Donald Trump perderá en enero uno de los instrumentos más importantes de su segundo mandato: la capacidad de obtener del Senado la confirmación de jueces y altos funcionarios con el respaldo de una mayoría republicana. La victoria demócrata en las elecciones legislativas del 3 de noviembre cambia el procedimiento político de los nombramientos federales y abre un nuevo frente entre la Casa Blanca y el Congreso. El presidente conservará la facultad de proponer candidatos, pero tendrá que negociar su aprobación con una Cámara Alta controlada por la oposición.
El cambio comenzará el 3 de enero de 2027, cuando se constituya el nuevo Congreso. Según el recuento de resultados de Associated Press, los demócratas aseguraron el control del Senado la noche del martes 3 de noviembre y el de la Cámara de Representantes durante la madrugada siguiente. La nueva mayoría de la Cámara Alta contará con al menos 54 escaños, aunque todavía quedan contiendas pendientes de resolución.
La consecuencia afecta directamente a las atribuciones de la Presidencia. La Constitución de Estados Unidos establece que el presidente propone a los principales cargos federales, pero necesita el consejo y consentimiento del Senado para determinados nombramientos. Entre ellos figuran los magistrados del Tribunal Supremo, los jueces de otros tribunales federales, los embajadores y numerosos responsables de departamentos y agencias.
Durante los dos primeros años del segundo mandato de Trump, el Partido Republicano controló el Senado y pudo facilitar la confirmación de los candidatos presidenciales. A partir de enero, cada propuesta importante tendrá que superar el examen de una mayoría demócrata con capacidad para exigir comparecencias, revisar antecedentes y decidir qué nominaciones llegan al pleno.
El Senado tendrá la última palabra sobre los jueces federales
La renovación de los tribunales es uno de los asuntos de mayor alcance político. Los jueces federales son nombrados de por vida, mientras mantengan buena conducta, y sus decisiones pueden afectar durante décadas a la legislación electoral, la inmigración, los derechos civiles, la regulación económica y los límites de la actuación presidencial.
Trump ya utilizó esa facultad durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, cuando logró la confirmación de tres magistrados del Tribunal Supremo: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Aquellos nombramientos contribuyeron a establecer la mayoría conservadora que mantiene actualmente el tribunal.
La victoria demócrata modifica las condiciones de cualquier futura vacante. Si un magistrado del Supremo dejara su puesto durante los dos últimos años del mandato, Trump tendría que presentar un candidato ante un Senado controlado por sus adversarios políticos. La mayoría podría rechazarlo o negarse a avanzar en su tramitación.
El mismo mecanismo se aplicará a las vacantes en los tribunales federales de apelaciones y de distrito. El Comité Judicial del Senado examina las candidaturas y celebra las audiencias previas a muchas de estas confirmaciones. Su futura composición y presidencia serán decisivas para determinar el calendario de los nombramientos.
La oposición demócrata también tendrá que decidir qué criterios aplica a los candidatos. Podrá examinar su trayectoria profesional, sus posiciones jurídicas y su independencia respecto del Ejecutivo. La dirección del grupo deberá coordinar esas decisiones con senadores elegidos en estados políticamente muy diferentes.
Los altos cargos de la Administración también necesitarán acuerdos
El control de los nombramientos no se limita a la justicia. La dirección de numerosos organismos federales depende de funcionarios que requieren confirmación del Senado. Entre las áreas afectadas se encuentran la diplomacia, la seguridad nacional, la regulación financiera y parte de la estructura administrativa encargada de ejecutar las políticas del Gobierno.
La nueva mayoría podrá someter a los candidatos a audiencias públicas y solicitar información sobre sus vínculos profesionales, posibles conflictos de intereses y planes de gestión. También podrá retrasar o rechazar propuestas que no obtengan respaldo suficiente.
Esta facultad adquiere importancia en un momento de reorganización de la Casa Blanca. Trump ha anunciado el nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete, en sustitución de Susie Wiles. Miller asumirá sus nuevas funciones este lunes 9 de noviembre, después de haber desempeñado un papel central en la política migratoria presidencial.
El puesto de jefe de gabinete no requiere confirmación del Senado. Sin embargo, Miller tendrá que coordinar una Administración cuyos futuros responsables, cuando la ley exija su ratificación parlamentaria, deberán comparecer ante comités dirigidos por los demócratas.
La Casa Blanca conservará margen para organizar su equipo y designar asesores que no necesitan ese procedimiento. También existen mecanismos legales para cubrir temporalmente determinadas vacantes. Pero las confirmaciones de los principales cargos federales pasarán a depender de una relación política diferente entre el Ejecutivo y el Senado.
La supervisión del gasto federal se suma al control de los nombramientos
El nuevo Congreso dispondrá además de instrumentos para revisar la utilización de fondos públicos. La Cámara de Representantes y el Senado podrán convocar audiencias, solicitar documentos y examinar los presupuestos de las agencias federales.
La política migratoria figura entre los primeros asuntos que los demócratas quieren investigar. Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los contratos de detención, el gasto destinado a deportaciones y las denuncias sobre la actuación de agentes federales forman parte de las cuestiones planteadas por legisladores de la oposición.
En la Cámara de Representantes, el congresista Robert Garcia prepara la actividad del Comité de Supervisión bajo la nueva mayoría. En el Senado, los comités también podrán investigar el funcionamiento de los departamentos y las decisiones de sus responsables.
El control presupuestario será otro espacio de negociación. La Constitución atribuye al Congreso la aprobación de los recursos federales y las leyes de gasto deben superar ambas cámaras. Trump conservará su facultad de veto, de modo que las decisiones presupuestarias exigirán acuerdos entre instituciones dirigidas por partidos diferentes.
Los demócratas han señalado el coste de la vida y la sanidad entre sus prioridades. La revisión de los recortes de Medicaid y las ayudas para contratar seguros médicos se encuentran entre los asuntos que pueden entrar en las negociaciones legislativas del próximo año.
La discusión sobre Schumer afecta a la estrategia del nuevo Senado
El ejercicio de estas competencias dependerá de la organización interna del Partido Demócrata. El senador Chris Van Hollen reclamó el sábado 7 de noviembre que el grupo debata sus prioridades antes de decidir quién ocupará la jefatura de la mayoría.
Chuck Schumer, dirigente de los senadores demócratas desde 2017, aspira a continuar al frente del grupo. Sin embargo, algunos legisladores consideran que los recién elegidos deben participar en la definición del programa y en la elección de sus responsables.
La senadora Elissa Slotkin ha reclamado un plan para los primeros cien días del nuevo Congreso, mientras Mark Kelly ha expresado su apoyo a Schumer y defendido cambios en el funcionamiento del grupo.
El debate sobre el liderazgo tendrá consecuencias prácticas. La dirección de la mayoría participa en la organización del calendario legislativo, la negociación entre grupos y la distribución de responsabilidades. Los presidentes de los comités, por su parte, tendrán un papel central en el examen de los candidatos propuestos por Trump y en las investigaciones sobre la Administración.
Dos años de negociación entre la Casa Blanca y el Congreso
La dimensión de la derrota republicana ha alterado el equilibrio institucional en Washington. Según Reuters, el avance demócrata se produjo tanto en territorios tradicionalmente competitivos como en estados donde el Partido Republicano había mantenido una posición dominante durante décadas.
La preocupación por el coste de la vida, el rechazo a la guerra con Irán y la valoración de la gestión presidencial figuraron entre los factores señalados por los votantes en las encuestas realizadas durante la jornada electoral. El resultado devuelve a los demócratas capacidad de iniciativa legislativa y control parlamentario después de dos años de mayorías republicanas.
Trump seguirá dirigiendo el Ejecutivo hasta enero de 2029. Durante ese periodo podrá proponer leyes, vetar las aprobadas por el Congreso y ejercer las competencias presidenciales previstas en la Constitución. La mayoría demócrata, por su parte, podrá condicionar los presupuestos, investigar a la Administración y decidir sobre las confirmaciones que correspondan al Senado.
La primera prueba de esa nueva relación llegará con las decisiones que deban adoptarse a partir de enero. Los nombramientos federales, la financiación de las agencias y las iniciativas legislativas mostrarán qué acuerdos pueden alcanzar una Presidencia republicana y un Congreso demócrata.
El resultado del 3 de noviembre no ha cambiado al ocupante de la Casa Blanca, pero sí las instituciones que examinarán sus decisiones. El Senado que tomará posesión dentro de ocho semanas tendrá capacidad para intervenir directamente en la composición futura de los tribunales y de buena parte de la Administración federal.
