noviembre, y elDiario.es recoge que la Policía Nacional realizó varias cargas durante la jornada. Y el año anterior, tras el acto frustrado de la Complutense, El Salto contaba cómo un grupo de neonazis se adentró en el centro y causó daños materiales, mientras la protesta antifascista era contenida por el propio centro.
La imagen conjunta es la de un Estado que protege con despliegues el escenario del agitador ultra y reprime con la porra la protesta que le planta cara. No hace falta que la derecha extrema mande para que su tarima esté garantizada.
6. Los sindicatos policiales y la voz de dentro
El sexto escenario es el de la propia Policía, y aquí la tesis ya no la formula el autor: la formula un agente. El 12 de noviembre, en «En línea», el programa de La Séptima que presenta Sarah Santaolalla, Manuel Soler, portavoz del sindicato reformista de la Policía, hablaba ante la cámara tras unas imágenes de agentes rociando con gas a una persona sin hogar.
Soler afirmó que lo ocurrido «no es producto de la casualidad», y sostuvo que se está usando a parte de la Policía, en concreto a las unidades de intervención, para contrarrestar manifestaciones pacíficas mientras PP y Vox no pueden defender sus políticas en sede parlamentaria con una legislatura paralizada.
Recordó la sucesión de protestas de profesores, inquilinos y huelguistas, y explicó que, a su juicio, determinados sectores sindicales están normalizando esa violencia y apoyando abiertamente ese cambio político en sus comunicados. Añadió que en esas unidades la ideología está impregnada de un carácter que ya no solo es violento, sino fascista, y advirtió de que los expedientes disciplinarios se quedan guardados sin consecuencias.
No es la primera vez que Soler lo dice. En una entrevista a La Marea a raíz del acuerdo entre el SUP y el Club Desokupa, aseguraba que hay varios sindicatos policiales dirigidos por gente de extrema derecha y que no lo esconden. Y el fenómeno tiene una historia documentada. La Marea ya hablaba en 2020 del «Vox policial» y la radicalización de los cuerpos de seguridad, con Jusapol como sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, y elDiario.es describía el idilio de la extrema derecha con la Policía nacido al calor del procés y cómo Jusapol nació abjurando de los sindicatos tradicionales para presentarse después a las elecciones sindicales, donde arrasó. La investigación de Hordago–El Salto sobre Euspel dibujó una red que conecta a la policía vasca con el universo de la ultraderecha policial española, con Jusapol y su brazo sindical Jupol.
El contexto electoral cierra el círculo. En el ejercicio de El Salto sobre qué pasaría si el 29-N solo votaran policías y militares, la mayoría absoluta sería de derechas, con Vox a la cabeza, y entre los agentes de 18 a 34 años Vox ganaría con casi el 70 % de los votos. Soler, además, señaló el 20 de noviembre como fecha clave antes de las elecciones.
La lectura es que el vigilante del orden público tiene una parte organizada, con voz sindical, que mira hacia el mismo lado que la derecha extrema, y que quien lo denuncia desde dentro lo hace sin que nadie lo escuche.
7. Censores que se proclaman defensores de la libertad de expresión
El séptimo escenario es el de la cultura y la comunicación, donde la coalición PP–Vox se comporta como censora de lo progresista y lo minoritario mientras Vox, en campaña, se presenta como defensor de la libertad de expresión. Esa autoimagen figura en su programa electoral para el 29-N, en la medida 111 (página 58).
La práctica, sin embargo, va por otro camino. En Castilla y León, el Gobierno de coalición lleva meses acumulando episodios. El 9 de octubre, la Orden que regula las ayudas al audiovisual incorporó una cláusula para excluir las obras que «impliquen adoctrinamiento ideológico», y elDiario.es cuenta que Vox, que dirige la Consejería de Cultura, decidió vetar películas y series con ese criterio. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció que recurrirá la cláusula ante los tribunales, y el PP, según elDiario.es, respaldó la medida y la justificó en nombre de la «libertad». El Salto resume que el sector audiovisual acusa a la Junta de un nuevo caso de censura, el último de varios desde el pacto de gobierno de junio.
El teatro corrió la misma suerte. La compañía Proyecto 43-2 denunció ante la Fiscalía la cancelación de su obra sobre Lorca, «Federico», por motivos ideológicos, prevista el 24 de octubre en un ciclo de la Fundación Siglo, dependiente de la Consejería. Y fuera de Castilla y León el patrón se repite: en Talayuela, PP, Vox y Extremeñistas censuraron una obra de teatro sobre violencia machista, y en València, elDiario.es informa de que Vox vetó la música en valenciano en los Concerts de Vivers, con una asistencia que se ha hundido.
No es nuevo. En julio de 2023, tras los primeros pactos entre PP y Vox, el mundo de la cultura se unió para denunciar «el retorno de la censura», a raíz de obras como «Orlando», vetada en Valdemorillo. Tres años después, el mismo partido que gestiona esas cancelaciones promete en su programa defender lo que sus concejalías y consejerías recortan. La careta, otra vez, es la distancia entre lo que se dice y lo que se hace.
8. Pensiones, servicios públicos e impuestos: el discurso que cambia cada día
El octavo escenario es el económico, y se caracteriza por la movilidad del mensaje. Un día el sistema de pensiones quiebra; otro, es una cuestión técnica que ya resolverán los técnicos; otro, se garantiza si las circunstancias lo permiten. Y todo ello, a la vez que se promete bajar impuestos y mejorar los servicios públicos.
La precampaña del 29-N lo ha mostrado con claridad. Según elDiario.es, el PP patina con las pensiones: Feijóo asegura que los jóvenes tienen derecho a un sistema público viable, pero el PP votó en 2021 contra la ley que garantiza la revalorización según el IPC y su ponencia ideológica apenas menciona el sistema público de pensiones. A comienzos de 2026, además, la mayoría que suman PP, Vox y Junts derogó en el Pleno del Congreso el decreto de revalorización de las pensiones.
Vox transita por el mismo terreno. Según Nació Digital, Vox defiende un modelo mixto y, ante la polémica, asegura que «garantizará que las pensiones se paguen sea como sea». Abascal, por su parte, insiste en que defiende el pago de las pensiones y rechaza que quiera privatizarlas, aunque declara que no se compromete con un sistema u otro. Y la ministra Elma Saiz denunció las contradicciones de PP y Vox sobre la sostenibilidad de las pensiones.
El segundo flanco es el fiscal. El PP promete en sus hojas de campaña bajar impuestos y mejorar los servicios públicos, deflactando el IRPF, mientras elDiario.es recoge que el análisis en el PP es que el sistema de pensiones es insostenible en su concepción actual. Bajar ingresos, mejorar servicios y sostener las pensiones se anuncian a la vez, sin que las cuentas se expliquen.
El resultado es un discurso que cambia de forma según el día y el auditorio, y que no se aclara con cifras, sino con consignas. Detrás hay una coherencia: un Estado de bienestar reducido a su mínima expresión, defendido de palabra y recortado en las cuentas.
9. Figueruelas: la gestión que se anuncia y los pueblos que la sufren
El noveno escenario pone a prueba el argumento que más repite la derecha: su supuesta eficacia en la gestión. Lo ofrece Aragón, gobernada por el PP, que ha negociado con la empresa china la gigafábrica de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas. Según elDiario.es, la llegada de trabajadores chinos vinculados a la obra desborda las previsiones de los pequeños municipios de los alrededores.
El caso más visible es el de Grisén, en la Ribera Alta del Ebro. Su alcalde, Marcos Lahoz, calcula entre 60 y 80 ciudadanos chinos ligados a la gigafábrica, una cifra que no está confirmada oficialmente. En pocos días se alquilaron siete viviendas y se empadronaron unos doce nuevos residentes, con alquileres de entre 2000 y 3000 euros al mes en un pueblo de oferta muy limitada. La sanidad también aparece en el relato: Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta con 10 de sus 16 facultativos, y el artículo advierte de que la demanda puede crecer en una zona ya tensionada. Las empresas proveedoras de CATL, además, buscan viviendas y establecimientos, como un hotel y nuevos hostales, para alojar a la plantilla.
Lo que más inquieta a los alcaldes no es la llegada, sino el ritmo y la falta de aviso. El texto atribuye la preocupación a «la velocidad con la que se está produciendo su llegada». Los ayuntamientos denuncian falta de información y de coordinación por parte del Gobierno de Aragón y de las empresas. El ejecutivo autonómico abordó la cuestión el año pasado en una reunión informativa con el consejero Octavio López, donde se plantearon alternativas como 104 viviendas prefabricadas y la cesión municipal de terrenos, pero desde entonces los consistorios no han recibido datos concretos sobre ubicación, plazos o condiciones.
La tesis encuentra aquí una ilustración nada ideológica: la derecha que se presenta como gestora competente cierra el acuerdo con la inversión y deja a los pueblos sin la información ni los recursos para absorber sus consecuencias.
10. La ley de nietos: el voto que se quita a los nacionalizados
El décimo escenario enlaza la justicia con las urnas. La Ley de Memoria Democrática, que permite recuperar la nacionalidad a los descendientes del exilio, se aprobó en octubre de 2022 sin que el PP ni Vox dijeran una palabra en contra tras quince meses de tramitación, según recuerda elDiario.es. Cuatro años después, con las elecciones convocadas, PP y Vox cuestionan la norma, y Iustitia Europa, la misma organización que ejerce la acusación popular en los casos que asedian al PSOE, lleva el asunto al Supremo.
El resultado es que el Supremo mantiene suspendidos los efectos electorales de los españoles nacionalizados al amparo de la ley y suprime el derecho a voto de 163.000 personas el 29-N. El colectivo de afectados advierte de que «instrumentalizar el sufragio por conveniencia política supondría una deriva autoritaria». El 9 de noviembre, además, el tribunal rechazó extender la suspensión a 189.678 hijos de nacionalizados, pero mantiene sin voto a 162.454 descendientes sin exilio acreditado. La decisión cuenta con el voto particular de la magistrada María Alicia Millán, que habla de privar de uno de los efectos más relevantes del reconocimiento de la nacionalidad.
El contexto judicial pesa. Un repaso de elDiario.es a los cinco jueces que avalaron la decisión sostiene que el dominio de la derecha en las cúpulas judiciales es abrumador y que el ponente, Antonio Narváez, no es el único vinculado al PP. Se cierra así un círculo: una organización de la derecha extrema pide, un tribunal de mayoría conservadora concede y miles de españoles quedan sin voto a semanas de las urnas.
11. El insulto, el bulo y el fango como método
El undécimo escenario es el tono. La campaña de la derecha extrema es una campaña permanente de insulto y deshumanización del contrario, a la vez que se promete que la cortesía llegará con el poder. El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró que cuando Feijóo presida el Gobierno «se van a desterrar el insulto y la mala educación», y el propio Feijóo promete gobernar «con la verdad por delante». En esa escuela se mueve Milei, invitado de honor de la derecha madrileña: en su última visita llamó «dictador» a Sánchez y dijo que hay que «echar a patadas a los socialistas».
El insulto también circula en casa. Ara contaba en febrero la pelea de los community managers del PP y de Vox, con un intercambio de descalificaciones que llegaron a «mafia» e «inútil» entre ambos partidos en plena campaña aragonesa. Y junto al insulto, el bulo. Maldita.es documenta una campaña con vídeos generados con inteligencia artificial que apoyan la narrativa del pucherazo en el voto por correo del 29-N, y en el capítulo de la calle ya vimos el bulo de las armas blancas que difundió Quiles y que desmintieron los propios cuerpos policiales.
El método es el mismo en todos los frentes: se señala al adversario como enemigo, se difunde la sospecha y, cuando alguien la desmiente, la sospecha ya ha hecho su trabajo.
12. Si el resultado no gusta, el resultado se cuestiona
El duodécimo escenario es la desconfianza organizada en las urnas. El Salto describe cómo el fantasma del pucherazo se instala en la campaña del 29-N: una voz del PP recomienda no votar por correo porque no confía en los directivos de Correos, y Abascal recupera, el mismo día de la convocatoria, la teoría de la conspiración con la consigna «Stop the steal». elDiario.es sostiene que Feijóo ha sacado de paseo el bulo del pucherazo, un fantasma peligroso porque cuestiona las reglas del juego, y recuerda que en las cuatro últimas elecciones autonómicas el PP ganó y gobernó con Vox, aunque perdió el voto de residentes frente al PSOE.
El editorial de Ara pregunta qué pasaría si no llegaran los resultados deseados: si PP y Vox aceptarían el resultado o harían como Trump y convocarían a ocupar el Congreso. La careta, aquí, es la de unos demócratas condicionales: lo son mientras ganan.
13. Milei, la motosierra y los abrazos
El decimotercer escenario es el modelo económico que se aplaude. Milei ha estado en Madrid en repetidas ocasiones y ha recibido siempre el calor de la derecha extrema. En marzo, Ara contó que Abascal lo definió como «mi buen amigo y aliado» tras una reunión de más de una hora, y en una visita anterior Milei dio un enorme abrazo a Abascal, el único político con el que tenía previsto verse.
En octubre, Milei defendió en Madrid la «motosierra al gasto público» y criticó el Estado del bienestar por extender el gasto de manera indiscriminada, y declaró ser amigo de Abascal y de Ayuso. Ayuso lo recibió en el Canal de Isabel II con un efusivo abrazo. Feijóo y Abascal estuvieron fuera de Madrid, y elDiario.es resume la escena en un titular: esconder al predicador de la motosierra, importado por quienes ahora no saben dónde colocarlo.
La tesis encuentra aquí su prueba más doméstica: se aplaude al predicador cuando no hay cámaras de campaña y se le esconde cuando las hay. La motosierra no se discute; se aplaza hasta después del 29-N.
14. Las bajas laborales, el absentismo y el trabajador tratado como defraudador
El decimocuarto escenario es el trabajo. En julio, ante empresarios vascos, Feijóo habló del absentismo como un «cáncer» y, según recoge El Independiente, mezcló las bajas por enfermedad con los trabajadores que no acuden sin causa. Sánchez respondió que no hay que confundir absentismo con baja laboral porque eso estigmatiza a quienes enferman. Ya en la precampaña, elDiario.es sumaba a ese cuadro las dudas sobre las bajas médicas y la propuesta de que los empresarios fijen el salario mínimo.
El fraude se da por hecho sin probarlo. elDiario.es subraya que Feijóo criticó un supuesto fraude masivo en las bajas, sin aportar datos, y que su frase de que todo lo que supere el 4 o el 5 por ciento de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude es una generalización sin sustento. Su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, lo dejó implícito con otra cifra: los lunes faltan casi 1.700.000 personas al trabajo, casi el doble que un viernes, según Europa Press. La cifra se presenta sin acompañar ninguna prueba de fraude, pero insinúa que quien se pone enfermo en lunes o en viernes lo hace por conveniencia, y el PP preparó después un plan contra el absentismo con incentivos para «premiar al cumplidor» y medidas contra el fraude.
El discurso se apoya en una campaña patronal. El Salto cuenta que la CEOE lanza una campaña para dejar de pagar los once días de baja que le corresponden y que los sindicatos denuncian la criminalización de los trabajadores. En Público, una voz sindical describe la clase trabajadora convertida en una legión de vagos y vividores por parte de un sector de la patronal. El mensaje de fondo es el del fraude: quien falta es un posible defraudador, y quien enferma deberá demostrar que no lo es.
15. Mano dura con los sindicatos: menos subvenciones, menos huelga
El decimoquinto escenario es el de la representación de los trabajadores. El programa de Vox incluye suprimir las subvenciones públicas a los sindicatos, mientras el partido cuenta con una organización sindical afín, Solidaridad. Abascal exigió a UGT y CCOO que retiraran la huelga general del 11 de noviembre, avisó de que su partido «tomará nota» después del 29 y recordó que los gobiernos de PP y Vox ya han empezado a reducir las subvenciones a los sindicatos.
La mano dura alcanza a la propia huelga. En su programa de 2023, Vox defendió endurecer los requisitos para convocar paros, con voto mayoritario y secreto, y restringir los piquetes. El esquema se completa con lo ya visto en la calle: cargas contra los piquetes de la huelga educativa. La careta, otra vez, es la de quien dice defender al obrero mientras debilita a quien lo representa.
16. Cierre: la careta, a las puertas del 29-N
Si se miran juntos los escenarios, el dibujo es coherente. Una parte de la judicatura se declara en rebeldía manifiesta y las acusaciones populares de la derecha extrema abren causas que la política recoge como combustible. La corrupción se juzga con dos varas de medir y se defiende con dinero de medios de la propia familia ideológica. La calle ofrece palos a quienes protestan y despliegues a quienes provocan. Un portavoz sindical policial dice en cámara que se está usando a la Policía en campaña. PP y Vox censuran obras, ayudas y música mientras prometen la libertad de expresión. Sus mensajes sobre pensiones, servicios e impuestos cambian cada día, y la gestión que presumen deja a unos pueblos aragoneses sin aviso. Miles de nacionalizados se quedan sin voto por un auto que pidió una organización de su propio entorno; el insulto y el bulo se usan como método; el resultado electoral se pone en duda de antemano; se abraza la motosierra de Milei, se sospecha de quien se pone enfermo y se recorta a quien representa a los trabajadores.
Nada de esto necesita que la derecha extrema gobierne. Ya está en los tribunales, en las acusaciones, en los despachos, en los sindicatos, en las consejerías de cultura y en el discurso económico. El 29 de noviembre, las urnas dirán si esa careta se convierte en rostro; mientras tanto, conviene mirarla de cerca.
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